Observador Parlamentario, 09 de mayo de 2019.– En un nuevo ataque a la Asamblea Nacional, tres organismos del Estado fuertemente cuestionados decidieron violentar la inmunidad parlamentaria de los diputados de la Asamblea Nacional, Edgar Zambrano, Henry Ramos Allup, Luis Florido, Mariela Magallanes, José Simón Calzadilla, Américo de Grazia, Richard Blanco, Freddy Superlano, Sergio Vergara y Juan Andrés Mejía por acompañar al presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, en los alrededores de la Base Aerea la Carlota el 30 de abril de 2019 en un movimiento cívico militar.

Los 10 diputados son acusados de la comisión flagrante de siete delitos: traición a la patria, conspiración, instigación a la insurrección, rebelión civil, concierto para delinquir, usurpación de funciones, instigación pública a la desobediencia de las leyes y el odio continuada.

El 02 de mayo de 2019, la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) con ponencia del magistrado Juan Luis Ibarra Verenzuela, responsabilizó al primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Edgar Zambrano, de los delitos mencionados y envió la decisión a la cuestionada Constituyente para que decidiera sobre el caso.

El 7 de mayo, el magistrado Yván Darío Bastardo Flores acusó a los diputados Henry Ramos Allup, Luis Florido, Mariela Magallanes, José Simón Calzadilla, Américo de Grazia y Richard Blanco. La decisión también fue referida a la Constituyente.

Ese mismo día, el órgano impuesto por Nicolás Maduro y presidido por Diosdado Cabello decidió allanar la inmunidad de los diputados acusados hasta la fecha. La acción carece de legalidad pues el artículo 200 de la Constitución establece que la Asamblea Nacional es el único poder con potestad de allanar la inmunidad de un parlamentario.

Las acciones no cesaron. El 8 de mayo, con ponencia de la magistrada Elsa Janeth Gómez Moreno, el TSJ acusó a los diputados Freddy Superlano, Juan Andrés Mejía y Sergio Vergara de los mismos siete delitos que se le imputan al resto de los parlamentarios.

El procedimiento en contra de los parlamentarios inició cuando el fiscal general designado por la Constituyente, Tarek William Saab, pidió al Tribunal Supremo de Justicia de Maikel Moreno, abrir investigación contra los diputados que acompañaron a Juan Guaidó el 30 de abril.