Según ese documento, el promedio de «No avances» en las recomendaciones emitidas para América Latina por el mecanismo interamericano es de 42%, pero -en contraste con el promedio de la región- Venezuela no mostró avances en 79% de las sugerencias.
Indica el informe que 15% de las recomendaciones fueron catalogadas como que «requieren atención» y solo 6% mostró niveles satisfactorios de avances, aspectos sobre los cuales Transparencia Venezuela duda.
Por ejemplo, el documento señala que el aspecto relacionado con la declaración jurada de patrimonio evidenció un avance, cuando en julio de 2009 la Contraloría General de la República inauguró el sistema de declaración en línea. Sin embargo, a pesar de que la información oficial da cuenta de 719 organismos públicos y más de 3 millones de funcionarios, quienes deben presentar su declaración de patrimonio anualmente, la Contraloría solo recibió en el año 2008 un total de 139.916 declaraciones y se efectuó la verificación de 16, correspondientes al 0,01% del total.
Pocos a juicio
En relación con las causas reportadas por los órganos jurisdiccionales, señala el informe que 76% están en etapa de investigación y solo 24% pasó a juicio. Refiere además que no hay avances en las condiciones para dar publicidad a las declaraciones juradas de patrimonio y que, por el contrario, «las solicitudes de información sobre ingresos de funcionarios de poderes públicos han sido negadas bajo la protección de la privacidad prevista en el artículo 60 de la Constitución», por lo que -según alegan- su difusión violaría su derecho a la intimidad, «criminalizando la exigencia de un derecho».
En cuanto a la recomendación de derogación de las denominadas «leyes de desacato», el informe indica que «en Venezuela no solo no se reportó avance», sino que «en la reforma de 2005 del Código Penal se aumentaron las sanciones y acciones que conllevan a sanciones». Añade que este tipo de normas promueve la autocensura y reduce la necesaria contraloría social y crítica libre.
Sobre el acceso a la información pública, Transparencia Venezuela asegura que «a nivel de poderes nacionales hay rechazo a la posibilidad de una ley de acceso a la información pública» por lo que «no hay ningún avance que mostrar en este tema, muy por el contrario la información, desde la más simple hasta la más compleja (los informes epidemiológicos semanales, el currículo de los funcionarios, los contratos con empresas extranjeras, el número de asesinatos los fines de semana o de secuestros), es considerada como estratégica, reservada y hasta confidencial.»
Para de Freitas es evidente que «el Estado no limita los incentivos a la corrupción al no tener procedimientos claros y al tener un nivel de discrecionalidad tan alto en manos de los funcionarios».
Cuestiona que el país no se toma en serio el tema», pues «desde la sociedad hay también poco reclamos».
Reyes Theis
EL UNIVERSAL