El abogado criminalista Fermín Mármol García aseveró que los últimos cuatro planes de seguridad que se implementaron este año para reducir el crimen y controlar la violencia “han fracasado”.
Opinó que el patrullaje inteligente por cuadrante, el plan pacificación, el plan de desarme y la Operación Liberación del Pueblo (OLP) “no han generado sus frutos, pero más grave aún es que de los tres primeros planes ya nadie habla”.
En una entrevista concedida al Correo del Orinoco en octubre de 2015, consideró que las políticas públicas contra el crimen y la violencia se miden de acuerdo a resultados, “y los resultados son muy malos en el campo de la percepción y muy malos en el campo de las cifras oficiales”. Según sus cuentas, al cierre de este año el aumento del secuestro estará por encima de 60%.
“Hay una tabulación de una proyección de muerte de policías y militares que indica que puede estar por encima del 8%, esto sumado al homicidio de mujeres que son segmentos que están aumentando con relación al mismo periodo de 2014”.
Para Mármol García, “lo más condenable es el silencio ensordecedor de las autoridades”.
El abogado criminalista se preguntó dónde está el liderazgo de la rectoría de seguridad en Venezuela. “¿Cuál es el vocero del sistema integrado de seguridad ciudadana, o el vocero de la administración de justicia en el país? ¿Atacar sedes de la policía científica, de la policía municipal, de la policía estadal no significa nada? ¿No vale dirigirse al país? Esas son las cosas que nos
preocupan”.
En torno a los ataques a policías y sedes policiales el pasado fin de semana, “la única respuesta que hemos obtenido es un silencio ensordecedor”, planteó.
Pero para este investigador, “mucho más condenable es si resultare cierto que los funcionarios del Cicpc tienen que quitarles los logotipos a las unidades policiales. Y espero que eso no sea verdad, yo espero que eso sea un rumor porque los ciudadanos lo que queremos ver es a nuestra policía municipal, estadal y nacional en calles, avenidas, plazas y parques y que los cuerpos de seguridad no pasen desapercibidos”.
LAS MEGABANDAS CRIMINALES
En la conversación, manifestó que los planes de seguridad se diseñan muy bien, pero no terminan de implementarse por lo que se convierten en letra muerta.
“Hay un chorizo de planes y ya suman 23 planes de seguridad y lamentablemente desde 1999 las cifras de criminalidad no disminuyen, sino que por el contrario han aumentado”, dijo.
Estima que el déficit en el número de funcionarios policiales ronda el 80% y que el déficit de policías en investigación criminal es de 300%. En Venezuela, las estructuras delictivas son muy robustas, dijo. Y en el país no solamente operan bandas criminales, sino también megabandas criminales, “colectivos armados y violentos, seudosindicatos de la construcción y minería, la república de los pranes o el pranato carcelario, el frente bolivariano de liberación y los boliches en la región occidental”.
A esto se suma, según Mármol Garcia, “la incidencia colombiana” que no supera el 1% de las estadísticas, según su criterio, con la presencia de guerrilleros de la Farc, del ELN y paramilitares en la frontera.
Explicó que en Venezuela actúan estructuras delictivas muy organizadas, muy bien estructuradas “que son capaces de invertir en fusiles, en artefactos explosivos tipo granadas: son capaces de reclutar gente”.
-¿Qué características presentan las mega bandas criminales?
-Son estructuras delictivas con más de 80 integrantes, entre hombres y mujeres, que no solo tienen armas cortas sino armas largas y artefactos explosivos tipo granadas. Su radio de acción traspasa los muros de un estado, tienen influencia en al menos dos estados. Cuando hacemos el mapeo sostenemos que en Venezuela al menos ya hay 12 megabandas criminales, y que los colectivos armados y violentos tienen asiento en al menos el 10% de las parroquias, en un país de 1.500 parroquias. En Venezuela deben existir aproximadamente unas 18 mil bandas criminales que albergan a 70 mil hombres en sus filas. El panorama delictual es complejo y se ha alimentado de un combustible extraordinario que es la impunidad.
