Las distintas manifestaciones que se realizaron durante el día 12 de febrero de 2014 terminaron con al menos 3 personas fallecidas, numerosos detenidos y heridos. Estos hechos fueron silenciados por medios públicos y privados. Por ello la Alianza por la Libertad de Expresión demanda con fuerza el esclarecimiento de los hechos violentos, el cese del hostigamiento sistemático del Estado contra medios y periodistas; y exige a los editores y propietarios que asuman la responsabilidad de ofrecer información a la sociedad venezolana.
La recurrente política de Estado contra los medios de comunicación que le son adversos y sus periodistas produjo un silenciamiento informativo. Los editores, propietarios de los medios e intermediarios en la distribución de canales deben responder de los distintos mecanismos que están aplicando para ocultar información y al mismo tiempo hacer visibles las presiones que reciben.
Antecedentes
El 11 de febrero de 2014 William Castillo, Director General de CONATEL dio a conocer un comunicado del Directorio de Responsabilidad Social en Radio y Televisión en el cual criticaba la cobertura mediática de hechos de violencia por algunos prestadores de servicios privados nacionales y regionales, tanto en radio, televisión y medios electrónicos. Según este comunicado esta cobertura informativa puede ser violatoria del artículo 27 de la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos, el cual prohíbe “la difusión de contenidos de apología del odio y la violencia, los llamados al desconocimiento de las autoridades y a alterar la paz pública”.
En este sentido, el comunicado exhorta a los medios de comunicación al “estricto cumplimiento de la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos”, recordando que la violación de estas normas acarrea penas y sanciones. Además, declara que el Directorio de Responsabilidad Social en Radio y Televisión estará en sesión permanente para atender esta situación y dictar las medidas que se consideren adecuadas.
Este comunicado constituye un mecanismo institucionalizado de amenaza y coerción para los medios radioeléctricos y contribuyó al silenciamiento de eventos informativos en las estaciones de radio y televisión. Fue evidente que las movilizaciones pacíficas no tuvieron cobertura en directo por los medios locales. Todo ello contribuyó a que circularan rumores e información no verificada y generó incertidumbre en amplios sectores de la sociedad.
Consecuente con esta declaración, alrededor de las 6:00 de la tarde del día 12 de febrero de 2014, las cableoperadoras de Venezuela Movistar y DirectTV, eliminaron de sus canales disponibles la programación de noticias NTN24. Era el único canal de televisión que transmitía información relacionada con las manifestaciones que ocurrían en Venezuela, de sectores de oposición y del oficialismo.
Análisis
La libertad de expresión es un derecho humano ampliamente reconocido tanto por la Constitución Nacional como por los principales tratados internacionales de derechos humanos. Si bien es cierto que este derecho tiene algunas restricciones, es indispensable que se permita el mayor flujo de información posible en una sociedad democrática. El artículo 337 de la Constitución Nacional precisa que aún en estado de excepción subsiste la prohibición de incomunicación y el derecho a la información.
En este sentido, las declaraciones de CONATEL anteriormente mencionadas atentan contra la Constitución Nacional y los estándares del derecho a la libertad de expresión, y en ninguna forma promueven este derecho. Por el contrario, generan temor en los periodistas y medios de comunicación por las posibles represalias que se puedan tomar en su contra, generando así un efecto inmediato de autocensura. Esto atenta tanto contra la libertad de los periodistas y medios de difundir información, como contra el derecho de todos los venezolanos a estar informados sobre la situación de violencia que ocurre en Venezuela.
La exclusión del canal internacional de noticias NTN24 constituye un mecanismo de censura directa que impide que se transmita información sobre los hechos noticiosos que ocurrían particularmente el día 12 de febrero en el marco de las manifestaciones públicas en diversas ciudades de Venezuela. Es importante resaltar que esta medida fue tomada sin proceso ni orden judicial, sin notificación alguna a los suscriptores y de forma arbitraria.
Por estas razones, exigimos al Estado Venezolano:
El cese de la política de Estado de hostigamiento sistemático a la libertad de expresión de todas la personas, especialmente de aquellas que manifiestan disenso u oposición a su gobierno.
Se abstenga de abrir procedimientos administrativos contra los medios de comunicación por la difusión de noticias sobre hechos violentos en Venezuela con los parámetros vagos y discrecionales expresados en la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos.
Pida a las cableoperadoras reincorporar de forma inmediata al canal de noticias NTN24 a su parrilla de programación.
De la misma manera exigimos a los medios de comunicación venezolanos que cumplan su deber de informar a la colectividad sobre los hechos noticiosos que sucedan en el país, venciendo el temor y actuando con responsabilidad profesional.
Solicitamos también a las empresas cableras que informen las razones por las cuales sacaron del aire al canal NTN24, que reincorporen su señal de forma inmediata y que se abstengan de repetir este tipo de actuaciones.
Finalmente hacemos un llamado a toda la sociedad a que defienda y hagan valer su derecho a la libertad de expresión, de información y de manifestación pacífica de conformidad con nuestra Constitución.
La Alianza por la Libertad de Expresión es una red de organizaciones no gubernamentales, sin fines de lucro cuyo objetivo es defender y promover la libertad de expresión y de información en Venezuela.
En Caracas, a los trece (13) días del mes de febrero de 2014.
Centro de Investigación de la Comunicación de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB)
Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB)
Colegio Nacional de Periodistas
Comité de Radio, Televisión y Servicio Público
Dirección de Postgrados de comunicación social de la UCAB
Espacio Público
Expresión Libre
Instituto Prensa y Sociedad
Ser-Comunicaciones Investigación
Sindicato de Trabajadores de la Prensa