Lo que fue un baño para  hombres ahora lo ocupan 120 personas detenidas. Esa es la realidad de la sede del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc) en Ciudad Guayana. Expertos sugieren que situación similar se vive en Ciudad Bolívar y Tumeremo, también al sur del país.

Ivis Lugo carga la pena en el corazón de no saber dónde y cómo transcurrieron los últimos momentos de su hijo Luis Miguel Williams Agüero. El joven de apenas 20 años estaba recluido en las instalaciones del Cicpc Subdelegación Ciudad Guayana. De acuerdo con la versión oficial el jueves 19  tuvo convulsiones y falleció al ingresar al hospital Raúl Leoni de Guaiparo. Según el relato de su madre, presentaba heridas infectadas en una pierna y tenía paludismo. Williams Agüero llevaba apenas 22 días detenido acusado del homicidio de su padre.

Lugo relata a Transparencia Venezuela  que trajo comida, ropa y enseres a la sede del  Cicpc durante jueves, viernes y sábado y ningún responsable  le informó sobre la muerte de su hijo. “A mí sí me pareció raro que el sábado pasaron la lista y el nombre de mi hijo no estaba. Hablé con la funcionaria. Ella me dio paso  y me dijo que mi hijo no se encontraba allí. Luego salió un compañero de celda que era su amigo y me dijo: “señora, su hijo murió el jueves”. Nadie me dio información, ninguno de los funcionarios me explicó nada, yo salí de allí llorando. Las otras madres se molestaron y protestaron”.

La familia es proveniente de Santa Elena de Uairen, población ubicada a seis  horas de distancia de Puerto Ordaz.  “Este es un dolor inmenso, que no se lo deseo a nadie. No pude velar a mi hijo, yo no lo pude llevar a enterrar a Santa Elena, me lo entregaron días después. Le hicieron autopsia sin mi permiso, lo sacaron de madrugada. Eso allí es terrible, dicen los vecinos que los presos gritan de dolor porque los golpean. Mi hijo tenía una pierna herida e hinchada y paludismo. Los presos se enferman porque las aguas negras corren por los pisos al aire libre. Yo no sé si murió en la cárcel, en el CDI o en el hospital”.

De acuerdo con su relato, su hijo llegó una tarde de trabajar y consiguió a su padre muerto. Pero lo acusaron de haberlo asesinado para robarlo. “Eso es imposible, ellos se adoraban. Mi hijo cuidaba a su papá luego de un accidente cerebro vascular que tuvo”. Para finalizar relató que sus familiares en Caracas iban a colocar la denuncia ante el Ministerio Público, por todos los errores cometidos en el caso, el hacinamiento, los maltratos constantes a los detenidos entre otros asuntos.

Luis Manuel Guevara, investigador del Observatorio Venezolano de Prisiones en Caroní, afirma que la situación en los calabozos del Cicpc en todo el estado Bolívar es  un volcán a punto de estallar. Hacinamiento, insalubridad, hambre y malos tratos forman un conjunto explosivo.“Los calabozos del Cicpc en Puerto Ordaz, Ciudad Bolivar y Tumeremo son espacios como oficinas y baños acondicionados para población detenida, tanto  hombres como mujeres. En Puerto Ordaz hay un caso reciente de dos muertes por maltrato o tortura, no se sabe si por parte de los funcionarios o de la población penal. Muere un muchacho y se achaca la muerte a un grupo de penados.  Allí hay desborde de aguas negras, sarna, tuberculosis, paludismo. Son personas que no deberían estar allí, no tienen ni siquiera dónde hacer sus necesidades”.

Hay que resaltar que estos espacios son calabozos transitorios, diseñados para que el sujeto no pase más de 48 o 72 horas, que es el tiempo en que detienen  al ciudadano y hacen la audiencia de presentación. Una vez que se dicta medida privativa de libertad, el penado debería ir a un centro de reclusión, que es Vista Hermosa en Ciudad Bolívar, el cual se encuentra sobrepoblado. Desde hace unos seis años para acá, envían a los presos a las comandancias o calabozos del Cicpc. Algo así como que cada comandancia se encarga de sus propios presos.  Lo cual constituye una violación flagrante a los derechos humanos de los penados.

Colapso factible

Cualquiera de los sitios  de reclusión que sirven como cárceles en Bolívar está en riesgo total y  puede ser un detonante para un colapso dice por su parte Pableysa Ostos, reconocida periodista de sucesos e investigadora de la ONG Una Ventana a la Libertad. “Te voy a dar el ejemplo más gráfico es que el calabozo del Cicpc, era antes  el baño de caballeros  y allí hay como 120 personas. Similar situación se presenta en la comisaría de Vizcaíno, donde las reclusas están en un espacio reducido, ellas allí tienen hasta cocina y hay al menos 80 reclusas. Cualquiera de estos sitios es delicado, por el tema del hacinamiento”.

