En el marco de la campaña para las elecciones presidenciales del siete de octubre de 2012, se procesaron denuncias sobre la imposición a funcionarios públicos de participar en actos políticos a favor de un determinado candidato.

Así lo refleja el informe presentado por Transparencia Venezuela del mes de septiembre, con las denuncias que fueron recolectadas a través del programa de Asistencia Legal Anticorrupción, el cual tiene como finalidad orientar a los ciudadanos y canalizar sus denuncias de cara a los comicios.

Según relata el informe, obligar a los funcionarios públicos a hacer campaña electoral es violatorio de lo establecido en el artículo 221 del reglamento general de la Ley Orgánica de Procesos Electorales.

El instrumento legal “prohíbe a los funcionarios públicos actuar, en ejercicio de sus funciones, por preferencias políticas, favorecer o perjudicar a alguna tendencia política o usar influencias derivadas de las mismas para obtener ventaja o beneficio económico u otra utilidad a favor de algún partido u organización política de cualquier índole”.

En el informe también se revela que 20 por ciento de las denuncias procesadas tienen que ver con la colocación de propaganda electoral en espacios públicos, situación que se ha presentado a lo largo de la fase de campaña y que ha sido alertada en varias oportunidades por parte de los ciudadanos.

La colocación de propaganda electoral en espacios públicos vulnera lo establecido en el artículo 76 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales y en el artículo 205 del reglamento de campaña. También se presentaron casos de destrucción del material electoral, situación contraria a lo establecido en el artículo 206 del reglamento general de la Ley Orgánica de Procesos Electorales que prohíbe que se deteriore, retiren o destruyan cualquier propaganda electoral durante la campaña.

Por último se procesaron denuncias sobre el uso de bienes públicos para proselitismo político. En este caso se vulnera lo contemplado en el artículo 221 del reglamento general de la Ley Orgánica de Procesos Electorales.

Todas las denuncias fueron presentadas con fotografías y detalles que evidencian las irregularidades reportadas por los ciudadanos.

En este sentido se exhortó al Consejo Nacional Electoral (CNE), a ejercer su función de árbitro dentro de la contienda e impedir así las situaciones que vulneran la normativa y que inclinan la balanza a favor de uno de los candidatos.

“Es nuestra intención y máximo deseo que el trabajo de contraloría social que llevan a cabo los ciudadanos y organizaciones no gubernamentales como la nuestra, no queden sólo en el papel, y se apliquen los correctivos necesarios para garantizar un proceso electoral transparente y en igualdad de condiciones”, detalla el documento, además se le pide al ente rector de los comicios actuar con celeridad a fin de frenar la impunidad.

También se le sugiere al CNE garantizar los mecanismos necesarios para que los ciudadanos hagan sus denuncias en torno a las fallas que visualicen durante la fase de campaña y la contienda electoral.