La decisión del Gobierno de enviar a los tribunales militares a los detenidos durante las protestas y disturbios ha alarmado a juristas y activistas de Derechos Humanos, los que la consideran “inconstitucional”.  Dichas voces han hallado en el Ministerio Público un aliado inesperado e importante.

El despacho dirigido por Luisa Ortega Díaz tampoco ve con buenos ojos que la justicia militar procese a civiles y por ello este martes 9 de mayo pidió al Tribunal 1 de Control del Zulia que asuma el caso de los 14 jóvenes detenidos recientemente en la localidad de Villa del Rosario, por supuestamente participar en el derribo de una estatua del fallecido Hugo Chávez y en otros hechos vandálicos, el cual está en manos de jueces uniformados. Lee más acerca de esta noticia