CAPÍTULO 2
LAS MINAS, EL SUR
Y LOS ILÍCITOS
En Bolívar le dicen el sur a la zona que comienza al salir de Upata, atravesada por la troncal 10, que termina en Santa Elena de Uairén. Una parte es el área 4 del Arco Minero del Orinoco y otra parte son parques nacionales.
En esa zona, como en otras regiones del mundo en la que se explotan minerales, históricamente han ocurrido ilícitos y violaciones de derechos humanos. No obstante, lo que ha sucedido en la última década, a propósito de la extracción masiva y desordenada del oro, ha encendido las alarmas dentro y fuera del país y ha llevado a organizaciones nacionales y extranjeras a alzar la voz exigiendo cambios.
Entre pobladores de los municipios auríferos del estado Bolívar (criollos e indígenas), sociólogos, ingenieros geólogos, médicos, ambientalistas, organizaciones de la sociedad civil, representantes de las iglesias y miembros de las academias, hay consenso en que la creación del denominado Arco Minero del Orinoco marcó un antes y un después en las dinámicas políticas, económicas y sociales de la zona.
Este proyecto fue asomado por el presidente Hugo Chávez en 2011, cuando nacionalizó la actividad aurífera, pero fue Nicolás Maduro quien en 2016 firmó el decreto No. 2.248 que creó la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional del Arco Minero del Orinoco.
En medio de la recesión económica que se aceleró con la caída en los precios del petróleo, el mandatario venezolano decidió volcarse a la actividad aurífera como fuente para captar más renta. Desde el inicio, vendió al Arco Minero del Orinoco como una gran oportunidad de diversificar la economía, reordenar la pequeña minería, atraer millonarias inversiones de empresas nacionales y extranjeras e incrementar los aportes a los programas sociales, pero en la práctica nada de esto ha ocurrido.
Investigaciones desarrolladas por medios de comunicación de reconocida trayectoria, así como los estudios realizados por las academias y organizaciones de la sociedad civil, han permitido constatar que el negocio aurífero del sur de Venezuela, lejos de ser una fuente sostenible de ingresos, se ha manchado de sangre y viciado de las más ilícitas prácticas, como el contrabando de oro, combustible, drogas, armas y municiones.
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El rastreo de información deja en evidencia el uso sistemático del silencio como política de gobierno. Desde que se creó el Arco Minero del Orinoco, los entes del Estado encargados de ordenar la minería y captar los ingresos provenientes de la actividad, no han ofrecido datos claros, completos y continuos.
No hay informes de gestión de las empresas estatales que están involucradas, ni de las compañías privadas con las que se han firmado alianzas estratégicas. No se sabe cuál es el nivel de operaciones de esas compañías, cómo fue su proceso de selección, cuáles son las condiciones en las que operan, entre otros detalles de interés nacional. Tampoco hay información relevante sobre estudios de impacto ambiental y sociocultural. Ni siquiera el Banco Central de Venezuela, que custodia y autoriza la comercialización del oro, informa sobre los niveles de captación y el destino del material.
De lo que hay abundantes testimonios y evidencias es de las violaciones de derechos humanos y del grave impacto ambiental que se han exacerbado en la región, como las decenas de masacres que han ocurrido en los pueblos mineros; las desapariciones forzadas; el asesinato de líderes indígenas y el desplazamiento de sus comunidades; la explotación laboral de adultos y niños; la prostitución forzada; la contaminación del agua, el suelo y el aire con sustancias como el mercurio y la proliferación de enfermedades como la malaria.
Todo esto a propósito de la existencia de una estructura delincuencial que, con la anuencia de grupos dentro del gobierno, se ha dedicado a ejercer control en las minas a través del uso de las armas y la imposición de cruentos “castigos” para quienes no siguen sus reglas.
TRANSPARENCIA VENEZUELA
Junio 2022
