«Recurrimos a fuentes secundarias por la falta de datos oficiales de ambiente»
Por Carmen Victoria Inojosa
Los indicadores ambientales en Venezuela son una zona desierta. Bibiana Sucre y Jon Paul Rodríguez, directora ejecutiva y presidente de la ONG ambientalista Provita, respectivamente, coinciden en las dificultades y opacidad para encontrar datos sobre el estado del ambiente. Desde 2018 las autoridades ambientales del gobierno no publican su rendición de cuentas.
“Una gran preocupación que tenemos en Provita es la posibilidad de medir lo que está pasando”, dice Sucre. Para que Provita pueda editar su Libro Rojo de la fauna venezolana, depende de las salidas de campo para conocer la situación de las especies. “Si las personas no pueden hacer ese trabajo, por toda la situación del país, no hay suficientes datos para actualizar esa información”, agrega Sucre. Esto limita los planes de acción y la toma de decisiones en política ambiental.
¿Ustedes consideran que es importante la transparencia en materia de información ambiental, particularmente en un punto que ustedes atienden que es la biodiversidad?
—Bibiana: La información es la base para decidir, tomar las mejores decisiones en políticas públicas. Las políticas públicas tienen que partir de la mejor evidencia disponible y esa evidencia debe estar en datos que el venezolano pueda acceder y conocer. Esa es la importancia de los datos en todo, en todas las ramas de la política pública, en ambiente es igual.
—Jon: Todas las cosas que nosotros hacemos están marcadas en la conservación basada en evidencias y creemos que las políticas públicas deben estar inspiradas en toda esa información. Nosotros siempre promovemos ese proceso y creemos también que toda esta información debe estar libremente disponible para el público, de forma tal que cualquiera pueda hacerse su propia opinión.
¿Cómo caracterizan el acceso a la información ambiental en Venezuela?
—Jon: Si ha habido como una intención, pero realmente no se refleja en aumento de la capacidad institucional ni presupuesto. Es muy difícil conseguir información sobre los detalles del estado del ambiente. Recurrimos, en el caso del sur de Venezuela, a investigaciones en remoto. Hacemos también consultas con expertos sobre diferentes temas. Recurrimos a esas fuentes secundarias de información porque no hay datos oficiales del Estado en materia de ambiente que estén libremente disponibles. Eso no está, no existe. Tenemos que recurrir a otros métodos. Hay informaciones esporádicas, de diferentes intervenciones gubernamentales por hechos particulares, pero no es una actividad sistemática.
—Bibiana: En general, en Venezuela no es un tema del gobierno actual. Ha habido mucha debilidad en la disponibilidad de datos ambientales. Pero sí se ha agravado. Uno antes podía acceder a esos datos. Hoy en día, no están disponibles o al menos hasta la última vez que intentamos. Hay un portal oficial de diversidad biológica, pero la información todavía no es tan fuerte como quisiéramos que sea.
¿Tienen conocimiento de si se están haciendo estudios de impacto ambiental desde el ente gubernamental?
—Jon: No. Lo cierto es que hay mercurio en todas partes. Eso es grave. La concentración de mercurio es muy alta y es muy común que le digan a uno: “no comas pescado más de dos veces a la semana”. O algo por estilo. Especialmente los peces depredadores, como los atunes, porque es bien sabido que acumulan mercurio y otros materiales. Aquí en Venezuela hay información anecdótica. Uno escucha siempre que hay mucho mercurio en los peces de agua dulce; en el mercado de pescados de Bolívar hay que tener cuidado. Pero no son datos que tenemos.
—Bibiana: Sí hubo un estudio de hace mucho tiempo que valdría la pena comparar con la actualidad. El temor es que puede haber aumentado por cómo se ha visto crecer la minería.
Que ustedes recuerden, ¿cuál fue el último estudio que se hizo en Venezuela sobre impacto ambiental?
—Jon: Yo recuerdo dos libros que fueron publicados por la Fundación Bioma. Fueron unas auditorías ambientales de finales de los ochenta o principios de los noventa. Era una combinación de fuentes oficiales, pero incluso información confidencial que obtenían de maneras distintas. Pero nunca más, que yo sepa, se ha repetido de manera así nacional o sistemática.
¿Qué tanto daño hace que en el país sea tan difícil la disponibilidad de datos en materia ambiental?
—Bibiana: Un ejemplo concreto son las estaciones hidrometeorológicas. Antes se podía acceder a ellas. Hoy en día, no están disponibles o al menos hasta la última vez que intentamos. Así es muy difícil establecer un plan de adaptación al cambio climático o de mitigación, si no tienes datos de lo que está pasando realmente con el clima en nuestro país: temperatura, precipitaciones y en qué momento están ocurriendo, su intensidad.
En los últimos años, sobre todo con la creación del proyecto Arco Minero del Orinoco, ¿cuál es la principal amenaza en la biodiversidad y qué regiones están más afectadas?
¿Cómo la crisis de servicios públicos, por falta de gas y agua, podría estar impactando a la biodiversidad? ¿Lo han podido medir?
