Las sanciones petroleras
como excusa para más corrupción
El gobierno venezolano evita hablar de la corrupción enquistada en prácticamente todos los sectores del país, no obstante, aprovecha cada oportunidad para rechazar las sanciones impuestas por Estados Unidos contra el sector público venezolano e insistir en que la caída de la producción petrolera y la contracción de los ingresos obedece totalmente a la aplicación de estas “medidas coercitivas unilaterales”.
Una investigación desarrollada por Transparencia Venezuela²⁸, muestra que la crisis económica y de servicios públicos comenzó a gestarse mucho antes de la aplicación de las primeras sanciones sectoriales y obedeció a las decisiones tomadas por los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Destaca que la contracción económica inició a finales de 2013, cuatro años antes de la aplicación de las primeras sanciones contra Venezuela. Asimismo, señala que la aceleración de la inflación, el desplome de Pdvsa, la caída de las importaciones de bienes esenciales y el colapso de los servicios públicos también surgió con antelación.
El trabajo parte del análisis del sector petrolero venezolano, dada su estrecha relación con el producto interno bruto (PIB) real de Venezuela, y muestra cómo el bombeo de la estatal Pdvsa comenzó a decrecer ligeramente desde 2008 y de forma severa a partir del año 2015, cuatro años antes de que la Oficina de Control de Activos en el Extranjero (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos aplicara sanciones directas a la empresa.
Si bien este conjunto de sanciones internacionales cerró el acceso a financiamiento ortodoxo, también ha empujado al gobierno de Nicolás Maduro a replantearse las formas en las que opera. Las restricciones impuestas por estas medidas implicaron un gran recorte en el flujo de caja, pero en corto tiempo las autoridades planificaron nuevas rutas que permiten la exportación del crudo venezolano, pero que al mismo tiempo favorecen la opacidad y la oportunidad de nuevos negocios con grupos cercanos dispuestos a apoyar a cambio de una tajada del patrimonio venezolano.
Adicionalmente, las sanciones sobre el sector petrolero hicieron que la administración Maduro diversificara sus fuentes de financiamiento tradicional (petróleo) hacia la minería ilegal del oro, pasando Pdvsa a ser un vehículo de financiamiento ilegal.
Todos estos eventos del entorno de Pdvsa contribuyeron a crear las condiciones para las prácticas de corrupción que se han venido haciendo públicas a medida que los tribunales internacionales levantan cargos contra los implicados.
Aliados fantasmas y los falsos intercambios de petróleo por alimento
Las sanciones internacionales incentivaron las prácticas de corrupción en la exportación de crudo, generando oportunidades de arbitraje para empresas comercializadoras (traders) dispuestas a asumir el riesgo de ser sancionadas, transando el crudo venezolano en el mercado asiático.
Además, con la excusa de eludir las medidas de Estados Unidos, el gobierno venezolano ideó operaciones de intercambio de crudo por alimentos y otros bienes esenciales, que terminaron favoreciendo a grupos aliados donde el liderazgo del gobierno también obtiene una parte.
El turbio mecanismo empleado por la administración de Nicolás Maduro para intentar eludir las medidas internacionales es similar al que han aplicado otros países sancionados. Entre las tácticas que se han replicado para facilitar la exportación del crudo venezolano están cambiar el nombre y el país donde se registran los barcos que trasladan los hidrocarburos, apagar sus dispositivos de localización cuando están en ruta, transferir cargamentos entre tanqueros en el mar, traspasar la propiedad de barcos y utilizar compañías de maletín para adquirir y operar los petroleros, de acuerdo con una investigación de la agencia Reuters.
Documentos internos de la estatal, vistos por la agencia Reuters mostraron que casi todo rastro de esos clientes está siendo borrado de los registros de la empresa una vez que han recibido unos pocos cargamentos. “Desde 2019, hemos estado ignorando las reglas para usar el registro, como solicitarle los documentos de respaldo a las empresas, y ahora estamos agregando clientes fantasma”, dijo una de las fuentes consultadas.
