Mensajes de las organizaciones de la sociedad civil ante el proyecto de Ley de Cooperación Internacional
Asistente
Que nos preocupa del proyecto de ley:
El control discrecional que asigna al ejecutivo para decidir quién es o no una organización legitima de la sociedad civil, a través de la inscripción en un registro de OSC, que obligará a la “adecuación” al nuevo marco legislativo.
La creación de un Fondo receptor de todos los recursos de cooperación internacional responsable de su distribución. La ley deja a un reglamento del ejecutivo, la definición de los criterios para esa distribución.
Nuestra solicitud:
No hemos sido consultados: a la fecha este grupo de OSC no conocemos el proyecto que está discutiendo de ley la Comisión de Política de Exterior (o si es el mismo texto aprobado en 2006). No conseguimos información sobre la agenda y cronograma de la consulta que requiere toda ley.
Nos preocupan los anuncios de restricciones al ejercicio autónomo de la sociedad civil, reiterado en medios oficiales, declaraciones realizadas por diputados y por el Presidente de la República.
Queremos participar, ser escuchados y que nuestros planteamientos sean atendidos. Solicitamos ser convocados al proceso de consulta que exige la constitución en su artículo 211 para toda ley. Como sujetos de esta Ley aún estamos a tiempo de promover efectos positivos a nuestro trabajo y nuestras comunidades.
Exigimos ser reconocidos y que sean valorados nuestros aportes al país y que no se vulnere la continuidad e independencia de nuestro trabajo.
Nuestra argumentación:
El art. 132 de la constitución garantiza el derecho de participación en todas las formas: …“Los venezolanos tenemos el deber de cumplir con responsabilidades sociales y de participar solidariamente en la vida política, civil y comunitaria del país, promoviendo y defendiendo los derechos humanos, como fundamento de la convivencia democrática y la paz social”…
Pese a que nuestra Constitución promueve la participación protagónica, el proyecto de LCI vulnera este derecho. Se está descalificando a las organizaciones de la sociedad civil con adjetivos excluyentes, que falsean la realidad y pretenden hacernos ver como traidores a la patria y defensores de intereses políticos ajenos a los legítimos objetivos que nos mueven en defensa de los derechos de las comunidades. Exigimos respeto a nosotros, a nuestros derechos y a nuestro trabajo.
Trabajamos en pro de la dignidad de la gente, de los derechos y necesidades de los más necesitados.
¿Con que se come la sociedad civil? Las OSC han estado presentes en el país en todo momento, no solo en las emergencias como por ejemplo la de 1999 en Vargas y Miranda, sino con trabajo diario acompañando a las víctimas de derechos humanos, y visibilizando casos de interés nacional como el Caracazo, el Amparo. O protegiendo el ambiente. O complementando los esfuerzos del estado en materia de educación y salud con las experiencias de Fe y Alegría y el Hospital Ortopédico Infantil, San Juan de Dios, la Sociedad Anticancerosa. O atendiendo personas en situación vulnerable, con alguna discapacidad, reinserción social, como la Colmena de la vida. O apoyando a las comunidades y a la gestión pública en contraloría social. Son estos algunos ejemplos que evidencia el diverso, enorme y cotidiano esfuerzo por hacer país desde los poderes creadores de la ciudadanía.
Es una práctica internacionalmente reconocida y protegida que las OSC reciban cooperación internacional. Somos organizaciones sin fines de lucro, para nuestro trabajo profesional y operación requiere recursos, como toda actividad pública y privada.
Las OSC generan empleo, conocimiento y oportunidades de desarrollo personal para un importante número de venezolanos.
Con la normativa vigente las OSC se encuentran suficientemente reguladas y controladas desde la figura legal, los aspectos laborales (SSO, LOPCYMAT, etc.), fiscales y financieros. Además de rendir cuentas a las comunidades beneficiarias y quienes invierten en nosotros.
Para finalizar, estamos de acuerdo en que cualquier delito contra la nación debe ser juzgado respetando el debido proceso que nos hemos ganado históricamente todos los ciudadanos en este país.