Bibiana: No hay datos; o sea, hay datos a partir de encuestas. Lo hemos hecho en la isla de Margarita, simplemente preguntando en las comunidades cuánta leña extraen del bosque, cuánto están utilizando. En general, la respuesta es que se está usando más por la falta de disponibilidad de gas. Por lo que nosotros hemos entrevistado, la gente busca la leña ya caída, leña seca. Es que hasta que no haya estudios sistemáticos de la situación de las poblaciones en los distintos lugares, se podría especular.
¿El Estado garantiza la conservación de la biodiversidad y el cumplimiento de normas nacionales e internacionales en las concesiones para la construcción de grandes hoteles turísticos o en la extracción de oro?
—Bibiana: Es que en la medida que no haya datos de conocimiento público, es como que no hay nada, no se puede saber nada. Las denuncias son muy fuertes de los impactos que hay en el Arco Minero del Orinoco o en Cuare, que es en donde estaba otro de estos desarrollos turísticos, pero lo que no se mide no se conoce.
¿Y en los últimos años ha aumentado la amenaza a especies, bosques, producto de lo que estamos viviendo de daño ambiental?
—Jon: Los datos que tenemos nosotros, que son de ecosistemas y cambios en la cobertura de ecosistemas, son un poquito viejos, hasta el año 2010 más o menos. Reflejan el impacto ocurrido cincuenta años atrás, entonces no tenemos realmente esa información. Lo que tenemos más es sobre el sur de Venezuela por lo que Bibiana estaba conversando de la minería y la agricultura. Está claro que la frontera de la deforestación sigue avanzando. Eso no es una opinión; es un hecho.
¿Cómo consideran que los hechos de corrupción pueden afectar la biodiversidad? ¿Cómo identificarlos y hacer denuncias?
— Bibiana: Con el tema del tráfico de fauna, a veces las autoridades no responden a la denuncia o hay reportes anecdóticos de casos donde están involucrados en estas cosas. Es difícil lo que se puede hacer.
¿Y qué papel puede desempeñar la contraloría social ante irregularidades como abusos de poder y corrupción que podrían estar perjudicando la biodiversidad?
—Jon: Yo creo que en un ambiente como el de nosotros, que está tan cargado políticamente, hay que ser muy cuidadoso de hacer denuncia. Existen las formas oficiales, la Fiscalía, el Ministerio de Ecosocialismo; existen las redes sociales. Más allá de eso, no sé qué más se puede hacer. No existe una contraloría social ambiental de la sociedad civil establecida. Eso no hay realmente como estructura, sino son estas redes informales de denuncia y de información.
¿Hay interés de los organismos internacionales con respecto a la situación ambiental en Venezuela?
—Bibiana: Se ha volcado la mirada, pero los problemas en Venezuela los tenemos que resolver los venezolanos. Podemos buscar ayuda internacional para acceder a recursos, pero en la medida en que no trabajemos juntos todos los sectores, pues es muy difícil lograr un cambio.
En estos hechos que ya hemos hablado, ¿quiénes han sido los actores responsables de los riesgos y delitos ambientales mencionados?
—Bibiana: La responsabilidad de la gestión ambiental del país está en los ministerios y en las gobernaciones.
—Jon: Yo creo que si uno revisa a cualquier nivel, desde el ciudadano común hasta la persona más poderosa, hay casos de violaciones ambientales. Efectivamente, no es como un gran tema de interés en general desde el punto de vista de los medios, ni de las autoridades gubernamentales. Nuestra cultura en Venezuela es extractivista minera. Todo el mundo percibe que la naturaleza es nuestra fuente de beneficio, entonces es muy común, cuando hemos hablado con gente que captura un traficante de loros, no sentir que eso es tan grave como robar un supermercado. Y eso es lo que ocurre con los ilícitos ambientales, que son vistos como menos graves que los ilícitos convencionales.
Y a partir de esa documentación que ustedes han hecho, ¿nos pueden indicar tres preocupaciones actuales de Provita con respecto al ambiente?
—Bibiana: Una gran preocupación es la posibilidad de medir lo que está pasando. Por ejemplo, nosotros hacemos los libros rojos de fauna, pero eso depende de que la gente pueda ir a campo y conocer la situación de esas especies en sus ambientes naturales. Si las personas no pueden hacer ese trabajo, por toda la situación que estamos viviendo, pues no hay suficientes datos para actualizar esa información. Obviamente, también el tema de la minería, sobre todo sin regulaciones, sin un control y ocurriendo dentro de áreas naturales protegidas, en territorios reconocidos como territorios indígenas; eso es una preocupación muy grande también.
Otra cosa importante con el tema de la disponibilidad de datos y de la ordenación de las actividades económicas, es la planificación territorial. Al final todo pasa por eso y por velar por eso. Tú quieres promover minería en el estado Bolívar, que además es una actividad que también tiene cien años. No es que nos opongamos a que haya minería, pero identifiquemos los lugares, trabajemos juntos las organizaciones de la sociedad civil, las organizaciones comunitarias de base, los pueblos indígenas y las organizaciones gubernamentales; trabajemos juntos para identificar cuál es el lugar en donde eso puede tener menor impacto socio-ambiental. Y eso parte por tener la información de la biodiversidad, tener la información del agua, de las comunidades que están allí y la colaboración.
Fotos: Mairet Chourio y archivo
