El uso de la principal empresa del país como un instrumento para ganar votos y lograr la permanencia del chavismo en el poder ha sido denunciado en reiteradas ocasiones por expertos en la industria y exempleados del sector. Incluso, ha sido admitida por personas que ocuparon importantes cargos en la administración de Hugo Chávez.

En una carta pública titulada “Testimonio y responsabilidad ante la historia”, de fecha 18 de junio de 2014, el exministro de Planificación, Jorge Giordani, destacó la importancia que tuvo para el chavismo tomar el control de Pdvsa:

“Otro elemento que ha funcionado como pilar soporte del gobierno bolivariano, ha sido la relación entre el Jefe de Gobierno y sus ministros, imbuidos en una dinámica que ha tenido que pasar primero por un golpe de Estado en abril del 2002, y un sabotaje petrolero posterior con ingentes pérdidas humanas y materiales, al tener que confrontar a una tecnocracia que manejaba el campo de los hidrocarburos como un Estado dentro del propio Estado, siendo ella la que ha acaparado una cuantía de recursos provenientes de la renta petrolera, calculada entre un 15 y un 17%, que en buena parte nadie produce y todos la quieren captar (…)”.

El diario El Nacional publicó en su edición del 7 de abril de 2013 un reportaje, firmado por las periodistas Fabiola Zerpa y Adriana Rivera, que detalló el proceso que implementó Pdvsa –dirigida entonces por Rafael Ramírez- durante las campañas electorales para la efectiva movilización de electores simpatizantes del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), durante las elecciones de 2005 a 2010.

Documentos y entrevistas con empleados y exfuncionarios, revelaron una red que involucraba a varias gerencias de la empresa –comandadas por la Dirección de Planificación- en la organización y disposición de recursos, trabajadores e instalaciones de la compañía para garantizar una favorable y alta participación en los comicios.

Fuentes internas también indicaron -aunque no lo probaron- que la empresa cancelaba en efectivo gastos de viáticos, transporte y refrigerios para la jornada electoral. Después, la empresa, con los mismos equipos conformados para la movilización, elaboraba informes y análisis sobre la participación electoral, en especial en zonas de influencia de Pdvsa en el interior del país.

Los fondos, las instalaciones y los equipos de Pdvsa estaban al servicio de las campañas electorales del partido y gobierno. Estos recursos sirvieron para comprar y distribuir equipos de cocina en épocas electorales¹⁰; así como para financiar y coordinar la construcción en la Gran Misión Vivienda Venezuela.

Entre las actividades que desarrollaron los empleados de Pdvsa, con recursos de la compañía, estuvieron la instalación de los “puntos rojos” o puntos de concentración del PSUV cerca de los centros de votación de las escuelas; la verificación de la votación de las personas (incluidas en las llamadas listas del 1×10); la provisión de refrigerios para activistas, testigos y miembros de mesa del partido de gobierno; la entrega de pagos a motorizados y transportistas; el reporte hora a hora a la sala situacional sobre la afluencia de votantes; y la determinación sobre el momento preciso para activar una “operación remolque”. Empleados señalaron que en los procesos electorales se les presionaba a participar en actividades proselitistas del partido oficial.

El propio Giordani, en la carta precitada, admitió el gran esfuerzo que desplegó el gobierno chavista para garantizar la reelección del difunto presidente Hugo Chávez en octubre de 2012, echando mano de los recursos del Estado para tal fin:

“Se trataba de la consolidación del poder político como un objetivo esencial para la fortaleza de la revolución y para la apertura de una nueva etapa del proceso. La superación se consiguió con un gran sacrificio y con un esfuerzo económico y financiero que llevó el acceso y uso de los recursos a niveles extremos que requerirán de una revisión para garantizar la sostenibilidad de la transformación económica y social.

Alba Petróleos

El gobierno venezolano, primero con Chávez y después con Nicolás Maduro en la presidencia, ha utilizado el dinero del petróleo y las alianzas energéticas para fortalecer su posición a escala regional. Muchos proyectos jamás se concretaron, pero han estado en el centro de escándalos de corrupción a nivel mundial.

El 2019, la Fiscalía General de la República de El Salvador informó que fiscales y técnicos de las unidades especializadas del Grupo Contra la Impunidad (GCI) allanaron “la sociedad Alba Petróleos de El Salvador y a una red de 26 empresas vinculadas, en el marco de investigaciones iniciadas para establecer indicios de actividades relativas al lavado de dinero”.

Las sospechas sobre el proceder de Alba Petróleos se remontan al menos hasta 2014, cuando el sitio web El Faro desveló que esa corporación había entregado 87 préstamos por un total de USD 88.443.787 a empresas que tenían relación con José Luis Merino, dirigente del partido Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).

“Merino es uno de los cinco políticos salvadoreños señalados por corrupción y tráfico de droga por el Departamento de Estado de los Estados Unidos. La lista fue divulgada el pasado mes de mayo (de 2021) e incluye a la jefa de gabinete del actual Gobierno (de Nayib Bukele), Carolina Recinos, también beneficiada con créditos de Alba Petróleos”, subraya El Faro.

