El módulo de la Encuesta de Presupuesto Abierto 2021, que evaluó los paquetes económicos adoptados en 120 países para atender la pandemia de COVID-19, reveló que México retrocedió en materia de transparencia, mientras que en Venezuela privan la opacidad y la falta de control y de participación ciudadana 

Transparencia Venezuela, 31 de mayo de 2021. Como parte del proceso de investigación para la Encuesta de Presupuesto Abierto 2021 se incluyó un módulo de evaluación rápida para medir la transparencia, la supervisión formal y la participación ciudadana en los paquetes fiscales de alivio a la crisis causada por la COVID-19. El análisis comparado de los resultados por naciones evidenció que las prácticas presupuestarias abiertas en tiempos de emergencia son posibles y ayudan a garantizar que la asistencia llegue a quién más lo necesita. No obstante, muy pocos países obtuvieron una calificación positiva. Entre los peores desempeños se ubica Venezuela, que recibió una valoración mínima en todos los parámetros evaluados, mientras que México mostró un retroceso en materia de transparencia.

El tema fue analizado en el foro virtual Responsabilidad en el manejo de los recursos para aliviar la pandemia COVID-19. La experiencia de México y Venezuela, reciente emisión de Espacios de Transparencia que tuvo como ponentes a Paulina Castaño, investigadora del programa de Justicia Fiscal de Fundar (México); y la directora Ejecutiva de Transparencia Venezuela, Mercedes De Freitas; junto a la coordinadora de Finanzas Públicas de la organización, Andrey Paredes, y la coordinadora regional Christi Rangel, quien también moderó el encuentro. 

Riesgos de corrupción 

De Freitas destacó la importancia de la investigación para orientar las acciones de las organizaciones de la sociedad civil para mejorar el manejo de los recursos en contextos de emergencia. “La pandemia ha causado importantes daños en los temas de corrupción en el mundo. Los riesgos se han multiplicado y las consecuencias han causado violaciones en los derechos humanos”, afirmó.

La directora ejecutiva de Transparencia Venezuela expuso los principales hallazgos del estudio Gestión de los fondos COVID. La brecha de la rendición de cuentas, que se aplicó a 120 países de todos los continentes, entre el 1° de marzo y el 30 de septiembre de 2020. Resaltó que pocos países tuvieron resultados positivos y ninguno obtuvo la máxima calificación. “Más de dos tercios de los gobiernos no proporcionaron información suficiente sobre las medidas y los paquetes en respuesta a la pandemia. Esas repuestas tan precarias podrían traducirse en falta de transparencia, riesgos de corrupción y vulneración de los derechos humanos”. 

En la máxima categoría (sustancial) estarían los países que ofrecieron información completa, pero ninguno de los evaluados alcanzó esa meta. En el segundo renglón (adecuado) están Australia, Noruega y Filipinas. El mejor calificado por América Latina fue Perú, mientras que Venezuela está en el grupo de 31 países con rendición de cuentas mínima. 

De Freitas señaló que la participación ciudadana en la formulación y ejecución de las respuestas políticas anti COVID-19 es prácticamente inexistente y que la sociedad no ha tenido voz en la toma de decisiones que tienen que ver con la superación de la pandemia.  Además, en 2020 casi la mitad de los gobiernos pasaron por alto al poder legislativo para poder introducir paquetes de ayuda. 

Las debilidades de México

Paulina Castaño, investigadora de Fundar, comparó la experiencia de México a partir de su desempeño en la Encuesta de Presupuesto Abierto 2019, cuando la nación azteca se ubicó entre los de mayor transparencia fiscal con una puntuación de 82/100, que lo situó en el cuarto lugar a escala global y el primero de la región. 

“En el estudio Gestión de los fondos COVID, México salió prácticamente reprobada.  Está en una categoría limitado en la gestión de fondos para atender la pandemia.  En cuanto a transparencia, la puntuación fue parcial, mientras que en vigilancia y participación fue mínima”, señaló la experta.

Considera que, pese a esfuerzos como el sitio Transparencia Presupuestaria, donde se pueden obtener datos sobre la forma en que se ejecutando el gasto público, la información es muy técnica y poco accesible para el ciudadano común.

“En participación ciudadana estamos atrás con una calificación de 35/100. Le ha faltado al gobierno mexicano generar esos mecanismos para que la ciudadanía pueda participar en la toma de decisiones, en la redacción del presupuesto y en la contraloría social”, precisó Castaño. 

De igual modo, en materia de vigilancia del presupuesto el país obtuvo una puntuación de 59/100. “Pese a que tenemos una auditoría superior importante la vigilancia se ha quedado corta porque la información que se publica no es aprovechada de la mejor manera y eso se refleja en la ejecución del gasto”.   

Refirió que, aunque la encuesta refleja lo que pasa en materia de transparencia en los gastos, no se hace seguimiento a la ejecución de los recursos. “Esta encuesta lo que ha hecho en los últimos años es legitimar al gobierno. La sociedad civil estuvo batallando para que el gobierno publicara información en tiempo real, que se hiciera auditoría en los gastos. México no lo hizo de la mejor manera”.

Agregó que en materia de vigilancia y participación el país quedó en mínimo, pues no se hicieron auditorías en tiempo real sobre el ejercicio de los recursos enfocados en la salud y a la mitigación de la crisis. 

