El derecho a la alimentación parte porque el Estado facilite las condiciones mínimas necesarias para que los ciudadanos accedan física y económicamente a los medios para obtenerla. Dos de los componentes del derecho a la alimentación no se cumplen: la disponibilidad y la accesibilidad.

La situación que vive el venezolano en la actualidad está muy lejos de ser lo descrito por la Carta Magna. Las legislaciones implementadas por el Gobierno Nacional como la Ley Orgánica de Seguridad y Soberanía Agroalimentaria como mecanismo jurídico que “garantice el acceso oportuno a alimentos de calidad, en cantidad suficiente con preferencia de aquellos producidos en el país”. Sin embargo, no contamos con un sistema agroalimentario eficiente.

El 1 de mayo de 2015, Nicolás Maduro ordenó la creación de los Consejos Populares de Abastecimiento y Producción, cuyo fin es
vigilar en los establecimientos la distribución de productos alimentarios. Estos Consejos trabajaran con los Comité Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), que tienen la función de conocer las necesidades de las comunidades y abastecer a los grupos familiares de cada sector, a través de la entrega de una bolsa de alimentos casa por casa. Mecanismo que se ejecuta obedeciendo a la discrecionalidad y que se presta a la corrupción y no rendición de cuentas.