Una comisión especial presidida por el diputado Juan Miguel Matheus (PJ-Carabobo) se encargará de investigar al Defensor del Pueblo, Tarek William Saab por la falta de acciones realizadas luego de la ruptura del hilo constitucional denunciado por la Fiscal General de la República.

En la sesión del 25 de abril, la Cámara recapituló la carencia de respuesta por parte del Consejo Moral Republicano ante la solicitud realizada el pasado 7 de abril por distintos diputados que solicitaron el inicio del proceso de remoción de los magistrados de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia luego de realizar un golpe de estado a través de sus sentencias 155 y 156.

Dentro del acuerdo aprobado se emplaza a Tarek William Saab en su condición de presidente del Consejo Moral República, a que en un periodo de tres días hábiles oficie una respuesta formal a la solicitud realizada por los parlamentarios. En caso de no efectuarse la misma se creará una comisión especial para indagar la complicidad de Saab en la aplicación del Golpe de Estado.

Remoción de magistrados avanza

En continuidad con el proceso de conformación del comité de postulaciones que elegirá los próximos magistrados de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, el Parlamento aprobó iniciar la convocatoria de integrantes de la sociedad civil para participar en la instancia.

“Hoy iniciamos el proceso para seleccionar los seis miembros para de la Sociedad  Civil venezolana y sus 6 suplentes” anunció el diputado Carlos Berrizbeitia (ProVzla- Carabobo) en el hemiciclo de sesiones.

Explicó que el proceso iniciado se hace alineado al marco legal, y añadió que por tratarse de un proceso público el llamado se realizará a través de la prensa nacional y en la página web del poder Legislativo.

De esta forma recordó que dicho tratamiento se lleva a cabo lejos de imitar los hechos de violación a la Constitución, como se hizo el pasado 23 de diciembre de 2015, cuando el  chavismo lideró el Parlamento y escogió a los 13 “Magistrados Exprés” y sus 21 suplentes; sino que se hará con transparencia.

Resaltó la importancia de la democracia para la sociedad pues consideró “no existe Estado de derecho. Lo ratificó la fiscal, Luisa Ortega Díaz” cuando declaró la ruptura del hilo constitucional. Asimismo aclaró que los magistrados son autores de un “gran delito” que no se remendó con la publicación de dos sentencias (157 y 158).

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