Paquete venezolano

Andrey Paredes, coordinadora de Finanzas Públicas de Transparencia Venezuela, señaló que el paquete fiscal ejecutado en Venezuela para mitigar el impacto de la pandemia, es la continuidad de políticas que se venían aplicando en el país desde antes de la emergencia.  “El impacto es imposible medirlo, por ahora, pues todas las instituciones que deben publicar la información económica y fiscal no lo hacen”.

Entre las principales medidas están el cambio en las asignaciones presupuestarias, con la aprobación de créditos adicionales y rectificaciones al Presupuesto 2020, además de beneficios fiscales como la exoneración del Impuesto sobre la Renta. Considera que este ajuste fue publicado de forma extemporánea y benefició a pocos contribuyentes, pues tanto el salario mínimo como el valor de la Unidad Tributaria utilizado para los cálculos han quedado rezagados por los altos niveles de inflación.

En cuanto a la exoneración de pago de impuesto a material médico-quirúrgico, esencial para la atención de la pandemia, destacó que solo benefició a empresas públicas y dejó por fuera al sector privado. Lo mismo ocurrió con la exoneración del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a medicamentos COVID.

“La suspensión del pago de tasas o contribuciones de naturaleza presupuestaria en los municipios, decisión que correspondía a la Asamblea Nacional, fue tomada por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), lo que a vulnera la autonomía de los gobiernos locales. Al terminarse el lapso de 90 días, en algunos municipios las tasas se incrementaron sustancialmente”, comentó.

Otra medida no tributaria fueron los alivios a hogares y empresas a través del Sistema Patria. Desde marzo de 2020 hasta abril de 2021 se han asignado 41 pagos por montos equivalentes a entre 0,41 y 8,67 dólares, insuficientes para cubrir el costo de la canasta alimentaria, superaba los 150 dólares. “El proceso de asignación de los bonos ha sido poco transparente. Se desconoce el número de beneficiarios y no se ha informado la metodología para llegar a esos datos”, apuntó Paredes.

Recordó que en abril de 2021 se anunció un nuevo paquete de medidas que incluye el descuento de 25% en las facturas de servicios como agua y electricidad. También el pago de un bono solidario para 2.100.000 a trabajadores de empresas privadas y un bono compensatorio a 4 millones de trabajadores por cuenta propia a través del Sistema Patria, pero se desconoce el número de personas registradas.

Transparencia en emergencia

Para Christi Rangel, en Venezuela no hubo transparencia en la información macroeconómica. Sin embargo, sostuvo que una de las ventajas del estudio Gestión de los fondos COVID. La brecha de la rendición de cuentas es que permite identificar buenas prácticas en países de muchas regiones y de diferentes niveles de ingreso. “Pese a que haya que tomar decisiones urgentes, si es posible la transparencia en emergencia. Por ejemplo, Australia y Bangladesh presentaron informes meticulosos de las medidas políticas tomadas, datos macroeconómicos y de finanzas, y también publicaron su impacto”, señaló.

De América Latina se destacó Perú, que aparece entre los cuatro con la segunda calificación más alta. “Realizaron el seguimiento a través de una mesa de concertación entre la sociedad civil y el gobierno al gasto para la COVID y permitió la opinión de los ciudadanos sobre las medidas de políticas que se iban a tomar”.

En Estados Unidos, se publicó un portal de vigilancia de políticas de pandemia, donde se detalle cuánto dinero fue para cada uno de los sectores y, dentro de cada sector, las medidas específicas que se han ido aplicando.  Mientras que, en Sierra Leona, país que ya tenía experiencia en una crisis de salud con el ébola, se realizaron auditorías en tiempo real que permitieron descubrir abusos en las compras y contrataciones. Esto conllevó a una investigación y al enjuiciamiento de quienes quisieron desviar los recursos.

También Jamaica aplicó un programa especial para la asignación de recursos a los empleados que se miró con detalle y permitió un trabajo colaborativo entre el organismo que implantó el programa de apoyo y las instancias de control. 

Rangel destacó que, en países como Togo, Nueva Zelanda y Canadá, se aplicaron medidas con respuesta diferenciada, “porque ha quedado demostrado que mujeres y niñas fueron de las más afectadas por la pandemia de COVID.19”.

“Si bien la mitad de los países pasaron por alto a sus parlamentos para la toma de decisiones, en la otra mitad no aplicó decretos de emergencia ni estados de excepción, sino que negociaron con éstos aprobar las modificaciones presupuestarias que iban a permitir atender la pandemia”, explicó Rangel.

Refirió que en países como Filipinas, Reino Unido y Nepal, los parlamentos crearon comités o comisiones de cuentas públicas para hacer seguimiento a las adquisiciones de suministros médicos y las contrataciones. “En este reporte vimos que también es posible la participación ciudadana. En Sudáfrica hubo una iniciativa de colaboración entre la sociedad civil y el gobierno. En Noruega, los poderes ejecutivo y legislativo realizaron consultas ciudadanas sobre la formulación de sus programas de atención y la implementación de sus medidas económicas”, afirmó.

En América Latina, los gobiernos de El Salvador y Perú establecieron mecanismos de monitoreo y fiscalización ciudadana para acompañar las políticas de repuesta, mientras que en Chile existe una comisión de gasto público, organismo consultivo con participación de la sociedad civil que realiza informes. 

“Las respuestas rápidas no tienen por qué socavar la rendición de cuentas y del reporte surgen recomendaciones generales. Tenemos estas medidas de referencia que son fácilmente aplicables para ahorrar costos, garantizar la trasparencia e involucrar a los ciudadanos. Estas buenas prácticas pueden guiar las actuaciones de las autoridades”, agregó Rangel.