En los países de América Latina, no existe un marco legal fuerte que garantice el cumplimiento al derecho de acceso a la información de los ciudadanos. Así lo revela un informe realizado por la Alianza Regional por la Libre Expresión e información que fue presentado en la audiencia número 143 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Los países sometidos a evaluación fueron México, Bolivia, Venezuela, Paraguay, Honduras, Argentina, Uruguay, Costa Rica, Panamá, El Salvador  y Chile.

De acuerdo con la investigación se comprobó que en la región no hay una Ley de Acceso a la Información, pero en algunos casos como en Argentina y Bolivia existen normativas o decretos para promover la transparencia en la gestión pública, sin embargo hay limitaciones a la hora de implementarlos.

La Alianza Regional para la Libre expresión también comprobó que las trabas presentadas para acceder a la información pública, responden también a un patrón cultural sostenido por una larga historia de gobiernos dictatoriales y autoritarios.

“Visto este hecho desde la perspectiva de los procesos de transición a la democracia, es fácil comprender por qué el Estado, casi involuntariamente, repite y perpetúa prácticas incompatibles con gobiernos democráticos. En Colombia, por ejemplo hemos detectado que las autoridades sienten que están siendo “atacadas” al recibir pedidos de acceso a la información pública. En Bolivia, Colombia y Costa Rica hemos registrado problemas de falta de preparación adecuada y capacitación de los funcionarios públicos encargados de promover este derecho”, indica el texto.

Pese a este escenario, el informe señala que es deber del Estado erradicar esta cultura y crear los mecanismos necesarios para facilitar a los ciudadanos el acceso a información en poder de organismos públicos y que sean de interés colectivo.

“Es deber del Estado –como lo ha señalado la CIDH y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión— remover los obstáculos que impiden la plena vigencia de los derechos humanos. En este caso, ello significa promover políticas públicas que tiendan a desarticular los patrones de conducta y las prácticas que expresan esta cultura del secreto”, señala el documento.

Los países que no cuentan con una Ley de Acceso a la Información se ven seriamente afectados al poner en riesgo los niveles de transparencia dentro de la administración pública. En este sentido el Estado, prácticamente no cumple con su obligación de rendir cuentas, al no existir una normativa legal y mecanismos que lo obligue a cumplir con tal responsabilidad.

Al no existir una autoridad central en materia de acceso a la información, cada organismo funciona según sus políticas internas.  “Eso produce situaciones insólitas, como organismos con mucha información disponible y valiosa en sus sitios de Internet mientras otros apenas ponen los datos de contacto”, detalla el informe.

En el caso puntual de Venezuela, la evaluación señala que no existe una Ley de Acceso a la información pero este derecho está consagrado en los artículos 28, 51 y 143 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Sin embargo se crearon dos leyes que limitan el acceso a la información y se creo el Centro de Estudio Situacional de la Nación organismo que se encarga de revisar y clasificar la información pública y clasifica la que es reservada.

Al cierre del informe se le hace un exhortó a los países de la región a trabajar en mecanismos legales que garanticen el cumplimiento del derecho de acceso a la información pública, para propiciar así la transparencia en las gestiones de los entes gubernamentales.