La sociedad venezolana, no cuenta con un instrumento jurídico que garantice el reguardo a los datos personales. La situación pone en minusvalía a los ciudadanos a la hora de dar información de interés personal y que esta sea manejada por los organismos del Estado u alguna organización.

La conclusión se desprende del informe Saber Más, en su tercera entrega, en el cual se mencionan casos que constituyeron una grave violación de la privacidad de los ciudadanos, como por ejemplo la recordada Lista Tascón, que expuso ante la opinión pública, la información completa con nombre, apellido, número de cédula y otros datos, a las personas que solicitaron un referéndum revocatorio en contra del para aquel entonces presidente de la República, Hugo Chávez Frías.

Pese a no existir un marco legal que regule la protección de datos personales, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, señala en su artículo 60, que “toda persona tiene derecho a la protección de su honor, vida privada, intimidad, propia imagen, confidencialidad, y reputación. La Ley limitará el uso de información para garantizar el honor, y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos”.

A esto se suma el artículo 28 de la Carta Magna, el cual señala que “toda persona tiene derecho a acceder a la información que sobre si misma o sobre sus bienes consten en registros públicos o privados”

Asimismo, la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, (TSJ), también precisa en su artículo 167 que los ciudadanos tienen derecho a conocer la información que sobre ellos se refiera y esté contenida en los archivos de los bancos públicos y privados, además podrá solicitar la confidencialidad.

En la historia reciente, hay casos de personas que han emprendido acciones legales por considerar que está siendo violado su derecho a la privacidad en lo referente a sus datos personales. Nuevamente en el año 2004, salió a relucir la lista Tascón, reflejada en un portal que lleva el mismo nombre.  En este caso, el ciudadano Gustavo Azocar solicitud al TSJ una acción de habeas data, para lograr la destrucción de sus datos personales reflejados en esta página con fines políticos discriminatorios; según recoge el informe Saber III.

Con la puesta en marcha del XIV Censo Nacional de Población y Vivienda 2011, que realizará el Instituto Nacional Estadísticas, surgen nuevamente las dudas acerca de la confiabilidad de dejar datos personales en manos del Estado.

Con relación al tema un grupo de personas han manifestado no tener confianza sobre el manejo que se le pueda dar a la información recogida durante la jornada que permitirá actualizar los datos de población y las condiciones en las que habitan los ciudadanos en Venezuela.

En este sentido, voceros del partido Copei, han manifestado su preocupación por varias de las preguntas reflejadas en el censo, las cuales consideran discriminatorios, invasivas y violatorias de los artículos 2, 19, 22 y 23, por esta razón representantes de la coalición política introdujeron ante el TSJ una medida de nulidad. Otros partidos políticos también exhortaron a los pobladores a no ofrecer información hasta tanto se garantice el resguardo de los datos personales por medio de una Ley.