En la reciente edición de Espacios de Transparencia, expertos disertaron sobre las causas y el impacto de las irregularidades registradas durante una década de negocios bilaterales, por montos que oscilan entre los 3.000 y los 16.000 millones de dólares, y plantearon recomendaciones para superar la impunidad  

Transparencia Venezuela, 6 de julio de 2021. Un fideicomiso bilateral creado en 2004 por el entonces presidente de Argentina, Néstor Kirchner, y el venezolano Hugo Chávez, así como más de 230 acuerdos firmados hasta 2012, figuran como el centro de la corrupción registrada en el intercambio comercial y político que mantuvieron ambos países por casi una década. Un estudio de Transparencia Venezuela identificó, al menos, 14 casos que han sido procesados por la justicia del país sureño, que se encuentran parados o han sido cerrados por la falta de cooperación en las investigaciones. 

El tema fue analizado en el seminario web El silencio que garantiza impunidad. Situación de los casos de corrupción entre Venezuela y Argentina, edición de Espacios de Transparencia en el que participaron por el país sureño el periodista de investigación Iván Ruiz; Pablo Secchi, director ejecutivo de Poder Ciudadano, y el exjuez anticorrupción Manuel Garrido, junto a la directora ejecutiva de Transparencia Venezuela, Mercedes De Freitas.

De Freitas explicó que el encuentro virtual tenía como objetivo sensibilizar, movilizar y generar interés tanto en la sociedad venezolana como en la argentina, acerca de lo ocurrido durante casi una década entre ambos países, con la anuencia de los gobiernos de turno, y el impacto del desvío de los fondos públicos que, en el caso de nuestro país, se tradujo en deterioro de la calidad de vida, la migración forzada de millones de venezolanos y, en muchos casos, en muertes evitables.

País en emergencia

La directora ejecutiva de Transparencia Venezuela puso en contexto la Emergencia Humanitaria Compleja que enfrenta la población como consecuencia del patrón de Gran Corrupción que se consolidó en el país desde 2003, con alcance internacional. “Desde que inició la pandemia hemos dicho que la crisis de la salud había empezado antes con la corrupción”, dijo. 

De Freitas explicó que la organización ha identificado la presencia de corrupción venezolana en 69 países. “Hasta el momento, hemos detectado 94 casos abiertos en los sistemas judiciales de 21 países. Casi 40% de los expedientes que hemos revisado suman casi 30.000 millones de dólares. En Argentina, hemos identificado hasta ahora 14 casos”, precisó. 

Reiteró que el fideicomiso creado por Kirchner y Chávez garantizaba el pago de las contrataciones que se hacían al país sureño. “La Sindicatura General de Argentina (Sigen) publicó un informe donde mencionó que 67% de los pagos que hicieron entre 2012 y 2016 ascendían a 16.000 millones de dólares. Ese fideicomiso bilateral manejó fondos extraordinarios y aunque finalizó cuando Néstor Kirchner dejó el poder se han seguido produciendo desembolsos”. 

De Freitas refirió que los expedientes que se conocen, porque están en la fiscalía, ascienden a 5.838 millones de dólares. La lista incluye el sonado caso del maletín de Guido Antonini Wilson, detenido por autoridades argentinas cuando transportaba US$800.000, aunque en declaraciones posteriores, durante el juicio en Estados Unidos, habló de una movilización de US$4 millones. 

Refirió que el que las investigaciones estén detenidas o cerradas es porque la Fiscalía venezolana no responde a las rogatorias de la justicia argentina. “El apoyo internacional es posible. La justicia y la sociedad argentina tienen un rol importante en no dejar ganar a la impunidad”.

Periodismo y sociedad civil

El periodista Iván Ruiz comentó que los recursos del fideicomiso bilateral fueron manejados en Argentina por el ministro de Planificación, Julio de Vido, y su secretario, José María Olazagasti. “Los más beneficiados fueron los empresarios argentinos que vendían muchos productos a Venezuela con sobreprecio. Funcionarios argentinos y venezolanos habilitaban esos negocios millonarios donde el único perjudicado fue el Estado venezolano”.

Recordó que, además del fideicomiso, hay 230 acuerdos firmados entre ambas naciones, solo hasta 2012. “Argentina aumentó de forma exponencial el volumen de sus exportaciones a Venezuela, que se convirtió en un canal alternativo para el financiamiento a través de la compra de deuda. Como moneda de cambio, Néstor Kirchner incentivó su ingreso al Mercosur”.

Ruiz mencionó el caso de Juan José Levy como el rostro de los empresarios argentinos que se enriquecieron a través del intercambio entre los dos países. “Su causa judicial es una de las tantas que están frenadas en la justicia argentina pese a que tiene muchos años de investigación. Levy y su familia tenían pequeños laboratorios que fabricaban pasta dental y se hizo multimillonario con la venta de diferentes productos a Venezuela con sobreprecios de entre 300% y 400%”.

Explicó que, por este caso, el Foro Penal Económico envió el primer exhorto a Venezuela hace más de tres años, y posteriormente hizo 12 pedidos de insistencia para responder. “Nunca recibió respuesta. Se pidió la intervención del gobierno para un acuerdo diplomático entre ambos mandatarios, pero la Corte Suprema no respondió. Son entre 10 y 12 casos que están a la espera de una respuesta que no va a llegar desde Caracas hasta que permanezca en la presidencia Nicolás Maduro, pues involucran también a funcionarios venezolano. El nivel de intereses es muy grande para que pueda desarmarse este esquema de falta de colaboración/impunidad. Lo que buscan es evitar que la justicia investigue”.