De acuerdo con una investigación de El Faro difundida en 2019, Alba Petróleos se dedicó a entregar préstamos a ministros, políticos y empresarios relacionados con el poder¹³. “Entre 2009 y 2016, Alba Petróleos (…) creó un fondo millonario para entregar más de un centenar de préstamos a sociedades y personas naturales en El Salvador. En 2009, Alba Petróleos destinó 3 millones de dólares para este tipo de préstamos, pero en 2016 -el último año en el que reportó balances- el saldo que aún no había podido cobrar a sus deudores ascendía a 522 millones de dólares”.

El Salvador no es el único país que investiga los negocios de Alba Petróleos, de acuerdo con otro reporte de El Faro, Panamá también lo hace. “La Fiscalía Anticorrupción de la Procuraduría General de la Nación, mantiene una investigación denominada Río Negro; la misma inició a través de una nota anónima, señalando hechos de ciudadanos de la República de El Salvador, donde se había utilizado el sistema financiero panameño para legitimar dineros ilícitos’, respondió por medio de un correo electrónico el fiscal panameño Aurelio Oliver Vásquez, el 20 de enero de 2020, ante preguntas sobre cómo avanzaban los casos en contra de Alba Petróleos”.

Una serie de reportajes publicados por la plataforma de periodismo Connectas bajo el título de “Petrofraude”, relata lo siguiente: “Alba Petróleos de El Salvador (Albapes), entidad que ejecuta el acuerdo de Petrocaribe en el país centroamericano, se ha convertido en una gran prestamista alrededor de la cual surgió un patrón de especulación inmobiliaria. La empresa ha beneficiado con créditos hipotecarios a compañías e individuos que compran propiedades que súbitamente suben de precio antes de su adquisición y luego embarga los inmuebles por valores menores. Esa es apenas una de las secuelas de los préstamos que entrega la empresa controlada por el gobierno venezolano y el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (…)”.

En un informe publicado por Transparencia Venezuela en febrero de 2019 ya se resaltaba que el despilfarro de los recursos que otorgó Venezuela a Haití a través de Petrocaribe era una de las acusaciones que enfrentaba el presidente de esa nación, Jovenel Moise¹⁵, quien fue asesinado el 7 de julio de 2021.

El junio de 2019, la agencia de noticias EFE reseñó que la Corte Superior de Cuentas de Haití envió al Parlamento un informe en el que afirmaba que una compañía de Moise “recibió millones de dólares (de Petrocaribe) para la ejecución de varios proyectos, pero no los ha realizado¹⁶”.

El documento oficial aseguraba que “existe una red de funcionarios dentro del Gobierno haitiano que gestiona la obtención de contratos para amigos del expresidente del país Michel Martelly, así como para el exministro ministro Laurent Lamothe”. Moise militaba en el mismo partido de Martelly, a quien sucedió en el poder.

“El reporte de la Corte Superior de Cuentas califica de ‘grave’ la manera en que varios Gobiernos han gastado más de 2.000 millones de dólares de los fondos de Petrocaribe entre 2008 y 2016, la mitad de los recursos generados por el programa durante ese período”, según la nota de EFE.

La corrupción echó leña al fuego del descontento popular, que se manifestó en las calles entre 2018 y 2019, dejando un saldo de al menos 11 personas muertas en 2018. En su informe, Transparencia Venezuela sostiene que Caracas ha sido uno de los más importantes benefactores de Haití, desde el año 2000 y agrega que “el gobierno de Venezuela de forma sistemática entregó recursos a su similar de Haití, sin haber establecido previamente mecanismos de auditoría y rendición de cuentas, para garantizar la efectividad en la ejecución de los proyectos y la correcta culminación de las obras”.

Un informe publicado por Transparencia Venezuela en 2019 da cuenta de la estrecha relación que existe entre los gobiernos de Venezuela y San Vicente y las Granadinas en el marco de Petrocaribe, resaltando que esa “lealtad” se mantiene intacta en medio de “denuncias sobre el uso discrecional de los recursos”. Esa lealtad se pago con muchos recursos de PDVSA.

En el período entre 2016 y 2018, en ninguna de las votaciones referidas a Venezuela, el embajador sanvicentino en la OEA contradijo la postura venezolana. Así el gobierno de Ralph Gonsalves se garantizó abundantes recursos sin mayor control ni supervisión.

El 29 enero de 2018, Camillo Gonsalves, ministro de Finanzas sanvicentino, anunció que Venezuela perdonó una deuda de USD 29.970.000 a San Vicente y las Granadinas contraída con el Banco del ALBA para financiar las construcciones del Aeropuerto Internacional de Argyles. Esta obra se entregó con cuatro años de retraso.

El ministro de Finanzas, hijo del primer ministro Ralph Gonsalves, agradeció al jefe de gobierno (su padre) por haber negociado la deuda y señaló que la condonación de otros USD 100.000.000 de deuda con Petrocaribe había sido acordada con Venezuela.

