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Las 938 empresas del Estado deberían liderar una economía más verde

Petróleos de Venezuela es la empresa con la peor calificación de riesgos ESG entre las petroleras del mundo, según la firma Sustainalytics. Los derrames de hidrocarburo en afluentes y suelos, la quema y venteo de gas, así como la contaminación del aire por la disposición inadecuada de los residuos de coque, están causando graves impactos ambientales. 

Transparencia Venezuela, 5 de junio de 2024.- El Día Mundial del Ambiente fue acordado en 1972 para crear conciencia sobre la importancia de la protección ambiental, promover compromisos e implementar acciones desde los Estados, las empresas y organizaciones civiles a favor de esta causa. Pero este esfuerzo no impidió el aumento exponencial de la contaminación de suelos y aguas y la deforestación, que originan una crisis climática sin precedentes, que en años y días recientes ha cobrado la vida de centenares de personas. Ha acabado con la vida de diversas especies de fauna y flora; ha implicado daños materiales y económicos y es un riesgo que amenaza con afectar a un mayor número de víctimas con impactos en la calidad de vida de la gente a nivel global. 

Frente a este panorama desafiante, Transparencia Venezuela ha analizado el impacto de la corrupción en el ambiente, cuyos efectos pueden verse de manera más clara en el marco de la minería ilegal, por ejemplo. Detrás del tráfico de materiales contaminantes para la minería, de la tala indiscriminada, de la crisis del agua y otras tragedias ambientales, uno de los principales responsables es la Gran Corrupción, exacerbada en las últimas dos décadas gracias a los altos niveles de impunidad, tal como se ha demostrado en “Economías ilícitas al amparo de la corrupción” o “Ecocidio, la responsabilidad de la corrupción”, entre otros. 

Transparencia Venezuela ha estado haciendo monitoreo de los derrames de petróleo en el lago de Maracaibo y plantea la socialización e implementación de estándares ambientales, sociales y de gobierno corporativo (ESG) en la gestión de las empresas públicas y privadas, para evaluar la forma cómo se están realizando las actividades productivas, sus impactos en el ambiente, las personas y la institucionalidad y, a partir de allí, conocer su oferta de valor real, bajo una perspectiva en sintonía con el desarrollo sostenible.  

En Venezuela el Estado es propietario de al menos 938 empresas (nacionales y estadales) que deberían liderar el cambio hacia una economía más verde, inclusiva y transparente, aplicando los criterios ESG en sus estrategias y operaciones. Y aunque existen más de 36 normativas nacionales en materia ambiental, no se cumplen sus disposiciones, ninguna incluye mandatos ni exhortos dirigidos a las empresas para que elaboren reportes periódicos de impacto ambiental, y las empresas estatales están ajenas al cumplimiento de los estándares ESG.  

Petróleos de Venezuela es la empresa con la peor calificación de riesgos ESG entre las petroleras del mundo, según la firma Sustainalytics. Los derrames de petróleo en afluentes y suelos, la quema y venteo de gas, así como la contaminación del aire por la disposición inadecuada de los residuos de coque están causando graves impactos ambientales.  

Psvsa ha sido parte de la opacidad del Estado Venezolano. Desde 2017 no publica informes financieros ni de gestión ambiental y social. Transparencia Venezuela ha develado que los informes disponibles de Pdvsa entre 2009 y 2016, revelan deficiencias sustanciales en la información sobre la gestión ambiental de la industria, una falta de transparencia que también ha socavado la rendición de cuentas en materia ambiental de otras 44 empresas mixtas vinculadas con Pdvsa. 

El Parque Nacional Canaima y otros cuatro parques de los estados Bolívar y Amazonas, que en teoría están bajo protección especial, son severamente amenazados por la expansión de la actividad minera luego de la creación del Arco Minero del Orinoco en 2016, en el que participan las empresas estatales Corporación Venezolana de Minería, Minerven, Camminpeg y Mibiturven, junto con más de 60 aliados privados.  

Ante esta situación, Transparencia Venezuela recomienda un cambio en la gestión empresarial para contribuir en la protección ambiental: 

  • Realizar un diagnóstico o programa de medición de los riesgos e impactos ESG.  
  • Sensibilizar al personal y formar a quienes tengan responsabilidades directas en la gestión de los riesgos ambientales y sociales. 
  • Identificar los cambios requeridos en la gestión (políticas, procesos, recursos humanos, insumos, gestión de desechos, etc.) y definir un plan de corto, mediano y largo plazo para realizarlos, considerando metas e indicadores de avance. 
  • Documentar la información requerida para la preparación de reportes periódicos. 
  • Elaborar un sistema de seguimiento y evaluación de cumplimiento de los planes y reportes con indicadores de avance. 
  • Publicar reportes. 
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