Transparencia Venezuela, 30 de abril de 2022.  En medio de un contexto de crisis económica, política y social que no ha cesado en Venezuela, el gobierno de Nicolás Maduro decidió condonar USD 70 millones de la deuda que San Vicente y las Granadinas mantenía con Petrocaribe. Además, el gobernante se habría comprometido a reiniciar los acuerdos con los países miembros de la alianza con un descuento del 35% en el precio del combustible.

Esta acción apuntaría a la eventual reactivación de lo que en tiempos de Hugo Chávez se denominó la diplomacia de “petrochequera”, que no fue más que el financiamiento de países aliados en la región a cambio de lealtades en el escenario diplomático. Expertos coinciden en que en el gesto de “generosidad” hacia el gobierno de la isla han prevalecido los intereses políticos en detrimento de los beneficios económicos y el bienestar de los venezolanos.

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Por otra parte, llama la atención la falta de transparencia que marcaron las negociaciones entre ambos países, toda vez que el Gobierno venezolano no ha emitido información oficial al respecto. Los detalles del presunto acuerdo los dio a conocer el Primer Ministro de San Vicente y las Granadinas, Ralph Gonsalves, tras su regreso de Venezuela, donde estuvo por dos semanas para revisar las alianzas bilaterales y someterse a un tratamiento médico. 

Gonsalves ha estado al frente de la relación política y comercial con Venezuela desde 2004, cuando se creó la Empresa Mixta PDV Caribe Saint Vincent and the Grenadines Limited, con 55% de participación de PDV Caribe, filial de Pdvsa, y 45% de la administración sanvicentina. 

Los acuerdos que se habrían consolidado durante el encuentro que sostuvieron los dos mandatarios, el lunes 25 de abril en el Palacio de Miraflores, serían la antesala para “una reactivación real de Petrocaribe”, según dijo Gonsalves. Así lo había anunciado Maduro en febrero pasado, cuando señaló que la alianza petrolera regional, conformada por 18 países, recuperaría su vigor tras enfrentar varios años de dificultades, a raíz de la caída de los precios del petróleo. 

Sin embargo, el director de Ecoanalítica, Asdrúbal Oliveros, en conversación con Transparencia Venezuela, estimó que se trata de un gesto simbólico, pues, aunque el monto equivale a entre 8% y 9% del Producto Interno Bruto (PIB) del país caribeño, solo representa 2% de los ingresos fiscales previstos para este año en Venezuela. El economista enfatizó que “no están dadas las condiciones financieras” para el relanzamiento de dicho mecanismo de cooperación energética. 

Lo que se sabe 

A su llegada a San Vicente y las Granadinas, el Primer Ministro Ralph Gonsalves informó que el gobierno venezolano había exonerado la deuda de US$70 millones (189 millones de dólares en la divisa local) contraída años atrás con Petrocaribe. Además, dijo que Maduro se comprometió a reiniciar los acuerdos con los países miembros de Petrocaribe con un descuento del 35% en el precio del combustible.

El auxilio incluye la donación de unas 150 viviendas prefabricadas para las personas afectadas por la erupción del volcán La Soufreire, en 2021, así como el envío mensual de urea para utilizarla en fertilizantes agrícolas y asfalto.

En tanto, el especialista en derecho internacional Mariano De Alba ha señalado que Venezuela reduciría en 50% la deuda pendiente de otros cuatro países de Petrocaribe. Según lo que publicó en la red social Twitter, esos países son Antigua y Barbuda, Dominica, Granada y San Cristóbal y Nieves. La suma total del monto exonerado sería de aproximadamente $370 millones.

“Harían evidente el alivio percibido por el aumento de los precios del petróleo, pero minimizando que la mayoría de los venezolanos continúa viviendo una situación humanitaria y económica muy compleja”, precisó De Alba.

A juicio del economista Jesús Palacios Chacín, de Ecoanalítica, la exoneración de la deuda y otros beneficios a países pequeños que integran Petrocaribe tiene un tinte más político que económico. “En el escenario geopolítico actual, representa una posibilidad de reconocimiento para el gobierno venezolano en la región, además de obtener respaldos en foros internacionales como la ONU y la OEA”, declaró para Transparencia.

