Para Rafael Uzcátegui la opacidad en la información pública genera rumores y aumente la incertidumbre y la zozobra en los venezolanos. El sociólogo y Coordinador General delPrograma Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), organización que desde hace 27 años publica un informe anual sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela, considera urgente que desde el gobierno se impulse una política transparente de difusión de la información pública.
Como parte de la serie de entrevistas “Información para todos”, iniciativa que se lleva a cabo en el marco del Día Internacional por el Derecho a Saber, Uzcátegui nos da su opinión sobre la importancia del acceso a la información en la promoción y defensa de los derechos humanos y cuenta cómo el equipo de Provea logra llevar adelante su Informe Anual en el contexto de un país dominado por la opacidad en la información pública.
¿Cuáles son los principales hallazgos del Informe Anual?
En cuanto al incremento de la pobreza, vimos con mucha preocupación las cifras del año 2013 del Instituto Nacional de Estadística (INE), situación que no se había dado en los años anteriores. Nos preocupaba que comenzara a ser una nueva tendencia, ese año se habló de 400.000 familias que habían ingresado de nuevo al lumbral de la exclusión. No tuvimos información oficial después de esas cifras que dio el INE hasta muy recientemente cuando ofreció algunas cifras para el primer semestre del 2015.
Persiste el retroceso en materia de derechos sociales, políticos y ahora se incorpora un nuevo tipo de exclusión que es por razones sociales debido al aumento de la pobreza, la reducción del poder adquisitivo, de los salarios y una situación de inflación que está mermando la calidad de vida de los venezolanos.
El presidente Nicolás Maduro se ha convertido en una gran fábrica de pobreza y las políticas que se han venido implementando para abordar el tema social no han tenido los resultados que el gobierno desee. Hace falta mucha rectificación y mucho espíritu autocrítico para poder mejorar esas políticas
A pesar de la falta de datos que ha venido presentando el INE en los últimos años ¿cómo hacen para conseguir la información?
Realizamos un monitoreo permanente de los medios de comunicación oficiales para intentar conseguir datos en las declaraciones de los funcionarios. Para el 2015 teníamos que ver los discursos del presidente y de los distintos funcionarios para conseguir datos que ellos daban de las estadísticas que manejaban.
Este año la situación ha cambiado un poco y no porque el gobierno tenga una mayor voluntad en dar acceso a la información pública sino que la Asamblea Nacional (AN) ahora tiene una mayoría del sector opositor y ellos pusieron todas las memorias y cuentas en su página web lo que significa un gran alivio porque rápidamente pudimos tener acceso a toda la memoria y cuenta. La propia AN las había suministrado.
El Estado Venezolano ha tenido que rendir examen ante los mecanismos de las Naciones Unidas, presentar un informe y además participar en una intervención donde dan un discurso con una serie de datos y de resultados de las políticas que han implementado.
¿Cómo favorecería una ley de acceso a la información a los Derechos Humanos?
Mucha de la corrupción que existe en las misiones sociales se disminuiría si sus beneficiarios pudieran tener mayor acceso a cómo esos recursos se están ejecutando. Es necesario tener una nueva normativa aprobada, sería una herramienta para que las personas o las comunidades afectadas pudieran utilizarla para tener mayor información sobre las políticas que los van a afectar.
El próximo paso después de tener la nueva normativa, es un proceso de educación para los funcionarios en función del cumplimiento de la ley y establecer los mecanismos para hacer contraloría de que la norma se está cumpliendo.
Los temas de acceso a la información y libertad de expresión están relacionados con la manifestación pacífica y son derechos transversales a todo el resto, es decir, el tema del derecho a la seguridad social, salud, alimentación necesitan contar para su vigencia con la libertad de expresión para opinar y exigir, con la información disponible sobre esos planes y por supuesto con el derecho a manifestar pacíficamente en el caso de que las políticas no se estén aplicando
¿Cuál es el aporte de los derechos humanos para una ley de Acceso a la Información Pública?
El propio acceso a la información pública implica un componente primordial de la libertad de expresión. Es un derecho que debería ser satisfecho a través de distintas características. Cualquier persona está en capacidad de solicitar información pública. Necesitamos mayores facilidades para que las personas puedan tener acceso, incluso entendiendo las particularidades sociales y ciudadanas que hay, como en las comunidades indígenas. La ley también debería estar pensada para que ellos puedan hacer solicitudes de acceso a la información en sus idiomas o mediante mecanismos orales que no impliquen necesariamente una comunicación formal o institucional ya que eso se podría convertir en un obstáculo para el ejercicio de derecho.
Ese tipo de características deberían estar presentes en los mecanismos de acceso a la información pública y toda la comprensión de que los mecanismos de participación que incluyen la posibilidad de acceder a la información pública hacen de esto una mejor democracia por tanto fortalece las instituciones, incluso mejoran la propia gestión de los funcionarios. Es increíble que el TSJ nos ha respondido varias solicitudes de información. Es un mecanismo para fortalecer las instituciones para fortalecer los resultados de las gestiones de los diferentes funcionarios. Y es una herramienta para construir una mejor democracia.
¿Cuáles son los requisitos indispensables de la ley de Acceso a la Información Pública para el cumplimiento de los derechos humanos?
En primer lugar, la información de las políticas que van a incidir en la vida de las personas debe ser de acceso público. En estos momentos hay mecanismos de elementos tecnológicos pero, es necesario avanzar hacia un tipo de gobierno electrónico.
Debe haber algún tipo de sanciones cuando los funcionarios no respondan las solicitudes de información, estas no necesariamente tienen que ser legales o de restricción de libertad sino que sean sanciones que obliguen a los funcionarios a que lleven una gestión más transparente. Se ha erosionado muchísimo la capacidad contralora que ha tenido la AN, eso habría que recuperarlo.
Tanto los periodistas como las organizaciones de derechos humanos necesitamos tener la mejor información posible para poder comunicar sobre cuál es la situación del país de acuerdo a lo que pasa en estos momentos. En la medida en que tengamos una mejor capacidad de hacer contraloría social o ciudadana eso va repercutir en el ejercicio del derecho al acceso al información.