Transparencia Venezuela, 22 de abril de 2020.- En saco roto. Allí han caído las 85 recomendaciones que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) formuló a los estados del continente, incluyendo a Venezuela, para combatir el COVID-19 sin disminuir la democracia ni las garantías fundamentales de los ciudadanos, en particular su derecho a buscar y recibir información oportuna y veraz.

Al menos así lo dejó claro el organismo en las primeras evaluaciones que hizo sobre el cumplimiento de las sugerencias que formuló en su resolución 01/2020, publicada el 10 de abril de 2020, y titulada “Pandemia y Derechos Humanos en las Américas”.

La instancia con sede en Washington (EE UU) expresó su “preocupación” ante las denuncias sobre violaciones a la libertad de expresión y restricciones al derecho a la información impuestas por las autoridades de algunos países, entre las cuales por supuesto está Venezuela.

“Se han identificado restricciones en el acceso de periodistas a ruedas de prensa y en la posibilidad de realizar preguntas sobre la pandemia; también algunos Estados han recurrido a figuras del derecho penal para sancionar la difusión de ideas e información calificadas como falsas o incitaciones al pánico respecto a la salud pública. Por otra parte, con el legítimo interés de detener la dispersión de la pandemia, en algunos Estados se ha recurrido a medidas de ciberpatrullaje digital, lo que podría afectar las libertades fundamentales”, denunció el organismo.

Desde el pasado 16 de marzo, cuando entró en vigencia el estado de alarma impuesto por Nicolás Maduro para intentar frenar la propagación del virus, y hasta el 20 de abril, en Venezuela se contabilizaron 130 violaciones a la libertad de expresión, de acuerdo a los registros que lleva la organización Espacio Público. Solo entre el 13 y el 19 de abril la agrupación tuvo constancia de 34 violaciones, siendo las más frecuentes la censura (12) y la intimidación (11).

Uno de los últimos casos ocurrió el 17 de abril, cuando la jefa de prensa de la Gobernación del estado Sucre, Joan Nathaly, le impidió el acceso a una rueda de prensa al periodista José Rengel, corresponsal en esa zona del sitio web Te Lo Cuento News, aunque había sido invitado.

En marzo, apenas horas después de dictado el nuevo estado de excepción –en el país está vigente el de emergencia económica desde 2016-, agentes de la Policía de Caracas impidieron a un equipo de reporteros del portal Crónica Uno registrar el cumplimiento de la cuarentena en la populosa barriada de Catia, al oeste de la capital.

A lo largo de las primeras cuatro semanas del confinamiento, comunicadores y ciudadanos han sido detenidos y se les han abierto procedimientos penales por difundir informaciones sobre la pandemia o por expresar cuestionamientos a la gestión de Maduro.

La CIDH destacó los casos del periodista Darvinson Rojas, quien fue detenido y acusado por “instigación al odio e instigación pública” por publicar información sobre los contagios, y el del médico Julio Molino, quien habría sido acusado de “incitación al odio, zozobra a la comunidad y agavillamiento” por lo que se habría dictado prisión domiciliaria en su contra, luego de denunciar el mal estado en el que se encuentra uno de los hospitales públicos venezolanos.

Ni informan, ni dejan informar

Maduro no ha sido muy dado a comparecer ante los medios de la comunicación, y durante coyuntura por la pandemia para informar sobre el avance de la enfermedad ha optado por alocuciones. En los balances dados por el ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez; la hermana de éste, la vicepresidenta Delcy Rodríguez; o por el propio Maduro, no hay comunicadores presentes que puedan formular preguntas y contrastar versiones.

Pero las autoridades no solo han pretendido imponer su visión al no aceptar que periodistas los interroguen, sino que de paso han buscado limitar las opciones que los ciudadanos tienen para informarse. Así el 15 de abril tanto la estatal telefónica Cantv como la empresa privada Movistar bloquearon el acceso a la web del presidente de la Asamblea Nacional e interino de la República, Juan Guaidó; así como la página creada para atender dudas sobre la enfermedad. Por su parte, cuatro días después, Cantv dejó sin conexión a Internet a los estados Apure, Aragua, Guárico y Cojedes, de acuerdo a los reportes de la organización NetBlocks.

Los activistas de Derechos Humanos tampoco han escapado a los intentos del chavismo por silenciarlos. Así durante Semana Santa la organización Acceso a la Justicia, la cual monitorea el funcionamiento del Poder Judicial, vio como su página web era suspendida, debido a unas falsas denuncias de violación del derecho de autor.

La CIDH, en su resolución “Pandemia y Derechos Humanos en las Américas”, exigió a las autoridades del continente, incluidas las venezolanas, que garanticen “el acceso más amplio e inmediato al servicio de Internet a toda la población y desarrollar medidas positivas para reducir de manera rápida la brecha digital que enfrentan los grupos vulnerables y con menores ingresos. No se puede justificar la imposición de restricciones al acceso a Internet por motivos de orden público o seguridad nacional”.

Por último, el organismo continental denunció que las autoridades venezolanas han incumplido con su obligación internacional de notificarle sobre la imposición del estado de alarma, posición que contrasta con la mantenida por los gobiernos de Argentina, Bolivia, Colombia, Ecuador, Panamá, El Salvador, Honduras, Chile, Perú y Guatemala.