Continuó explicando Ostos: “cada vez son más las personas que quedan pagando condena en estos lugares, ya sea por retardo procesal, porque en las cárceles la decisión de si te vas o te quedas es del pran, y porque como dice Fermín Mármol León, los policías ahora se volvieron carceleros, la cual no es su condición.  Esos detenidos deberían estar allí sólo 48 horas mientras se hace la presentación y se decide a qué centro de reclusión deben ir”.

Esta situación violenta el artículo 272 de la Constitución Nacional, el cual reza: “El Estado garantizará un sistema penitenciario que asegure la rehabilitación del interno o interna y el respeto a sus derechos humanos. Para ello, los establecimientos penitenciarios contarán con espacios para el trabajo, el estudio, el deporte y la recreación; funcionarán bajo la dirección de penitenciaristas profesionales con credenciales académicas universitarias y se regirán por una administración descentralizada, a cargo de los gobiernos estadales o municipales, pudiendo ser sometidos a modalidades de privatización.

Y el artículo 6 del Código Orgánico Penitenciario,  también se ve vulnerado.  Establece  que el Estado garantiza la construcción, adecuación, mantenimiento y dotación de sedes penitenciarias, aptas en cantidad y calidad, que cuenten con espacios apropiados para el alojamiento y la convivencia de las personas privadas de libertad, así como para la recreación, educación, formación, expresión artística, práctica deportiva, el trabajo, la atención médica y sanitaria, aplicando los avances científicos y tecnológicos existentes en cada una de estas áreas.

Mini cárceles con hacinamiento

En Bolivar existen 22 centros de reclusión entre civiles y militares, según el informe llamado “La muerte y la violencia asedian a los privados de libertad. Situación de los derechos humanos en los centros de detención preventiva en Venezuela 2017”, elaborado por la ONG Una Ventana a la Libertad. Con esa concentración de centros, es el tercer estado con mayor población penal en Venezuela.

Luis Manuel Guevara  indicó que en Guayana hay una situación puntual  que es el traslado de los presos al Centro Penitenciario de Oriente, mejor conocido como El Dorado. “Cuando la persona no es internada en Ciudad Bolívar en Vista Hermosa, sino en El Dorado, se presentan varias situaciones y es una doble condena para el penado. No se está en la jurisdicción del tribunal, sino a más de cuatro horas de ida y vuelta a una zona que por su economía minera maneja todo en efectivo. Allí un plato de comida puede costar hasta tres millones de bolívares. Ese centro no cuenta con transporte para traer a los detenidos a las audiencias. Entonces,  no solo lo condenan a prisión, lo alejan de sus familiares, lo condenan al hambre y las necesidades. Se establece que para lograr la reinserción social se necesita el apoyo directo de las familias y esto aquí se incumple”.

Sostuvo además que  hay un sistema carcelario paralelo, las cárceles que dependen del sistema penitenciario nacional y las comisarías que se han convertido en mini cárceles, en las cuales se presenta hacinamiento, enfermedades, hambre, muerte  y violencia. “Por ejemplo, los centros de coordinación policial dependientes de la gobernación están abarrotados, hay muchos seres humanos hacinados en espacios muy pequeños. La comisaría de Guaiparo es una de las más grandes, depende de la policía del estado y alberga a  más de 200 personas”.

Una realidad nacional

Humberto Prado, director del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), se ha convertido en una de las voces que más firmemente ha opinado sobre la situación carcelaria en Venezuela. Por ejemplo para el 24 de abril de 2018 anunció a medios nacionales que el hacinamiento de la población detenida es de 230% en el país. OVP  destacó, en nota de prensa publicada en su portal web,  que durante los primeros 52 días del año 2018 se ha evidenciado el colapso del sistema penitenciario en las cárceles venezolanas, por lo que temen que este año supere en cifras negativas al 2017.

Según cifras obtenidas por el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) y publicadas en su portal, en el primer mes del año se reportaron 13 muertos, 5 heridos, 1016 presos en huelga de hambre para protestar en contra de la constante violación a sus Derechos Humanos, otros 74 en huelga de sangre y 50 fugas.

Solo en el mes de febrero se registraron 13 muertes violentas, 5 heridos, y 40 fugas, denuncian desde OVP. Esto se traduce en que durante los primeros dos meses del año 2018, se reportan una sumatoria  de 26 muertos, 10 heridos, 1016 presos en huelga de hambre por el respeto a sus derechos humanos, 74 en huelga de sangre, y una preocupante y elevada cifra de 90 reclusos que se han fugado de las cárceles y Centros de Detención Policial.