PRIORIDADES
-¿Hay un interés por fomentar estas estructuras delictivas, o es casual su crecimiento?
-Depende de la estructura de la que hablemos. Si hablamos de la estructura de colectivos armados y violentos, evidentemente que fue una estrategia gubernamental, así pasará a los anales de la historia. Los colectivos armados y violentos fueron parte de una estructura política, posterior al año 2002, después de la intentona golpista.
Durante la entrevista, el experto sostuvo que los presidentes marcan la pauta en cuanto a las prioridades en las políticas públicas.
“Para Chávez su prioridad fue refundar la república, hacer una nueva Constitución, desmontar la descentralización, establecer una alianza con los países no alineados, establecer el eje petrolero y perpetuarse en el poder. Como positivo, el tema de las grandes misiones sociales. Para Maduro, la prioridad es relegitimarse en el poder y el tema financiero y económico”.
Consideró que desde 1999 se ha dedicado muy poco a la seguridad ciudadana en el presupuesto de la nación.
-Si la seguridad ciudadana no ha sido prioridad, como usted sostiene, entonces ¿el ciudadano
tampoco ha sido prioritario?
-Yo creo que el Gobierno Nacional erró la ecuación. La Revolución Bolivariana no ha protegido su tesoro principal, la vida. Se pensó que reprimir el delito, reprimir las formas delictivas era un tema de gobiernos de derecha, y que los gobiernos de izquierda son gobiernos asistencialistas, que dan oportunidad de alejar a las personas de la delincuencia. Esta es una tesis romántica. Hay que demostrarles a los conciudadanos que el Gobierno está para hacer cumplir la ley, cueste lo que cueste.
Según su criterio, en los últimos 16 años se han implementado políticas “totalmente equívocas, improvisadas y fallidas” en materia de seguridad ciudadana.
Como “alocado” calificó el plan pacificación con las zonas de paz. Refirió “que fue un plan que había fracasado en Centroamérica, un plan que fracasó con las maras. No tiene sentido que usted siente a los jefes policiales y a los jefes militares con los jefes de organizaciones delictivas, porque el delincuente no tiene palabra, no respeta pactos y eso genera impunidad”.
Según Mármol García, con el dinero que recibieron los delincuentes compraron vehículos y armas. “La ciudadanía quedó aterrorizada porque no vio más a la policía. Y cuando la policía acudía, tenía un rechazo de la ciudadanía porque podía ser marcada porque los delincuentes pensaban que
eran informantes”.
-¿Es posible, a estas alturas, cambiar esta situación?
-La respuesta es sí, pero a quien le toque esa tarea tiene que estar consciente de que va a enfrentar la violencia. Aquí va a haber lamentablemente muchos caídos por una sencilla razón: los delincuentes venezolanos que mayoritariamente son menores de 25 años, que consumen drogas, que tienen armas cortas y armas largas quieren medir fuerza con la autoridad. Están dispuestos a combatir por su territorio, por su plaza, por su modus vivendi.
-¿Qué opina de la Operación de Liberación del Pueblo? ¿Es acertado este plan?
-La OLP no tiene sentido, porque estamos hablando de un crimen totalmente estructurado: tiene mucha logística, mucha capacidad de mutación, mucha capacidad de movilización.
En su criterio, en las zonas ocupadas por la OLP no se encuentran los secuestradores, los traficantes de droga o las megabandas criminales. Según el abogado criminalista, cuando ocurren los operativos los funcionarios encuentran “a microtraficantes, los que han desplazado a familias de apartamentos de la Gran Misión Vivienda, a indocumentados y a algunas bandas juveniles que quieren medir fuerza”.
Planteó que debe crearse un portal de lo más buscados y el pago de recompensas para apresar a los jefes de las bandas: “Este desmontaje tiene que hacerse con labores de inteligencia, con informantes, con delatores. Un trabajo de cirujanos”.