La exposición pública del cuestionado procedimiento en un club situado en Valencia, estado Carabobo, en el que una comisión de la Policía Nacional Bolivariana detuvo a integrantes del colectivo LGBTI+, forzó al Ministerio Público a desistir de procesar a los aprehendidos y a presuntamente imputar a los agentes por incitación al odio
Transparencia Venezuela, 17 de octubre de 2023.- La denuncia pública es una herramienta poderosa con la que cuentan los venezolanos para exponer abusos y conseguir que los mismos sean corregidos, aunque sea parcialmente. El caso de los 33 hombres que en julio pasado fueron detenidos en un cuestionado procedimiento policial realizado en la ciudad de Valencia, estado Carabobo, es prueba de ello. La exposición del caso no solo forzó al Ministerio Público a dar marcha atrás y desistir de sus intenciones iniciales de procesar a los aprehendidos, sino que ahora ha servido para que a los policías que los detuvieron sean sometidos a investigaciones penales, señaló Suprema Injusticia.
“Los funcionarios policiales que (…) participaron en el hecho están siendo investigados por haber ellos, de manera irregular, posteado fotos de los que fueron detenidos, sin que hubiera una investigación del Ministerio Público”, anunció el fiscal general impuesto la extinta Constituyente, Tarek William Saab, al comparecer ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas para participar en el V Examen sobre el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos por parte de Venezuela
Casi tres meses después de ocurridos los hechos, Saab también anunció que los agentes de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) involucrados en el caso serán imputados por delitos de incitación al odio y trato cruel y degradante.
De acuerdo con el portal, la decisión parece insuficiente, pues, en virtud de lo expuesto por las víctimas, los uniformados que allanaron el club Avalon sin orden judicial y sin que tuvieran motivos para creer que dentro se estaba cometiendo un delito. Asimismo, los llevaron detenidos bajo engaño y no les permitieron comunicarse con sus familiares y abogados sino hasta horas después de lo ocurrido.
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El caso de los 33 de Valencia fue abordado por el Comité de Derechos Humanos de la ONU, cuyos miembros consideraron que se trató de un hecho que suponía un ataque en Venezuela contra el colectivo LGBTI+, versión que fue negada por las autoridades.
Pero Tarek William Saab no solo negó que lo ocurrido a los miembros del colectivo gay se pueda considerar un ataque por razones de sexo, género u orientación sexual, sino que también denunció la “mutación” del concepto de desapariciones forzadas para hablar de desapariciones forzadas de corta duración.
La Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos de Venezuela de la ONU sostiene que la desaparición forzada de corta duración es una práctica recurrente en el país, aunque se ha venido reduciendo, al igual que las protestas antigubernamentales.
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