La exigencia de transparencia en la gestión gubernamental, junto al diseño, planificación y ejecución de políticas con enfoque de derechos son claves para garantizar mejores condiciones de vida a la población que padece los efectos de la Emergencia Humanitaria Compleja generada por la corrupción

Transparencia Venezuela, 16 de octubre de 2020. El derecho a la alimentación no solo está consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, sino que Venezuela ratificó, en 1978, el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en el que se manifiesta la obligación de los Estados de garantizar el derecho a un nivel de vida adecuado para la ciudadanía, entendiendo por ello el acceso a la alimentación, vestido y vivienda, principalmente.  De igual modo, la Constitución Nacional, caracterizada por su enfoque en derechos sociales, reseña en su artículo 305: “el Estado promoverá la agricultura sustentable como base estratégica del desarrollo rural integral, y en consecuencia garantizará la seguridad alimentaria de la población; entendida como la disponibilidad suficiente y estable de alimentos en el ámbito nacional y el acceso oportuno y permanente a estos por parte del público consumidor”.

En la actual realidad económica, política y social de Venezuela, tales disposiciones normativas han resultado letra muerta. El desarrollo de la Misión Alimentación, programa social ideado y ejecutado durante el gobierno de Hugo Chávez, y el despilfarro de más de 160.000 toneladas de alimentos vencidos en Puerto Cabello, estado Carabobo; fueron el inicio del patrón de gran corrupción y la sistemática vulneración de derechos en materia de seguridad y soberanía alimentaria que estaban por venir. 

Con la Emergencia Humanitaria Compleja generada por la gran corrupción, la alimentación junto con el acceso a la salud, fueron los derechos sociales más severamente comprometidos por parte del Estado venezolano. Prueba de ello son los ingresos insuficientes que percibe la mayoría de la población para la compra de alimentos, con un salario mínimo de Bs 400.000 al mes, que equivalen a 0,92 centavos de dólar, que sumado al bono de alimentación por Bs 400.000 llega a un total de 1,84 dólares. Mientras, la canasta alimentaria se ubicaba en agosto de este año en Bs 91.834.057,99 ($270,10), según el más reciente informe del Centro de Documentación y Análisis Social (Cendas). A ello se suman la caída de la producción nacional y el  aumento de los índices de población subalimentada, entre otros aspectos. 

Ante tales escenarios, la respuesta del gobierno venezolano ha sido la improvisación con la creación de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap), programa social cargado de corrupción, discrecionalidad, proselitismo político que ha impedido la transparencia, contraloría y oportuna rendición de cuentas. El resultado se resume en el robo de miles de millones a través de importaciones ficticias o de productos no aptos para el consumo y con sobreprecio. Al menos US$ 140 millones se habrían perdido por sobreprecios en los Clap.

De cara a 2020, y con la declaración de emergencia por la pandemia de COVID-19, el derecho a la alimentación es cada vez más vulnerado por la administración de Nicolás Maduro. Datos de la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida 2019-2020 señalan que solo 7% de la población encuestada no tiene inseguridad alimentaria; mientras que 33% presenta inseguridad alimentaria severa y 41% se encuentra en inseguridad alimentaria moderada, entre otros indicadores. Por su parte, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), destaca que 9,3 millones de venezolanos son víctimas de la “pandemia del hambre”, según datos de 2019. 

La población venezolana, que estaba ya en situación de fragilidad derivada de la Emergencia Humanitaria Compleja, se encuentra ahora a las puertas de una catástrofe por el impacto de la pandemia en los ya alarmantes indicadores de inseguridad alimentaria. La pandemia sorprende a Venezuela en uno de los momentos más agitados y la falta de garantías al derecho a la alimentación tendrá efectos a futuro.

La conmemoración del Día Mundial de la Alimentación debe llamar a la reflexión en torno a la necesidad de garantizar mejores de condiciones de vida para la población, en especial para los sectores más vulnerables. La exigencia de transparencia en las políticas gubernamentales, diseño, planificación y ejecución de políticas con enfoque de derechos y mecanismos anticorrupción deben ser las premisas de cara al futuro.