Viejos hábitos

Transparencia Venezuela ha hecho seguimiento minucioso a la relación político-económica con los países del Caribe que forman parte de Alba y Petrocaribe, los cuales han manejado una ingente cantidad de fondos públicos sin control y sin rendición de cuentas. 

Las características de los acuerdos, que crearon la flexibilidad para el pago a largo plazo del petróleo y con condiciones desfavorables para el país, están reflejadas en boletines anuales publicados desde 2012 y en informes como Mecanismos de Financiamiento y Compensaciones, de 2019, en los que se detalla que los países miembros solo debían cancelar a Venezuela 40 dólares de contado, cuando el precio del barril del petróleo superara los $100.

Asimismo, ha alertado sobre los vacíos de información que propician ambientes de alta discrecionalidad en el uso de los fondos y corrupción. Según cálculos de la organización, para ese entonces Petrocaribe adeudaba US$6.700 millones al país, es decir 42.000 millones de bolívares, una cifra igual al 50% del presupuesto anual de la Nación por ingresos petroleros. 

Las investigaciones muestran cómo Venezuela aportaba más de lo que recibía y que la mayoría de los proyectos financiados se desarrollaron en los países de la alianza. Entre ellos destaca la construcción, en 2005, de un nuevo aeropuerto en San Vicente y las Granadinas. En contraprestación, los aliados favorecidos mantuvieron el apoyo al país en escenarios internacionales.

Para el internacionalista Henkel García, es incomprensible que en lugar de reclamar la deuda se decida perdonarla, sobre todo porque son recursos que le hacen falta al país y porque los países beneficiados, en el caso San Vicente y las Granadinas, tienen un PIB per cápita más elevado que el nuestro. “Además, se insiste en un esquema que llevó a que se creara la deuda. Esto va en detrimento de los intereses de la nación y es como una bofetada al pueblo venezolano”, señaló el entrevistado.

En la línea de una relación costo-beneficio con estos países, Palacios Chacín apuntó que, aunque Venezuela está en un momento de alivio financiero, aún  percibe una cuarta parte de los ingresos que tuvo en los tiempos de la diplomacia de la “petrochequera”. Por tanto, considera un error que el gobierno apele a viejas fórmulas para asegurar alianzas que le permitan volver al foro internacional. 

Sin condiciones

Para el también economista y director de Ecoanalítica, Asdrúbal Oliveros, pese a la leve mejora que experimentan las finanzas públicas venezolanas, el país no está en su mejor momento y ve muy lejos la posibilidad de reactivar Petrocaribe.  “Los ingresos que va a recibir este año estarían por el orden de los 18.000 millones de dólares. Eso es 80% más que el año pasado, pero es la mitad de lo que percibió en 20019. Si lo comparamos con 2013, representa apenas un 20% de lo que ingresó ese año”.

Además, explicó que los compromisos que tienen con Petrocaribe esos países pequeños, con sistemas financieros poco desarrollados y sin acceso a mercados internacionales, son muy difíciles de cobrar. “El total de esa deuda, USD 5.000 millones, estuvo en principio en manos de Fonden y luego fue transferido al BCV, donde recibió tratamiento de fondos tóxicos, que difícilmente se podían pagar en el corto o mediano plazo”.

Coincidió en el bajo impacto económico de los montos exonerados, y en que, dadas las características de paraíso fiscal de San Vicente y las Granadinas, el gesto simbólico del Gobierno venezolano a una profundización de relaciones con esos países ante las restricciones impuestas al sistema financiero ruso por la invasión de Ucrania.

Los especialistas también concordaron en que la opacidad y en la ausencia de contrapesos de poder han permitido al gobierno actuar con discrecionalidad y arbitrariedad. Conocer las estimaciones, costos, condiciones de los contratos, plazos y el impacto social y económico de los acuerdos, son algunos de los detalles que los venezolanos deberían conocer, pero sobre los cuales el gobierno guarda un hermetismo que en nada beneficia al ciudadano común que padece los estragos de una dura crisis.