Después de dos años y medio de haber quedado abandonadas y en ruinas, las instalaciones del Centro de Reclusión de Procesados y Procesadas Judiciales del estado Zulia son un símbolo de la fallida política penitenciaria del autodenominado gobierno bolivariano.

La única obra nueva del régimen carcelario en el estado más poblado de Venezuela, donde hay cerca de 3 mil privados de libertad recluidos en calabozos policiales, fue dejada a medio construir y presa del más impune vandalismo. Cresmo C.A., la empresa constructora contratada sin licitación por el Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario, dejó a su suerte un complejo de 15 hectáreas y 17edificaciones destinadas a alojar provisoriamente a 850 procesados judiciales desde noviembre de 2014.

Transparencia Venezuela, el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) y la Comisión para los Derechos Humanos del estado Zulia (Codhez) realizaron en 2016 la investigación Los Papeles de la Prisión, que concluyó con una denuncia ante la Fiscalía General de la República contra la ministra Iris Varela y otros funcionarios de la administración penitenciaria por corrupción y violación de los derechos humanos de las personas sometidas a juicio penal en la región.

Revueltos y en celdas sobrepobladas

Con el escándalo de la masacre de al menos 68 detenidos y procesados en una estación de Policarabobo, ocurrida en Valencia el 28 de marzo de 2018, se confirmaron trágicamente las graves consecuencias del hacinamiento de decenas de miles de reos en comisarías y retenes policiales en todo el país, lo cual es una dura evidencia del extravío de la política penitenciaria nacional.

Como alerta premonitoria del peligro que implica la concentración excesiva de detenidos junto a procesados judiciales, e incluso presos condenados, en celdas de estaciones de policía, la organización no gubernamental Una Ventana a la Libertad advirtió – en enero de 2018-  sobre la reclusión de 1.928 privados de libertad en calabozos de la Policía Nacional Bolivariana en 16 estados. De esos, 108 están en dos comisarías de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), en el municipio San Francisco del estado Zulia, al occidente del país.

De acuerdo con el Código Orgánico Penitenciario, los procesados judiciales y la población penal deben ser ubicados en centros diferenciados y aptos para el cumplimiento de las acciones de la administración de justicia. Los ciudadanos que estén sometidos a juicio deben permanecer en centros de reclusión temporal, mientras que para los privados de libertad bajo sentencia se reservan las cárceles del país. En ambos casos, la responsabilidad de la reclusión es del Ministerio para el Servicio Penitenciario.

En cambio, los ciudadanos detenidos perentoriamente por los órganos de policía son los únicos que pueden permanecer en las celdas de recintos y retenes policiales para el arresto preventivo, hasta el momento en que se les formule cargos por los delitos que hubieran cometido.

La cohabitación forzada de detenidos, procesados y penados en calabozos de la PNB, las policías regionales y municipales y órganos como el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalística (CICPC) o el Servicio Bolivariano de Investigación (Sebin), viola la ley y, junto al hacinamiento,  constituye un riesgo mayor para la protección de los derechos humanos de los reos.

Tragedia de PoliCarabobo puede repetirse en Zulia

En los calabozos policiales zulianos en promedio caben 30 detenidos, pero se ha recluido en ellos hasta 300 o incluso más. El ex secretario de Seguridad Ciudadana de Zulia, BiagioParisi, funcionario del Ejecutivo regional en el gestión del ex Gobernador Francisco Arias Cárdenas, declaró en noviembre de 2015 que para ese momento el hacinamiento en retenes y estaciones policiales era de 128 %.

Hay 25 centros de detención policial en el estado Zulia: 15 son estaciones del Cuerpo de Policía Bolivariana del estado Zulia (CPBEZ), uno de PoliMaracaibo, uno de PoliSur, cuatro del CICPC, uno del Sebin y los retenes de San Carlos y Cabimas.

En la propia capital del estado, la ciudad de Maracaibo, actualmente no hay centros de arresto preventivo ni de reclusión de procesados, ni cárceles para los privados de libertad con condenas. La Cárcel Nacional de Sabaneta fue clausurada en 2013 y el retén de El Marite fue evacuado en 2016.

Los 3 mil reclusos procesados o penados que hay en Zulia, según la ex ministra del Servicio Penitenciario Mirelys Contreras, están distribuidos en calabozos policiales. Todos los retenes y comisarías policiales zulianos están enclavados en comunidades muy pobladas, generalmente cerca de servicios asistenciales y centros educativos, como ocurre en Maracaibo y Cabimas.

Las constantes fugas de detenidos y reos de la justicia afectan a las zonas residenciales cercanas a las estaciones de policía más hacinadas. Desde el cierre del centro de arrestos de El Marite y al menos hasta julio de 2017, 77 recluidos se fugaron de comandos policiales en Maracaibo, San Francisco, Cabimas y Villa del Rosario. En varios casos, con saldo fatal y en situaciones de serio riesgo para la comunidad.

A mediados del año pasado, el diario La Verdad de Maracaibo alertaba sobre el hacinamiento de calabozos al informar que el colapso de las estaciones de policía propicia la fuga de reclusos de alta peligrosidad, en algunos casos con la complicidad de los custodios, tal como ocurrió en octubre cuando se evadieron de la comandancia local de la PNB 14 delincuentes juzgados en tribunales.

