Caracas. 26.11.2015. Transparencia Venezuela y Monitor Legislativo, presentaron el Balance de la Gestión Parlamentaria del 2011 al 2015. Los resultados son desalentadores. Los ponentes invitados coincidieron en señalar que durante el periodo parlamentario en la Asamblea Nacional no se debatieron los principales problemas que aquejan a los venezolanos y que, por el contrario, se privilegiaron intereses partidistas.

El balance también muestra que en materia de  lucha contra la corrupción y ante los escándalos que estremecieron la opinión pública, la fuerza dominante en el Parlamento se mantuvo cómplice; destacando casos tan graves como la presunta desviación de más de 20 mil millones de dólares de la extinta Comisión de Administración de Divisas (CADIVI, demostrando una falta tremenda en su deber de controlar al Poder Ejecutivo.

Durante el periodo 2011 – 2015 la Asamblea Nacional se convirtió en una ‘’máquina’’ de aprobar créditos adicionales, incumpliendo su obligación constitucional de preservar el equilibrio de las cuentas públicas, debido a esto, en lugar de frenar el debacle, los diputados aceleraron la crisis económica que actualmente golpea a la ciudadanía.

La diputada Vestalia Sampedro, integrante de la Comisión de Finanzas durante este periodo, señaló que “los ingresos ordinarios deben ser suficientes para cubrir los gastos ordinarios y que para los gastos no previstos el artículo 314 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela señala que no se hará ningún tipo de gasto que no haya sido previsto en la ley de presupuesto y que solo podrán decretarse créditos adicionales siempre que el tesoro nacional cuente con recursos para atender la respectiva erogación” agregó que “por el contrario el modelo económico socialista equivocó la ecuación ocasionando el mayor déficit fiscal histórico que haya tenido el país, paradójicamente con el mayor volumen de ingresos e incrementó  el gasto público sin la producción de bienes y servicios dejando como consecuencias inflación, dependencia de importaciones, endeudamiento, agotamiento reservas líquidas, anularon el FEM, escasez, quiebra aparato productor nacional, corrupción.

Además de examinar esta legislatura, Transparencia Venezuela y Monitor Legislativo ofrecieron recomendaciones a la próxima Asamblea Nacional, a la cual se sumaron otras organizaciones de Derechos Humanos como Espacio Público, Un Estado de derecho y Paz Activa.

El director de la ONG Espacio Público, Carlos Correa, resaltó la importancia de designar un Consejo Moral Republicano y unos magistrados del TSJ acorde a la ley, y remover a los designados por vía de hecho. “Como parte del rescate del debido proceso se debe revocar a los rectores del CNE, magistrados del TSJ y miembros del Poder Ciudadano nombrados fuera de los procedimientos constitucionales”.
Por su parte, Luis Alfonso Herrera, directivo de la ONG Un Estado de Derecho, agregó: “Hay que revisar y revocar las decisiones de nombramientos al menos de 2014 porque se trata de poderes que no pueden estar en manos de actores políticos y, además, son poderes que han actuado contra la integridad de los diputados de la Asamblea Nacional y no extrañaría que volvieran a hacerlo”.

La profesora de Derecho Tamara Adrián, candidata a la AN, apuntó: “es de gran pertinencia e importancia proceder al nombramiento de los órganos públicos acorde a la Constitución, no para imponer a otras personas obsecuentes con la nueva mayoría sino para que se cumpla lo que dice la Constitución”.

Finalmente Mercedes De Freitas, presento e hizo entrega de los compromisos  que deberían asumir los candidatos en los que destacan la publicación de información de sus gestiones, que garanticen las condiciones de equidad, se comprometan con el dialogo y que se realice una distribución numérica de las presidencias de las comisiones. En caso de ser electos y una vez firmado el compromiso, Monitor Legislativo hará del conocimiento público todos los compromisos adquiridos publicándolos en el portal web www.eligetucandidato.org y las organizaciones que lo conforman.