César Batiz- El 15 de febrero de 2010, siete días después de que el presidente Hugo Chávez firmara el decreto de emergencia eléctrica, el ministro del sector, Alí Rodríguez Araque, anunciaba desde Tacoa, estado Vargas, que en mayo de ese año comenzaría a funcionar la planta termoeléctrica Picure, con 134 MW de potencia instalada, la cual ya se construía en esa zona con una inversión de $125 millones, como parte del denominado plan de blindaje eléctrico de Caracas.

El blindaje consistía en una acción para impedir que el descenso del nivel de agua en El Guri, producto del periodo de pocas o escasas lluvias conocido como El Niño, generara racionamientos o apagones en Caracas, como ya ocurría en el resto del país.

Por ese motivo, la Electricidad de Caracas programó la construcción de la planta de Picure y otras seis más, entre ellas El Sitio, Guarenas I y II y La Raisa I, II y III. Exceptuando El Sitio, cuyo contrato fue otorgado a la española Duro Felguera por más de $2 mil millones; y La Raisa III, firmado con la venezolana Gtme, la procura, ingenería y construcción de las otras cinco quedó en manos de una compañía sin experiencia en el sector eléctrico: Derwick Associates.

Una familia

Aquella tarde de Carnaval de 2010, Rodríguez Araque, acompañado por el vicepresidente de la República, Elías Jaua, y el ministro de Planificación, Jorge Giordani –todos miembros del Estado Mayor Eléctrico-, mostraban a la prensa el avance de la primera obra asignada a esa empresa.

Derwick fue registrada en Panamá en 2003 y en Barbados en 2009, pero nunca antes había construido una planta como la requerida por Corpoelec. Incluso, se constituyó como una empresa venezolana en noviembre de 2009, tras recibir el primer contrato para la planta de Picure.

Los principales directivos de la compañía, Leopoldo Alejandro Betancourt López y Pedro Trebbau López, al igual que hermanos y primos quienes figuran en el registro, vivieron en el sector La Lagunita de El Hatillo. Además, la mayoría estudió en el Colegio Cumbres, institución educativa de Los Legionarios de Cristo ubicada en Caracas.

Otro personaje de esta historia que también habitó en la misma urbanización del Este de la capital venezolana fue el presidente de la Electricidad de Caracas y viceministro de Desarrollo Eléctrico, Javier Alvarado, quien dirigía la empresa eléctrica para el momento del otorgamiento de los contratos para la construcción de las plantas. Casualmente, el hijo mayor de Alvarado, Javier Alvarado Pardi, fue amigo desde la infancia y usó la oficina de los muchachos de Derwick, identificados por el periodista Juan Carlos Zapata como los bolichicos, para realizar sus otros negocios.

Derwick también recibió un contrato más del equipo de Alvarado para la conversión de unas turbinas en Nueva Esparta, porque la empresa de eléctrica de esa zona, Seneca, se encontraba bajo la administración de la Electricidad de Caracas. Paralelamente , obtuvo la buena pro para la instalación de más de 800 Mw en Sidor y cerca de 1000 Mw para Pdvsa en diferentes partes del país. En total, en 14 meses de creada en Venezuela, logró la adjudicación de 12 proyectos por un costo de más de $2.100 millones.

Solo por la venta de turbinas a Pdvsa, cuya orden de compra fue emitida por Bariven el 20 de febrero de 2010, Derwick recibió más de 200 millones, de los cuales no menos de $50 millones corresponden a sobreprecio.

Este caso tuvo la particularidad de que para cada una de la doce obras, Derwick subcontrató a una empresa de Missouri, Estados Unidos, llamada Pro Energy, quien era la que tenía la experiencia para hacer los trabajos.

Denuncias en tinta y papel

Todos esos hechos fueron presentados por primera vez en el diario Últimas Noticias los días 7 de agosto y 18 de septiembre de 2010. En el primer reportaje se contó sobre la historia de la empresa y los contratos alcanzados, así como acerca de la relación con el hijo del presidente de la Electricidad de Caracas.

En una segunda entrega se informó que Bariven había pagado con sobreprecio lo comprado a Derwick, KCT Cumaná II International y Ovarb Industrial, compañías que tuvieron como rasgos comunes: el poco tiempo de creadas, el incumplimiento con las normas internas de Pdvsa para compra a proveedores internacionales y el sobreprecio, estimado en más de $400 millones al sumar las órdenes de compra y compararlas con los precios internacionales del sector.

Ese segundo reportaje que trajo consigo un intento de soborno al reportero por parte de un empresario enviado por las tres empresas, generó que el director de Últimas Noticias, Eleazar Díaz Rangel acudiera a la Contraloría General de la República a solicitar una investigación por el sobreprecio, de la cual aún no se tiene respuesta.

En septiembre de 2013, el redactor de esta nota recibió la invitación de la Fiscalía Nacional 56, a cargo de la fiscal Mirvira Carballo, con el propósito de que declarara como testigo en el proceso abierto contra la empresa Derwick. A mediados de ese mes, el fiscal auxiliar Fran Bolívar fue el encargado de realizar el interrogatorio y recibir las pruebas que pasarían al expediente, el cual había sido iniciado en otro despacho en 2012.

El 7 de enero de 2015, el Tribunal Itinerante en Funciones de Control del Área Metropolitana, a cargo de la jueza Romy Rojas, dictó sobreseimiento porque no se pudo comprobar que existiera alguna irregularidad en la contratación de obras entre Pdvsa, Corpoelec y Derwick, tal como lo solicitaron previamente los fiscales.

Corresponde a la única decisión tomada por el caso de la emergencia eléctrica que afectó al país, la cual generó una inversión de más de $30 mil millones sin que se llegara a cumplir el objetivo de blindar a Caracas, hoy más expuesta a la posibilidad de un colapso por la caída del nivel del Guri.