En un entorno de elevados precios de petróleo, Pdvsa adquirió diversos préstamos pagaderos en crudo, particularmente con la República Popular de China, que tenían como propósito financiar proyectos de inversión no petrolera en el país. Para esto, se creó el Fondo Conjunto Chino Venezolano, y el Fondo de Gran Volumen Largo Plazo, que estuvieron administrados por el Banco de Desarrollo de Venezuela (Bandes).

Como en muchos otros proyectos impulsados por el llamado gobierno revolucionario, de las inversiones realizadas con fondos provenientes de China hay más dudas que certezas. Una investigación publicada por Trasparencia Venezuela destaca que solo a través del Fondo Conjunto Chino Venezolano y del Fondo Gran Volumen Largo Plazo se recibieron USD 50.240 millones, de los cuales se debían más de USD 16.731 millones para finales de 2019.

La investigación resalta que, de los 23 préstamos entregados desde China a Venezuela, solo uno fue incluido en la Ley Anual de Endeudamiento y no hay información exhaustiva de ellos. Sin embargo, se sabe que tuvieron el visto bueno de la Asamblea Nacional, para el momento dominada por el oficialismo. En el informe también se documentan quince casos de proyectos fallidos en los que se gastaron al menos USD 19.600 millones. Destacan obras como la planta Termocarabobo o el Ferrocarril Tinaco Anaco, que de estar completamente operativas ayudarían a los sistemas eléctrico y de transporte tan golpeados actualmente en el país.

El hecho de que los fondos fueran administrados por el Bandes también abonó a la opacidad. Desde su creación en 2001, este ente se ha caracterizado por la ausencia de rendición de cuentas y la discrecionalidad en su administración. Hasta ahora, el banco no ha publicado sus estados financieros del banco, ni ha sido auditado por la Asamblea Nacional, ni siquiera cuando el Parlamento estuvo en manos de la oposición política.

Todas las exportaciones de crudo y productos a China eran depositadas en cuentas receptoras del Bandes en el Banco de Desarrollo de China y se requería la autorización firmada del presidente Chávez para disponer de parte de los fondos excedentarios, luego de cumplidas las obligaciones de repago y sus respectivas condiciones.

Pdvsa estuvo doblemente expuesta a la corrupción con relación a estos cuantiosos recursos, ya que la empresa generaba los recursos mediante las exportaciones de petróleo, y aunque el Bandes y otros fondos los administraban, Pdvsa administraba parte de estos recursos una vez que los fondos eran desembolsados a los diversos proyectos sociales en que la empresa tenía participación.

La política cambiaria en Venezuela, luego de la nacionalización del petróleo, se ha caracterizado por la aplicación de controles de cambio fijo y otras medidas populistas que han desequilibrado el mercado de forma permanente. El sistema de cambio fijo más riguroso fue instaurado en 2003 y aún sigue vigente, aunque ha tenido flexibilizaciones desde el año 2018. Como todo control de cambio, se generaron oportunidades de arbitraje que incentivaron la corrupción, principalmente en el sector de las finanzas públicas, a su vez que profundizó la dependencia de la economía a la industria petrolera.

El control de cambio sobreevaluado, también fue incentivo al contrabando de gasolina, lo que afectó directamente a Pdvsa y a la ciudadanía en general. Los contrabandistas podían comprar la gasolina en Venezuela en bolívares y revenderla en dólares en Colombia, materializando una ganancia no solo en la comercialización, sino también al vender parte de la ganancia en dólares en el mercado paralelo de divisas para obtener los bolívares necesarios para comprar más gasolina y continuar el ciclo.

La reforma parcial a la ley del Banco Central de Venezuela en el año 2005 cambió radicalmente las transacciones entre el ente emisor y Pdvsa. Anteriormente, la empresa estaba obligada a venderle al BCV todas las divisas provenientes de las exportaciones petroleras y solo podía mantener un fondo rotatorio de USD 600 millones, disponibles para capital de trabajo. Por otro lado, en el caso de que PDVSA requiriera divisas para pagar deuda, costos operativos o inversiones (según el presupuesto anual de divisas, previamente aprobado por la junta directiva y la asamblea de accionistas), el BCV estaba obligado a proveerle esas divisas a la estatal con carácter prioritario y a la tasa vigente al momento de la transacción.

Sin embargo, la reforma parcial de 2005 cambió totalmente este esquema, quitándole la administración de las divisas al BCV y otorgándosela a Pdvsa y al Fonden. La empresa petrolera pasó de ser un vendedor de divisas al BCV, a un comprador de bolívares de éste. A raíz de este cambio, Pdvsa solo quedó obligada a venderle al BCV las divisas necesarias para pagar sus obligaciones en moneda local (bolívar), mientras que fue facultada para usar primeramente las divisas que necesitara para pagar deuda, costos operativos o inversiones, así como mantener un fondo rotativo para capital de trabajo de USD 2.000 millones. El resto de las divisas debían ser transferidas al Fonden.

Las unidades de negocio de exploración y producción de Pdvsa manejan entre 70% y 90% de los costos de operaciones y de inversiones en activos, en todo el territorio nacional. Esta ingente proporción de recursos asignada a las unidades de negocios propiciaron el escenario para que funcionarios encargados contrataran y adquirieran servicios con sobreprecios, y también para que compraran equipos de mala calidad, lo cual afectó de manera dramática la exploración y producción de Pdvsa.

Desde el año 2007 Pdvsa comenzó a emitir gran cantidad de bonos, que no solo respondían a inversiones propias de la empresa sino a exigencias del gobierno. Esas emisiones alcanzaron los USD 33.300 millones en 2014 y contribuyeron al panorama de destrucción y endeudamiento que luce hoy la principal estatal petrolera de Venezuela.

