Uno de los programas emblemas de la llamada Revolución, que fue una de las banderas del ex presidente Hugo Chávez, es la Gran Misión Vivienda Venezuela, que se ha convertido en una compleja estructura que propicia el manejo irregular de recursos del Estado y que, en muchos casos, pone en riesgo la seguridad de familias enteras por las fallas de infraestructura que muchos urbanismos presentan.

Esta iniciativa gubernamental, que busca garantizar el derecho humano a una vivienda digna, ha contado con recursos estimados en unos 67 mil millones de dólares. Pero existen numerosas obras con fallas en la  construcción que, en algunos casos, ha propiciado el urgente desalojo de los habitantes de las soluciones habitacionales y su traslado a otros zonas.

La corrupción también se presenta como un factor determinante en la violación de los derechos de quienes son beneficiados con este programa social. Los fondos asignados pueden verse afectados, por ejemplo, por el soborno en la selección de los contratistas. A lo que se suma el desconocimiento de los planes, ejecución y mantenimiento de obras, contratos y licitaciones, lo que impide su seguimiento y control. Tampoco existe un registro de viviendas adjudicadas, beneficiarios, criterios de selección, evaluación de impacto del programa, que permitan establecer indicadores sociales y análisis de proyecciones.