La oposición en San Vicente ha denunciado corrupción en la administración de los petrodólares, en especial luego de que en 2016 el partido oficialista Unity Labour Party aprobó en el Parlamento la creación de un fondo especial para administrar Petrocaribe, paralelo al ya existente Fondo Consolidado de la Nación. La oposición denunció que este fondo sería una duplicación del existente Fondo Consolidado de la Nación, sin la debida supervisión y transparencia.

Entre otras irregularidades, el líder de la oposición, Arnhim Eustace, denunció que hubo 386 cheques para 65 receptores de pagos provenientes de la estatal mixta Petrocaribe St. Vincent Ltd. por un monto de USD 24.533.330 en 2015, de los cuales el Parlamento no tuvo conocimiento de su ejecución. Así mismo, fue acusado el primer ministro Ralph Gonsalves de haber recibido un cheque por aproximadamente USD 1.851 desde la empresa estatal Petrocaribe Saint Vincent and the Grenadines Limited.

Las acusaciones de irregularidades en el manejo de fondos venezolanos específicos de cooperación como los provenientes de Petrocaribe, las señales de nepotismo y la escasa rendición de cuentas por parte de la administración de Gonsalves, no impidieron el flujo de recursos desde Caracas hacia la isla.

El respaldo financiero ofrecido por la revolución chavista ha sido clave para que Daniel Ortega llegara y se mantuviera en el poder en Nicaragua. Un reportaje publicado por el sitio Connectas recuerda que cuando Ortega era candidato a las elecciones presidenciales de 2006, participó en “la firma de un convenio entre PDV Caribe, filial de la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa), y la Asociación de Municipios de Nicaragua (Amunic), controlada por el partido de Ortega. El acuerdo permitió el envío de 82.000 galones de diésel a los alcaldes sandinistas, que lo distribuyeron entre transportistas, agricultores y ganaderos a falta de cuatro semanas para los comicios”.

Entre los hallazgos de la investigación adelantada por Connectas con respecto a los vínculos entre las revoluciones sandinista y bolivarianas se encuentra:

Por su parte, el proyecto “Chavismo INC”, coordinado por Transparencia Venezuela, Connectas y la Alianza Rebelde Investiga (ARI), puso el foco sobre la refinería “Supremo Sueño de Bolívar”, que se levantaría en Nicaragua.

De acuerdo con esta investigación, Chávez y Ortega prometieron una obra que incluiría una planta de almacenamiento de combustible, una refinería para cubrir la demanda interna y exportar a países vecinos y un complejo petroquímico. Todo se debía desarrollar en cuatro o cinco años, pero no se hizo.

“La única idea que fue llevada a cabo de todo lo que contemplaba el proyecto ‘Supremo Sueño de Bolívar’ fue la planta de combustible. Originalmente, se había planteado un presupuesto de 283 millones de dólares para la planta de almacenamiento, pero se culminó en 2017 por 227,7 millones de dólares adicionales. Este negocio despertó el interés de otros contratistas; entre esas, algunas que formaban parte de la lista de favoritas de Pdvsa. Estas empresas fueron señaladas de cometer prácticas corruptas en contrataciones con la corporación estatal venezolana, según acusaciones que fueron conocidas tras su participación en Nicaragua”.

El reportaje de Chavismo INC deja en evidencia que Alba de Nicaragua, S.A. (Albanisa), desarrolladora de la obra, fue clave en las contrataciones para el complejo petrolero. La empresa, manejada por los gobiernos de Chávez y Daniel Ortega, se volvió un símbolo de la corrupción por sus intereses en los sectores petrolero, maderero, financiero y de generación de energía, todos al amparo de la cooperación venezolana, administrada localmente por la familia presidencial sin controles institucionales ni transparencia”.

La investigación periodística resalta que “la principal responsable de la construcción de la planta de almacenamiento nicaragüense fue la empresa china CAMC Engineering Ltd., que tiene antecedentes en caso de pagos de sobornos a funcionarios venezolanos por otras inversiones en el país suramericano”. La agencia Reuters “explicó que un juez del principado de Andorra indagó en mayo de 2019 el desembolso de 100 millones de dólares en sobornos de la constructora china para garantizar el contrato de un proyecto arrocero en Venezuela, en el estado Delta Amacuro. Para la construcción del complejo en Nicaragua, los chinos firmaron en abril de 2012 tras una licitación un acuerdo por un monto de 233 millones de dólares”.

Sin embargo, la relación entre Caracas y Managua no ha estado exenta de inconvenientes. Un reportaje de Confidencial de Nicaragua publicado en 2016 halló que “Venezuela cuestionó los mecanismos de ¨triangulación¨ de exportaciones utilizados por Alba de Nicaragua S.A. (Albanisa), para pagarle a Venezuela la factura petrolera²³” .

Tomando como referencia documentos del propio gobierno chavista, Confidencial señaló que “los venezolanos estaban molestos no solo porque Nicaragua le estaba enviando comida para pagar el 50% de la factura que debía ser cancelado en el corto plazo (cuando los acuerdos especificaban que esos abonos debían aplicarse a la factura de largo plazo), sino también al confirmar que Alba Alimentos de Nicaragua S.A. (Albalinisa), estaba comprando alimentos en Centro y Suramérica, para revendérselos a ellos”.