Transparencia Venezuela, 05 de diciembre de 2018. En Venezuela se registra un sistemático y permanente ataque contra la Asamblea Nacional y sus diputados, prueba de ello es la arbitraria detención del parlamentario Juan Requesens, afirmó la directora ejecutiva de Transparencia Venezuela, Mercedes De Freitas, durante la sesión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos realizada este miércoles 5 de diciembre.

“Desde 2015 hemos registrado ataques sistemáticos contra la Asamblea Nacional y sus diputados. Venezuela requiere urgente respeto al Parlamento”, dijo De Freitas en la sesión titulada “Venezuela: Derechos políticos y detención arbitraria”, celebrada en Washington, Estados Unidos.

La directiva ejecutiva de Transparencia Venezuela recordó que el diputado Requesens, detenido en agosto sin orden judicial y de forma violenta, está siendo acusado por la presunta comisión de siete delitos, entre ellos: intento de magnicidio, uso de artefactos explosivos, financiamiento al terrorismo y traición a la patria.

Denunció que los abogados del parlamentario solo pudieron tener acceso a la acusación formal después de haber transcurrido 111 días de la detención y encontraron que no hay elementos de convicción en su contra, pues las pruebas están sustentadas en unos testimonios y el contenido de las redes sociales de Requesens.

“El tribunal ha estado cerrado por más de 100 días y la audiencia preliminar fue programada para el 18 de diciembre, fecha para la cual los tribunales tradicionalmente se encuentran de vacaciones”, añadió De Freitas.

Agregó que el diputado no ha recibido la atención especializada que necesita según su cuadro médico, es paciente bariátrico y hace poco tiempo tuvo una emergencia odontológica que no fue atendida con urgencia. “No existe una institución en Venezuela ante quien puedan denunciarse estas irregularidades”.

La directora ejecutiva de Transparencia Venezuela también resaltó que de acuerdo con los registros de la organización, desde 2015 8 diputados han denunciado persecución política y se encuentran fuera del país, entre ellos José Manuel Olivares, quién denunció la grave crisis del sistema de salud y Julio Borges, líder del partido Primero Justicia.

“Transparencia Venezuela ha registrado más de 200 agresiones físicas y amenazas en contra de los diputados y la sede del Parlamento. 4 diputados estuvieron presos y denunciaron torturas y violación de derechos humanos. 3 diputados han sido suspendidos del cargo. 6 diputados han denunciado anulación arbitraria del pasaporte, y 3 diputados han sido inhabilitados por la Contraloría General”, detalló.

En la sesión de la CIDH también participaron Deborah Van Berkel, presidenta de Sinergia, Beatriz Borges, directora ejecutiva de Cepaz, Luis Armando Betancourt, coordinador del Foro Penal Venezolano, Génesis Dávila, fundadora de Defiende Venezuela, Rodrigo Diamanti, presidente de Un Mundo sin Mordaza y Marianela Balbi, directora del Instituto de Prensa y Sociedad de Venezuela.

Balbi fue la encargada de presentar las peticiones. “Solicitamos la ineficacia e invalidez de la denuncia de la Carta Interamericana hecha por el Estado venezolano y suscribimos la peticiones presentadas sobre ese tema. También solicitamos la derogación de la Ley Contra el Odio, el cese de la existencia de aplicación del RAAS, la liberación de presos políticos, y el cese de la aplicación de justicia militar a civiles”.

Las organizaciones también instaron al Estado a celebrar elecciones en condiciones que permitan restablecer el orden constitucional, a abstenerse de hacer detenciones arbitrarias, a investigar actos de torturas y tratos crueles, y a castigar a quienes los cometen.

En la sesión de la CIDH tuvo una participación especial Meudy Osío, esposa del concejal Fernando Albán, quien murió el 8 de octubre cuando se encontraba detenido en la sede del Sebin de Plaza Venezuela. Pese a que el fiscal general impuesto por la Constituyente, Tarek William Saab, dijo que fue un suicidio, la defensa niega esa tesis.

Osío pidió a la CIDH instar al Estado venezolano a trasladar los restos del concejal a Estados Unidos para que su familia le dé sepultura, y a que se constituya una comisión independiente que investigue su muerte, se conozca la verdad y se haga justicia.

Respuesta oficial

Larry Devoe, agente del Estado venezolano ante el Sistema Internacional de Derechos Humanos, insistió en que el diputado Juan Requesens está preso por haber participado en el supuesto atentado contra Nicolás Maduro y aseguró que en la sede del Sebin ha recibido asistencia médica.

“El diputado Juan Requesens fue detenido en flagrancia por su presunta participación en el magnicidio frustrado del 4 de agosto”, dijo y posteriormente mostró imágenes del parlamentario dentro del Sebin, mientras hacía ejercicios, lo atendían y hablaba con su familia.

Sobre el caso Albán, Devoe insistió en la versión oficial que refiere que el concejal se suicidó al lanzarse del piso 10 del Sebin. Dijo que al momento de la muerte se activaron todos los protocolos establecidos a nivel internacional para estos casos. Añadió que 2 funcionarios están detenidos por el incumplimiento de sus obligaciones de custodia.

Reiteran petición

Joel Hernández, relator de la CIDH para las personas privadas de la libertad, reiteró la necesidad de que el Estado le permita a la comisión ingresar a Venezuela y constatar in situ la situación de los detenidos en el país.

También hizo suya la petición de la viuda de Albán. Consideró que la familia del concejal necesita saber la verdad de lo que ocurrió el día de su muerte. “Tienen el derecho a contar con los restos de su esposo, le trasladamos al Estado esa petición para que sea atendida por razones humanitarias”, añadió.

Hernández manifestó que es necesario conocer cuáles son los mecanismos con los que se cuenta en el Estado venezolano para recibir y procesar las quejas por torturas, tratos inhumanos, crueles o degradantes en los centros de privación de libertad.

La comisionada  Flavia Piovesan y el relator especial para la libertad de expresión, Edison Lanza, respaldaron los planteamientos hechos por el relator de la CIDH Joel Hernández en relación con el caso Albán.

Piovesan se refirió específicamente a la situación que viven los partidos políticos en Venezuela, que han sido reducidos en 90%. Manifestó que hay “un movimiento de mitigación del pluralismo politico”, a lo que agregó el ataque al Parlamento a través de las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia, que anulan las competencias de la Asamblea Nacional, así como la falta de transferencia de recursos necesarios  para el pago de los sueldos de los trabajadores del Poder Legislativo.

Edison Lanza criticó  la represión a través de la detención, o mediante la eliminación de las competencias de la Asamblea Nacional. «Hasta que no se desarme esta estructura que parece concebida para discriminar por razones políticas, va a ser muy difícil que estas audiencias cambien para lo positivo que todos queremos en ese sentido”.