Transparencia Venezuela, 31 de mayo de 2019.- Para desmantelar la estructura de Gran Corrupción que se ha instaurado en Venezuela y sancionar a los responsables de dilapidar recursos mil millonarios del erario público es necesaria la construcción de un sistema de justicia heterodoxo con el apoyo de expertos internacionales en la materia.

La consideración es uno de los resultados de la consulta adelantada por Transparencia Venezuela, con el propósito de arrojar luces sobre la necesidad de aplicar mecanismos efectivos y confiables de justicia cuando inicie la reconstrucción del tejido institucional del país.

De acuerdo a los resultados del estudio se evidencia cierta aceptación de los participantes en solicitar la colaboración internacional en algún nivel del proceso de impartir justicia.

Mercedes De Freitas, directora ejecutiva de Transparencia Venezuela, enfatizó que es necesario acabar con la impunidad que ha reinado en las últimas dos décadas, pues la Gran Corrupción, que se traduce en una emergencia humanitaria compleja, está haciendo estragos en los venezolanos de todos los sectores y grupos socioeconómicos, aunque las más devastadoras consecuencias se registran en la población más vulnerable, de menor ingreso y bajo nivel educativo.

“¿Podemos hacerlo solos? ¿Con la policía, la Fiscalía y los tribunales que tenemos será suficiente para investigar los casos de corrupción, juzgarlos y sancionar a los culpables? Nosotros creemos que después de 20 años en los que no se han hecho investigaciones reales de casos de corrupción, donde la impunidad en la Gran Corrupción ha sido tan grande, requerimos ayuda internacional y, quizás, lo más probable es que tengamos que construir un mecanismo heterodoxo de justicia”, afirmó.

Transparencia Venezuela adelantó la consulta entre 106 personas, entre las que destacan académicos, profesionales liberales, integrantes de organizaciones de la sociedad civil, representantes de movimientos de derechos humanos, gremios y sindicatos, entre otros.

La temática estuvo centrada en la posibilidad de otorgamiento de amnistía o perdón, los sujetos que serían beneficiados en procesos de juicio por corrupción, los tipos de beneficios o sanciones a considerar, los casos en los cuales sería posible una negociación, las instancias a eliminar o crear, las capacidades nacionales disponibles para enfrentar la lucha anticorrupción y los requerimientos de apoyo internacional.

También se realizó una consulta a nueve expertos, reconocidas por su capacidad para hacer validaciones y emitir opiniones calificadas, con la finalidad de realizar un acercamiento más especializado respecto a algunos temas puntuales.

“Nosotros creemos que necesitamos apoyo internacional en la capacitación de funcionarios, en la recomposición de los órganos, en los criterios y procedimientos de selección y quizás, en algunos casos, sea necesario pensar en algunas fiscalías como las que hay en Guatemala, en Honduras, en Timor, donde ha habido grupos internacionales que se ocupan de las investigaciones, mientras van formando y fortaleciendo las estructuras nacionales para que sean capaces de enfrentar el poder de la corrupción en el país ”, apuntó De Freitas.

Yonaide Sánchez, coordinadora de Transparencia Venezuela en el estado Lara e integrante del equipo de investigación, aseguró que del análisis de los resultados se desprende, a partir de experiencias de otros países, la posibilidad de sancionar leyes de delación premiada, de transparencia y acceso a la información, de extinción de dominio, así como reformas al Código Penal, la Ley contra la Corrupción, entre otros instrumentos legales.

“Si algún corrupto delata a otro, y esa delación es indispensable para castigar a los responsables, se le podría rebajar la pena. Esos son los temas que aparecen en este estudio. La información que obtuvimos es importante para ver qué están pensando las organizaciones y expertos en el tema sobre sancionar la corrupción en el momento que se pueda”, acotó Sánchez.

Dijo que Transparencia Venezuela está adelantando otras consultas y entrevistas con expertos para construir propuestas concretas, que luego serán consultadas con la ciudadanía.