En este contexto, el director ejecutivo del capítulo argentino de Transparencia Internacional, Pablo Secchi, considera que los jueces y fiscales del país sureño tienen el desafío de analizar qué hace la justicia desde el punto de vista político y por qué no avanza en dar solución a casos en los que las pruebas son contundentes.

Además del caso Levy, mencionó el negocio del arroz y la venta de maquinaria con sobreprecio. “En Argentina se hablaba de 10% en las coimas (comisiones), pero en los negocios con Venezuela pasaron a 15% o 20%. El fideicomiso bilateral fue la piedra angular de esto”.  

Secchi cuestionó el que Argentina, país con historia en la defensa de los derechos humanos, mantenga hoy en día una relación “con un gobierno claramente no democrático como es el venezolano”, y comentó que si “utópicamente” el gobierno de Venezuela responde a las rogatorias y la justicia avanza, “el gobierno argentino tendría que dar muchas explicaciones”.

Señaló que por los tipos de delitos hubo desde gran corrupción, ausencia de transparencia, utilización discrecional de recursos públicos de ambos lados, falta de rendición de cuentas en compras y contrataciones públicas, falta de acceso a la información pública, gestión irregular de intereses, lobby y conflicto de intereses, hasta que se empezó a sospechar del financiamiento político irregular. 

“Venezuela empezó a ser uno de los principales proveedores de capital de Argentina. Con dólares provenientes del petróleo fue el país que más bonos compró de forma unilateral. Después, la relación que empezó en el gobierno de Cristina Kirchner tuvo fuertes acusaciones de sobreprecio y lavado de dinero que llegan a 3.000 millones de dólares”, destacó Secchi.

Agregó que la justicia argentina debe comenzar a “destrabarse políticamente” para encontrar soluciones a este problema.

Delitos sin fronteras

Para el exjuez anticorrupción de Argentina, Manuel Garrido, el problema de las investigaciones que no llegan a destino y se demoran es endémico en los casos de corrupción en ese país, por tratarse de delitos que atraviesan fronteras. “Eso genera una dificultad adicional en las investigaciones para recopilar los hechos que ocurren en distintos países. Es un conflicto entre la realidad y el intento por atravesar esa realidad a través del derecho”.

Estima que el problema de la obtención de información mediante la colaboración entre los países ha estado desde el origen de los tratados aprobados para favorecer la investigación de la corrupción. “En el texto de la Convención Interamericana contra la Corrupción, el objetivo fundamental era promover la colaboración entre los países mediante la homogenización de los tipos penales y la cooperación en la entrega de las personas y la producción de medidas de prueba”.

En tal sentido, considera que el problema no es la falta de un marco jurídico, pues tanto en la Convención Interamericana como la Convención de las Naciones Unidas hay disposiciones expresas que apuntalan la obligación de los Estados de cooperar mediante la entrega de información, la entrega de personas, la producción de medidas de prueba, la asistencia legal mutua y la integración de unidades de investigación conjunta. 

“Todos estos tratados han buscado establecer mecanismos para evitar que se eluda el cumplimiento de esta cooperación, por eso se limita la posibilidad de invocar el secreto financiero, la exigencia de la doble incriminación de los hechos por los cuales se formula el requerimiento, y se fomenta que la entrega de información sea espontánea. El problema es que para que avancen las investigaciones que involucran diferentes jurisdicciones hay elementos no escritos que requieren que haya la voluntad política de cooperar y que la justicia sea independiente, y esto, en muchos casos, no ocurre”, explicó el experto.

A su juicio, otro problema es que en nuestros países los mecanismos de cooperación no se dan de manera directa, pues hay un espacio institucional en la regulación de estos mecanismos que favorece la interferencia de los intereses o de la voluntad política y las trabas para las investigaciones. 

Garrido considera que, por el delito de lavado de dinero o reciclaje de recursos provenientes de hechos delictivos, en este caso de hechos de corrupción, la jurisprudencia a escala global ha flexibilizado las exigencias para la acreditación del delito antecedente. Para superar esto, recomienda no depender de la acreditación absoluta de ese delito. “Otra alternativa que debería explorar el país requirente tiene que ver con la facultad de adecuar a tipos penales que no estén atados a la información que no es posible obtener. Por ejemplo, figuras delictivas como la evasión impositiva, falsedades documentales y el enriquecimiento ilícito”.

De igual modo, planteó la búsqueda de información en otras jurisdicciones, en virtud de que ese dinero circula a través de distintos países mediante transferencias bancarias y operaciones de sociedades. “Entonces, obtener información no necesariamente depende del país que está bloqueando la información”.

Otras vías a explorar por la sociedad civil planteadas por Garrido contemplan el impulso a la ratificación de los mecanismos de supervisión de los tratados internacionales y la acción política para que funcionen los mecanismos de cooperación. “Lo que constriñe la eficacia de estas investigaciones son factores políticos. Entonces la acción política es fundamental para desmontar esos factores”.

El video completo de la conferencia está disponible en el canal de Transparencia Venezuela en YouTube. Para ver el video ingresa a: https://youtu.be/s7CGTFjCYgE