Incumplimiento gubernamental

En 2012, la ministra Iris Varela anunció la construcción de 24 edificaciones para el régimen penitenciario. Ocho de ellas serían centros de reclusión de procesados judiciales.

Para tal propósito el presidente Hugo Chávez autorizó el 27 de diciembre de ese año un traspaso de créditos presupuestarios por la cantidad de Bs 1.482.862.550,00. El mismo mes, y en el marco de la emergencia carcelaria decretada dos meses antes por el Gobierno Nacional, Varela ordenó al Fondo Nacional de Edificaciones Penitenciarias (Fonep) la contratación de modo directo, sin licitación, de la empresa Cresmo C.A. para construir el Centro de Reclusión de Procesados y Procesadas Judiciales del estado Zulia (CRPPJEZ), ubicado al sur de Maracaibo, en el municipio San Francisco.

La obra se inició en enero de 2013 y, de acuerdo con un anuncio público de la ministra, tendría que estar concluida a fines del año. El primer desembolso para la compañía fue de Bs 130.660.870,91, pero la obra no estuvo lista y en diciembre el Fonep emitió otro pago por Bs 78.443.568,10 para continuar los trabajos de construcción en 2014.

Tras declarar que la obra llevaba hasta 95 % de avance, la ministra Varela cambió la fecha de inauguración del centro en varias oportunidades. Pero en agosto de 2015 la contratista Cresmo abandonó el lugar de la construcción y las instalaciones no terminadas quedaron sin custodia.

Durante meses, los 17 edificios a medio construir del reclusorio judicial fueron objeto de saqueos y destrozos que los dejaron en ruinas hacia diciembre de aquel año.

Para el momento del desalojo del Centro de Arrestos Preventivos de El Marite, el 9 de abril de 2016, Varela aseguró que los procesados y penados que estaban recluidos allí y que fueron distribuidos en centros penitenciarios de otros estados, serían traídos de nuevo a Zulia.

Pero ya el CRPPJEZ estaba en el más absoluto abandono, como lo pudieron comprobar Transparencia Venezuela, OVP y Codhez en la investigación conjunta para corroborar la sospecha de corrupción en el caso de la construcción de la obra y la consecuente violación de los derechos de los reos al ser recluidos en penitenciarías desde donde se imposibilitaban los traslados a los tribunales zulianos, para la continuación de sus juicios.

Abandono sincrónico

Una situación similar ocurría en paralelo en Uribana, Barcelona, Coro, Valencia, Carúpano y las afueras de Guatire, lugares donde se estaban construyendo los otros centros de reclusión de procesados judiciales prometidos en 2012 por la ministra Varela.

Transparencia Venezuela logró conocer que entre 2012 y 2016 el Fondo Nacional de Edificaciones Penitenciarias –dependencia del MPPSP- recibió en total Bs 36,4 millardos. Sin embargo, durante esos cuatro años a los proyectos de ampliación, recuperación, dotación y construcción de edificaciones penitenciarias solo se les asignaron Bs 2.401.176.821.

Las obras correspondientes a los centros de reclusión en Lara, Falcón, Carabobo, Anzoátegui, Sucre, Miranda y Zulia fueron progresivamente detenidas en distintas etapas de construcción. Los más retrasados son los de Carúpano y Coro.

El único de los 8 centros prometidos por Iris Varela que llegó a su terminación fue el Centro de Reclusión 26 de Julio, en San Juan de los Morros, estado Guárico. Todos los demás llevan de 3 a 5 años paralizados.

El Centro de Reclusión de Procesados y Procesadas Judiciales del estado Zulia y los demás recintos abandonados por el gobierno bolivariano y las empresas contratistas, son altamente requeridos para combatir el hacinamiento y la confusión de procesados, penados y detenidos en estaciones policiales y centros de arrestos preventivos.

Antes de culminar su primera gestión en el MPPSP y como reacción a la denuncia de Transparencia Venezuela, OVP y Codhez a raíz de Los Papeles de la Prisión, Iris Varela declaró en Maracaibo, el 18 de noviembre de 2016, que “la obra (el CRPPJEZ) fue paralizada por los propios trabajadores por medidas de seguridad” y que los daños a la infraestructura se debían “a actos vandálicos provocados por grupos delictivos”. La ministra nunca admitió que el proyecto fue abandonado por el Fonep y la constructora local Cresmo.

Esta compañía es una de las 28 empresas señaladas por la Asamblea Nacional de formar parte del grupo de beneficiarias de contratos directos otorgados por el MPPSP, en el marco de la emergencia carcelaria decretada por Hugo Chávez.

La Comisión Permanente de Contraloría de la AN fue incluida en una investigación de la Comisión Permanente de Contraloría del parlamento por presunta desviación de fondos públicos equivalentes a $ 6.465.000. El expediente en cuestión abriga datos sobre el caso de los centros de reclusión judicial no concluidos por Fonep y el Ministerio para el Servicio Penitenciario.