Transparencia Venezuela le solicita al Ministerio Público que rinda cuentas sobre la investigación de los sobornos por 98 millones de dólares a funcionarios venezolanos, a cambio de la asignación de grandes obras de infraestructura durante el gobierno del presidente Hugo Chávez, una vez vencido el periodo de 6 meses de reserva

Caracas, 6 junio 2017. Venció el periodo de 6 meses de reserva sobre las 77 declaraciones de culpabilidad y delaciones “confesiones” premiadas de ejecutivos de Odebrecht, acordadas por la empresa constructora y la Fiscalía de Brasil (denominada Procuraduría), a cambio de la reducción de condenas por casos de gran corrupción en 12 países. Sin embargo, se desconoce que hará la Fiscalía Venezolana.

Se pudo conocer que la Procuraduría de Brasil ofrecerá la información que les entregó Odebrecht solamente a las fiscalías de los países que lo soliciten, que acepten no hacerla pública y que garanticen inmunidad a la empresa. Así mismo que del grupo de 8 países que habían suscrito un acuerdo de cooperación con la justicia brasilera, a saber, Argentina, Colombia, Ecuador, México, Panamá, Perú y República Dominicana, algunos aceptaron el acuerdo y tendrán la información, otro grupo no accedió y piensan perseguir a funcionarios nacionales y de la empresa, mientras que otros, no consintieron el acuerdo y no piensan hacer nada.

Para Mercedes De Freitas, directora ejecutiva de Transparencia Venezuela, “garantizar impunidad a Odebrecht deja un hueco enorme respecto a su responsabilidad en las obras que tenía a su cargo y que suman muchos recursos más que los sobornos”.

Por ello, Transparencia Venezuela le solicita a la Fiscalía General de la República, Luisa Ortega Díaz, que dé cuenta de sus actuaciones sobre la investigación de los sobornos por 98 millones de dólares a funcionarios venezolanos, a cambio del otorgamiento de un grupo de grandes obras de infraestructura durante el gobierno del presidente Hugo Chávez.

Han transcurrido 5 meses desde que Odebrecht reconociera ante el Departamento de Justicia norteamericano, haber entregado sobornos por $ 788 millones a funcionarios gubernamentales y partidos políticos en más de una decena de países. Además, de que se diera a conocer que después de Brasil, Venezuela es el país en el que la empresa carioca repartió más sobornos.

Sin embargo, hasta ahora en Venezuela no hay un solo funcionario detenido por este caso de corrupción, como sí lo hay en Colombia, por ejemplo, donde está siendo procesado un ex senador y un viceministro. Tampoco se ha conseguido una compensación para el país por el equivalente de los sobornos, tal y como lo logró República Dominicana.

Transparencia Venezuela espera que la Fiscalía, determine lo antes posible, si los sobornos fueron por este monto o uno superior; señale y procese a los funcionarios que los recibieron y gestione el reintegro de los $ 98 millones a la Nación que Odebrecht reconoció haber pagado.

En su programa de radio, el 26 de enero pasado, la Fiscal Luisa Ortega Díaz declaró por primera vez sobre la investigación del caso de Odebrecht “Solicitamos una rogatoria al Ministerio Fiscal de Brasil para que nos remita copia de la delación de una persona llamada Marcelo Odebrecht. Queremos que nos remitan copia la delación, así como de cualquier otra declaración que curse en el expediente para avanzar en la investigación», dijo. En el mismo espacio, la funcionaria anunció haber comisionado a un Fiscal con competencia nacional para investigar el caso y que también solicitó en instancias nacionales e internacionales la detención de una persona cuya identidad en ese momento no reveló.

La siguiente y última actuación del Ministerio Público de la que se tenga conocimiento tuvo lugar el 14 de febrero, cuando el Fiscal 57 Nacional, acompañado de funcionarios de la División de Contrainteligencia Militar, allanaron las oficinas de Odebrecht en Venezuela, ubicadas en la Torre Humboldt de Prados del Este, Caracas, en búsqueda de su presidente Euzenando Prazeres de Azevedo, a quien se le imputa el delito de corrupción impropia y de concierto de funcionario público con contratista y a quien no hallaron en el momento ni hasta la fecha.