Pero detrás de las operaciones con clientes presuntamente fantasmas había mucho más. Al seguirle el rastro al tanquero Otoman y a otras embarcaciones que ayudaban a sacar el crudo venezolano se puede identificar a una serie de personas que forman parte de la red del empresario colombiano, Alex Nain Saab Morán, quien está preso en Estados Unidos por presunto lavado de dinero público de Venezuela.
Una investigación realizada por el diario español El País y el medio venezolano Armando Info, a partir de un dossier con miles de documentos a los que tuvieron acceso, agrega más detalles sobre la red en la que presuntamente estaría involucrado Saab, además de otros actores como el mexicano Joaquín Leal, vinculado a la empresa Libre Abordo y el italiano Alessandro Bazzoni, relacionado con Elemento. Refieren que los tres hombres, a través de compañías fantasmales registradas para la oportunidad en jurisdicciones como México, Rusia o Emiratos Árabes Unidos, mercadeaban despachos de millones de barriles de crudo de Pdvsa, a precios millonarios en euros.
De acuerdo con los investigadores, todas estas operaciones iniciaron cuando el gobierno venezolano se comenzó a quedar sin divisas para operar, por la restricción de las sanciones, y decidió empezar a intercambiar el crudo por alimentos y bienes esenciales. Pero a la larga, estas transacciones que tenían el cariz de ayuda humanitaria terminaron siendo solo un pretexto para hacer negocios con viejos conocidos del poder central.
Según la reconstrucción de los hechos, uno de los modus operandi era el siguiente: El lado mexicano embarcaba los productos en especie y Pdvsa les pagaba con petróleo y logística para sacarlo del país en buques. Sin embargo, detrás de esta operación, presuntamente se escondía otra más compleja que dejaba millones de ganancias para los involucrados a través de la reventa del crudo a precios por debajo del mercado, con dinero que eventualmente regresaba a Pdvsa como pago por la mercancía. La petrolera de Venezuela terminaba cobrando las facturas que le emitía a Libre Abordo en cuentas de bancos rusos, como Gazprombank y Evrofinance Mosnarbank, donde Venezuela tiene el 49,9% de las acciones a través de la empresa estatal Bandes, adscrita al Ministerio de Finanzas. Con ello lograban concretar las transacciones fuera del sistema bancario estadounidense y no involucrar a ciudadanos de ese país. La investigación destaca que en la inmensa mayoría de los casos se dejó de lado el trueque de alimentos y se vendió el petróleo directamente a los intermediarios mexicanos.
más de 30millones
de barriles de
petróleo en nombre
de Pdvsa
Parte de estas irregularidades fueron denunciadas previamente por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. En junio de 2018, la OFAC sancionó a Joaquín Leal Jiménez, Olga María Zepeda Esparza, Verónica Esparza García, Libre Abordo, S.A. de C.V. y Schlager Business Group S. de R.L. de C.V., así como otras entidades que poseen o controlan, por “orquestar esquemas opacos para intermediar en la reventa de más de 30 millones de barriles de crudo de origen venezolano con el fin de beneficiarse de las ganancias³¹”.
Según la OFAC, Alex Saab y Joaquín Leal, en colaboración con las empresas Libre Abordo y Schlager Business Group, con sede en México, negociaron la reventa de más de 30 millones de barriles de petróleo crudo en nombre de Pdvsa, aproximadamente 40% de las exportaciones de petróleo de Pdvsa en abril de 2020. Aunque Libre Abordo y Schlager Business Group afirmaron tener contratos con el gobierno de Venezuela para entregar maíz y camiones cisterna de agua a Venezuela, estas empresas no entregaron maíz y enviaron aproximadamente 500 camiones de agua (solo la mitad de lo contratado) a precios groseramente inflados. De acuerdo con la acusación, lo enviado no se corresponde con la cantidad de crudo de Pdvsa que fue levantado y revendido por Libre Abordo y Schlager Business Group, valorado en más de 300 millones de dólares.
