Memorial de Agravios del Poder Judicial, una recopilación de más de 100 sentencias del TSJ
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En el Día Mundial contra la Corrupción ocho organizaciones de la sociedad civil, aliadas bajo la Red Justicia, dieron a conocer el Memorial de Agravios del Poder Judicial, una recopilación de más de 100 sentencias del Tribunal Supremo de Justicia que desconocen derechos fundamentales de los ciudadanos como el de la libertad de expresión, acceso a la información, participación, asociación o al sufragio, y que afectan directamente la salud, la vivienda y la vida de los venezolanos
Consulte el Memorial de Agravios del Poder Judicial elaborado por la Red Justicia aquí
(Caracas, 09.12.2016) El Memorial de Agravios que acaba de publicar la Red Justicia, alianza conformada por las organizaciones de la sociedad civil Acceso a la Justicia, Invesp, Espacio Público, Ipys Venezuela, Cepaz, Provea, Sinergia y Transparencia Venezuela, analiza más de 100 decisiones del Poder Judicial que han desconocido derechos fundamentales de los venezolanos por ajustarse a los designios del Poder Ejecutivo.
Beatriz Borges, de la ONG Cepaz, complementó “El uso de la justicia por parte del Gobierno no estaba siendo conocido en su justa dimensión, así que la Red Justicia está registrando para la historia lo que este TSJ está haciendo con la democracia venezolana. Será la caja negra del actual desastre nacional”.
El trabajo inicia con el detalle de las irregularidades en el procedimiento de elección y designación de los magistrados del TSJ; recoge señalamientos de éstos en medios de comunicación que evidencian su parcialidad política e ideológica y sigue con las consecuencias que sus decisiones han tenido en los derechos de los venezolanos e institucionalidad del país.
El memorial finaliza con el conjunto de recomendaciones de órganos internacionales realizadas al Estado Venezolano en lo que respecta al derecho al acceso a la justicia. De manera resumida, los documentos emanados del sistema de protección interamericano de derechos humanos establecen como recomendación la necesidad de “garantizar de manera efectiva la separación e independencia de los poderes públicos y, en particular, adoptar medidas urgentes para asegurar la independencia del poder judicial, fortaleciendo los procedimientos de nombramiento y remoción de jueces y fiscales, afirmando su estabilidad en el cargo y eliminando la situación de provisionalidad en que se encuentra la gran mayoría de jueces y fiscales”.
Maruja Dagnino y Amado Vivas, de Ipys Venezuela y Espacio Público, respectivamente, señalaron que el uso que hace el Gobierno del aparato judicial es la principal amenaza a la libertad de expresión y al derecho a la información pública de todos los ciudadanos y detallaron que las formas más comunmente usadas por la justicia para causar censura y autocensura son las multas a medios críticos al Estado, control de papel periódico, medidas cautelares para censurar temas de interés, prohibición de difundir informaciones bajo el pretexto de proteger a los niños, falta de celeridad sobre denuncias de agresiones a periodistas y prohibiciones judiciales de informar sobre funcionarios públicos.
El derecho a la manifestación pública es otra víctima del sistema de justicia según lo explicó Francine Jacome de Invesp, quien recordó el caso de la decisión del TSJ que, luego de 17 meses, declaró improcedente un recurso de nulidad interpuesto contra el decreto 8610 del Ministerio de la Defensa que permitió, contraviniendo el artículo 68 de la Constitución Nacional, el uso de armas de fuego en manifestaciones públicas.
Lorena Liendo de Sinergia demostró que la actuación del poder judicial contra los
El próximo reto de la Red de Justicia es unir esfuerzos para continuar los trabajos de investigación relacionados con la falta de independencia de los poderes públicos y su impacto en la sociedad; y, sobre la base de ese diagnóstico, proponer la reforma del actual sistema de justicia y recuperar la institucionalidad del país y la confianza de los venezolanos.