Las emisiones de bonos de Pdvsa tenían un componente adicional que estimulaba la corrupción, y era el hecho que se podían comprar con bolívares estos bonos denominados en dólares americanos a una tasa equivalente de cambio, significativamente inferior a la tasa de cambio del mercado paralelo. Además, el proceso de adjudicación de la cantidad a invertir por parte de los oferentes no era nada transparente.

Los problemas de liquidez de Pdvsa a partir de 2014 retrasaron significativamente los pagos a proveedores internacionales de servicios, quienes después de aceptar notas promisorias emitidas por Pdvsa y reconocer pérdidas por cuentas incobrables, finalmente redujeron sus operaciones a un mínimo operacional en abril de 2016, lo que impactó significativamente la producción del petróleo.

La relación con los socios de las empresas mixtas comenzó a deteriorarse desde el mismo momento en que Pdvsa pasó a tener la mayoría accionaria gracias a las reformas de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, pero empeoraron cuando la estatal comenzó a secuestrar el flujo de caja de las compañías a partir del año 2014.

Dado que la Ley Orgánica de Hidrocarburos establecía que la comercialización de hidrocarburos naturales líquidos era una actividad reservada para el Estado, el crudo producido por las empresas mixtas debía ser vendido en su totalidad a Pdvsa para su respectiva comercialización. La única excepción a esto fueron las empresas mixtas de la faja petrolífera del Orinoco que producían crudo sintético en sus mejorados. Entonces, bajo el argumento de que no producían un crudo natural, sino sintético, se les permitió seguir comercializando directamente el crudo producido. Esto mitigaba el riesgo de corrupción en la comercialización del crudo a la vez que le garantizaba el flujo de caja a estas empresas mixtas.

Pero Pdvsa tenía la obligación contractual de pagarle mensualmente a las empresas mixtas que no producían crudo sintético, mientras que esas empresas mixtas eran las responsables de cumplir con todas sus obligaciones operacionales, fiscales, laborales y financieras. No obstante, Pdvsa dejó de hacer estos pagos en 2009 y comenzó a secuestrar el flujo de caja de las empresas mixtas. A cambio, Pdvsa pasó a un esquema en el que se quedaba con los ingresos del crudo producido por esas empresas, pagaba la regalía en especies (volumen) en nombre de ellas y les asignaba un presupuesto de operaciones e inversiones que generalmente nunca se ejecutaba por falta de liquidez. En consecuencia, esto hizo que comenzara a caer la producción de las empresas mixtas por falta de reinversión, lo que provocó que los planes de explotación originalmente acordados y aprobados por la Asamblea Nacional al momento de la constitución de la empresa mixta, dejaran de cumplirse.

En tal sentido, el Ministerio de Petróleo y Pdvsa amenazaron a los socios con la revocación del contrato de empresa mixta en 2013. Para evitar la drástica medida, les solicitaron que presentaran una propuesta de un plan de financiamiento para aumentar la producción (Plan de Remediación), donde el socio aportaba o levantaba el financiamiento de 100% del capital requerido sin que Pdvsa aportar su correspondiente 60%. Naturalmente esto constituía un abuso a los socios de las empresas mixtas.

Pdvsa estaba dispuesta a hacer una estructura financiera que le permitiera a la empresa mixta tener control de su flujo de caja, mediante una triangulación con algún cliente comprador de crudo de la estatal, el cual recibiría instrucciones irrevocables de pago, de parte de Pdvsa, para honrar la factura petrolera en las cuentas que Pdvsa les indicara (fideicomiso constituido por la empresa mixta).

En la mayoría de los casos, el acuerdo de préstamo establecía que, del monto acordado del préstamo, el socio descontaría, primeramente, cualquier monto adeudado por Pdvsa por concepto de dividendos acumulados y el resto se utilizaría para hacer las inversiones necesarias para aumentar la producción. Sin embargo, los desembolsos del préstamo estaban sujetos a la ejecución de los proyectos asociados al Plan de Remediación. Mayoritariamente, la ejecución de los proyectos se retrasó y los desembolsos no alcanzaban ni 20% de la suma acordada, pero sí le permitió al socio cobrar sus dividendos atrasados gracias a este esquema. Estos retrasos gestaron las condiciones e incentivos para la corrupción, en el que los dueños de las empresas pagaron ingentes sobornos a funcionarios para que fuesen asignadas en la lista de prioridad para la aprobación de sus estructuras de financiamiento

Durante el periodo 1998-2000, el gobierno venezolano comenzó a financiar el gasto público, dirigido a proyectos sociales, con resultados ineficientes. Una muestra de esto fue el llamado Plan Bolívar 2000 que estuvo a cargo de militares, los cuales tenían la tarea de suministrar alimentos subsidiados y viviendas a la población. Este fue uno de los primeros programas sociales de Hugo Chávez y es recordado por ser un caso emblemático de corrupción.

El Plan Bolívar 2000 manejó unos USD 100 millones y se desconoce con exactitud cuáles fueron los alcances. En 2016, fue detenido el principal ejecutor del plan, el militar retirado Víctor Cruz Weffer por presuntos casos de corrupción.

Este fue solo el inicio del financiamiento directo de Pdvsa a programas sociales del gobierno, que nacieron con la promesa de aliviar la pobreza, reducir la desigualdad social entre otros objetivos, pero cuyos resultados no han sido sostenibles en el tiempo.

Otra manera de desviar dinero proveniente de Pdvsa fue la consolidación de fondos para ejecutar gasto público de forma paralela al presupuesto, como el Fondespa y el Fonden, que fueron manejados con total discrecionalidad. Todo esto afectó la operatividad financiera de Pdvsa.