La opacidad institucionalizada con la Ley Antibloqueo
Entre las decisiones tomadas por el gobierno de Nicolás Maduro, en aras de evadir las sanciones internacionales también destaca la aprobación de la denominada Ley Constitucional Antibloqueo para el Desarrollo Nacional y la Garantía de los Derechos, aprobada por la cuestionada Asamblea Nacional Constituyente, publicada en Gaceta Oficial No. 6.583 del 12 de octubre de 2020 y respaldada su implementación mediante acuerdo de la Asamblea Nacional el 13 de mayo de 2021.
Esta norma causó gran revuelo ante la opinión pública y fue objeto de análisis de diferentes académicos y juristas porque permite a las máximas autoridades de los órganos y entes públicos, sin otro fundamento más que razones de interés y conveniencia nacional, otorgar el carácter de reservado, confidencial o de divulgación limitada a cualquier documento, información, hecho o circunstancia con el fin de contrarrestar los efectos de las sanciones internacionales. Esa ley también autoriza al Ejecutivo Nacional para inaplicar las normas vigentes en el ordenamiento jurídico, sin necesidad de un control previo por parte de otro poder público y establece expresamente que son de carácter secreto y reservado las medidas implementadas que supongan la inaplicación de una norma.
El gobierno de Maduro se ha amparado en la “Ley Antibloqueo”, entre otras cosas, para hacer negocios opacos que involucran a las empresas estatales, entre ellas, Petróleos de Venezuela. A pesar de tratarse de operaciones con bienes del Estado, que son de interés de toda la ciudadanía, desde el gobierno central se empezaron a entregar empresas a privados, sin que exista información, clara, completa, continua y verificable de estos procesos.
Una investigación publicada por Transparencia Venezuela en diciembre de 2021 precisa que al menos desde 2015, el gobierno venezolano ha puesto al menos 33 empresas estatales en manos de privados, pero estas operaciones se aceleraron notablemente desde la aprobación de la “Ley Antibloqueo”. La mayoría de las empresas identificadas pertenecen al sector agroalimentario, seguido por las del sector turismo y el manufacturero.
Diversos representantes del gobierno han asegurado que no se da información para resguardar la seguridad de quienes participan en los negocios. “Desde (el Ministerio de) Industrias, sin dar muchos detalles, porque siempre digo que el enemigo está en todos lados, hemos establecido que los espacios estratégicos deben seguir en manos del Estado (…) no va a haber privatizaciones, pero hay otros espacios en donde se pueden generar ciertas alianzas”.
Sin embargo, los rastreos realizados por Transparencia Venezuela entre otras organizaciones de la sociedad civil y reconocidos medios de investigación evidencian que en estas negociaciones están involucrados actores acusados de corrupción. A partir de 2017, el gobierno central ordenó la liquidación de la red de Abastos Bicentenario, que contaba con unas 50 tiendas y entregó varias de ellas a privados. Pronto algunos establecimientos ubicados en Caracas y La Guaira pasaron a llamarse Tiendas CLAP (luego rebautizadas como Salva Market) y comenzaron a ser operados por la empresa Salva Foods, creada en 2015, cuyo accionista mayoritario es el ciudadano colombiano Carlos Rolando Lizcano Manrique. Este hombre está siendo investigado por la justicia de Estados Unidos por haber presuntamente conspirado para lavar dinero corrupto junto con Alex Saab y Álvaro Pulido, supuestos testaferros de Nicolás Maduro”.
Vale recordar que, en secreto, sin posibilidad de vigilancia de la sociedad civil, sin poderes independientes, sin reglas que garanticen convocatorias abiertas para seleccionar a las empresas con mayor potencial y atractivo en cada sector, sin la verificación del origen de los fondos de los inversionistas y de los beneficiarios finales y sin gestión de riesgos por conflictos de interés, están dadas todas las condiciones para la corrupción.
