Observador Parlamentario, 02 de noviembre de 2018. La explotación irregular del arco minero ha sido un punto importante y de preocupación para la Asamblea Nacional, dado que el contrabando y extracción de los minerales controlados por grupos armados irregulares está generando problemas de salud de los habitantes y alteración del equilibrio ecológico en las zonas explotadas, así lo dio a conocer el diputado Omar Barboza, presidente de la Junta Directiva del Parlamento Nacional.

En la instalación del foro “Impactos del llamado Arco Minero en los Pueblos Indígenas” el parlamentario dijo que en el exterior hay mucha preocupación por el gran contrabando de oro  que se está generando desde Venezuela.

“Hay países como Curazao, exportando grandes cantidades de oro y no tiene ni un gramo de este mineral en su territorio. Se supone que todo esto es producto del contrabando desde Venezuela”, dijo Barboza durante el evento organizado por el Parlamento Amazónico y la comisión mixta de seguimiento al Arco Minero.

Denunció que en la explotación del oro en Venezuela hay una corrupción desmedida que no respeta los derechos humanos de los pueblos indígenas, quienes se han tenido que desplazar de la zona. Afirmó, que también se irrespeta la soberanía que se debe ejercer sobre el mineral por estar en suelo venezolano.

Sostuvo que tanto el Parlamento Amazónico como la comisión de ambiente están haciendo seguimiento permanente a esta situación y sus  consecuencias en la salud y hábitat de los nativos de esa zona, así como en el ecosistema.

Explotación del Arco Minero contamina el agua de los pueblos indígenas

El diputado Romel Guzamana denunció que la explotación del Arco Minero está contaminando el agua de los pueblos indígenas, ya que residuos de bromuro, cianuro y azogue están cayendo en los ríos Guavire y Atabapo.

“Es preocupante ver cómo la contaminación está rebasando los límites. Hace 5 años la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) declaró la contaminación de nuestro ecosistema en 25% y en estos momentos nosotros decimos que está por el orden de 45%”, afirmó.

El diputado por el estado Amazonas denunció que el Gobierno nacional no ha permitido que Organizaciones No Gubernamentales especializadas en derechos humanos y protección del ambiente entren a Venezuela para ayudar a resolver parte del problema.  “Tampoco dejan participar a los gobiernos de otras regiones interesados, como es el caso de la Unión Europea”.

Alertó que el agua no se puede descontaminar y debido a ello está en peligro 20% de la gran reserva de agua dulce del mundo como es el Amazonas.