Un Recurso de Abstención o Carencia (demanda) contra el Presidente del Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT), Carlos Julio Rodríguez Rába, interpusieron el pasado 16 de junio ante los Tribunales Contencioso Administrativo, en El Rosal, representantes de Transparencia Venezuela, debido a que no otorgó oportuna y adecuada respuesta a las denuncias recibidas a través de la aplicación “Dilo Aquí” sobre posibles hechos de corrupción de funcionarios adscritos a esa institución.
Representantes de la ONG enviaron diferentes comunicaciones a Rodríguez Rába, del 23 al 25 de marzo de este año a través de los correos electrónicos Presidencia@intt.sob.ve y DirectorReneral@intt.sob.ve para solicitar información sobre las irregularidades antes mencionadas. El 10 de abril las enviaron directamente al instituto, el cual la recibió cuatro días después, es decir, el 14; sin embargo, hasta la fecha no han sido respondidas por el funcionario.
Transparencia Venezuela asegura que la falta de pronunciamiento constituye “una violación al Derecho de Petición y Oportuna Respuesta por la Administración pública consagrada en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en sus artículos 51., 58, 141 y 143, así como la Garantía al Derecho de Petición establecida en el artículo 9 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública”, según explica el documento.
Asimismo, la asociación civil reitera que el recurso se planteó en reconocimiento de la importancia que el Poder Público Nacional mediante sus instituciones, tiene en cuanto el deber de impulsar y fomentar la transparencia y rendición de cuentas en todas sus acciones y actuaciones realizadas. “Transparencia Venezuela realiza un seguimiento a temas claves de la lucha contra la corrupción y sus temas conexos entre ellos la rendición de cuentas, a través de apoyo técnico, en aras de contribuir con el fortalecimiento institucional y con la firme intención de impedir abusos y actos de corrupción”, aseguraron los representantes de la ONG.
La demanda fue recibida por la Oficina de Distribución y Recepción de las Cortes Primera y Segunda de lo Contencioso Administrativo.
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