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opacidad
El Arco Minero del Orinoco esconde
la verdad sobre el negocio
Virgilio Trujillo
Desde 2016, cuando por decreto se creó la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional del Arco Minero del Orinoco, se han denunciado prácticas ilícitas como el contrabando de oro, combustible, drogas, armas y municiones en la zona, a la que se suman situaciones de explotación laboral y sexual.
Las autoridades reportan muy poco de todo lo que ocurre en el Arco Minero, una extensión territorial que ocupa áreas de los estados Bolívar, Amazonas y Delta Amacuro.
Un informe de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela de la ONU –el tercero- y el documento “Economías Ilícitas al amparo de la corrupción” elaborado por Transparencia Venezuela en el año 2022, destacan los resultados de las batallas de grupos criminales por el control del oro, en connivencia con autoridades. Y mientras el daño ecológico continúa indiscriminadamente y parece ignorado por el alto gobierno, Nicolás Maduro pidió en la Cumbre del Cambio Climático (Egipto, noviembre 2022) la creación de un fondo de financiamiento para “proteger” el Amazonas.
“Es necesario concretar sin demora ni artificios burocráticos el fondo de financiamiento de pérdidas y daños climáticos (…) Debemos trabajar hasta el último detalle afinando los mecanismos para que el auxilio financiero sea de forma directa, justa, oportuna y expedita de manera que llegue a los pueblos más afectados la indemnización por los daños ambientales”, dijo en la reunión de presidentes.
Pero nada mencionó sobre la destrucción de la principal reserva ambiental del país que permite, impulsa y produce su gobierno, al ser socio de las alianzas estratégicas en el negocio del oro, ni la afectación de las comunidades indígenas de esa región, cuya vida se ha trastocado con la extracción de minerales por distintos grupos que intervienen en esas actividades.
Hombres trabajan en una mina de oro a orillas de un río en El Callao, estado de Bolívar, al sureste de Venezuela, el 24 de febrero de 2017. (Foto: Juan Barreto/AFP)
Un estudio realizado para un proyecto del portal Correo del Caroní, publicado en octubre de 2021, demostró que, en Bolívar, 35% de los indígenas de la muestra tenía en su organismo niveles de mercurio por encima de lo establecido por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
A agosto de 2023, el gobierno de Maduro no se ha pronunciado sobre el tema, como tampoco ha fijado posición sobre la devastación de la Amazonía venezolana que avanza a pasos agigantados, mientras la explotación del oro crece de manera anárquica.
El portal argentino Infobae tuvo acceso a un documento interno de la compañía aseguradora Lloyd’s (publicación de noviembre de 2022), que detectó que Irán traficó oro desde Venezuela con el avión de Emtrasur (retenido en Argentina en junio) para financiar operaciones del Hezbollah en el Medio Oriente.
El presidente Nicolás Maduro se refirió por primera vez al caso solo dos meses más tarde que se impidiera la salida del avión del aeropuerto de Ezeiza (Buenos Aires), cuando pidió a Argentina devolver la aeronave (8 de agosto 2022).
En defensa de la operación del aeroplano, el diputado a la Asamblea Nacional chavista, Jesús Faría, dijo en una entrevista a Globovisión el 30 de agosto, que en esa aeronave de carga se transportaban las vacunas anti COVID al país.
Hasta mediados de agosto de 2023 ningún funcionario del gobierno venezolano se había referido al documento de Lloyd’s, dado a conocer por Infobae.
Tampoco para esa fecha se conocía de resultados de la investigación del asesinato del líder indígena, Virgilio Trujillo. Douglas Rico, director general del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), informó en su cuenta en Twitter, el 5 de julio de 2022 que había enviado un equipo a investigar el suceso, en el que “se presume estén involucrados narcotraficantes y paramilitares que pretenden tomar territorio nacional”.
Olnar Ortiz, abogado coordinador de Pueblos Indígenas del Foro Penal –ONG de Derechos Humanos que presta asistencia jurídica pro bono a personas detenidas arbitrariamente y a sus familiares-, dijo en un video colgado en su cuenta en Twitter, que se le informó en el Ministerio Público que había personas imputadas por el asesinato de Trujillo, sin que se le dieran detalles.
Hasta mediados de agosto de 2023 el caso sigue sin ser esclarecido. Peor aún, otro líder indígena, Wilberto Camico, se encuentra desaparecido desde el 28 de diciembre de 2022, cuando la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), realizaba operativos en la zona contra la minería ilegal, de acuerdo con la ONG Control Ciudadano.
Wilberto Ángel Camico Menare,
desaparecido desde el
28 de diciembre del 2022
Ese mismo día, en transmisión del Sistema de Medios Públicos del acto de salutación de fin de año, Nicolás Maduro pidió a la FANB multiplicar la defensa de la naturaleza, selva, ríos y sistema ecológico ante la presencia de bandas criminales dedicadas a la destrucción del ambiente. En ese evento también manifestó que, durante 2022, se destruyeron 441 campamentos, 61 narcolaboratorios y 118 pistas clandestinas.
Tanto Trujillo como Camico tenían en común su rechazo a la explotación ilegal en las minas del Parque Nacional Yapacana, uno de los más afectados por esta práctica, que está destruyendo todo su ecosistema y la vida de la población autóctona.
El ecocidio en el área del Arco Minero del Orinoco ha sido denunciado, documentado y elevado a instancias internacionales por ONG como SOS Orinoco y Fundaredes, entre otras.
«La situación en el estado de Bolívar y en otras zonas mineras es profundamente preocupante. Las poblaciones locales, incluidos los pueblos indígenas, están atrapadas en una violenta batalla entre actores estatales y grupos armados criminales por el control del oro. Nuestro informe pone de manifiesto la necesidad de seguir investigando esta región que, paradójicamente, es una zona casi olvidada del país, pero, al mismo tiempo, genera una riqueza lícita e ilícita procedente de los minerales de cantidades inmensas”, indicó Patricia Tappatá Valdez, miembro de la Misión internacional independiente de determinación de los hechos sobre Venezuela de la ONU (MIIV), en el informe de septiembre de 2022.
Mientras esta realidad es reconocida por Naciones Unidas, el gobierno venezolano rechazó el informe de la Misión Independiente de Determinación de los Hechos en Venezuela y lo calificó de injerencista. «Es un pseudo informe, sin el más mínimo sustento metodológico ni contacto directo con el país», respondió a través de un comunicado, publicado en redes sociales.
No obstante las muchas evidencias sobre las irregularidades que se tejen alrededor del Arco Minero del Orinoco, el canciller de Venezuela, Yván Gil, destacó logros en el combate de los ilícitos. En su cuenta en Twitter, publicó el 11 de enero de 2023, que Venezuela “exhibe éxitos en la lucha contra la minería ilegal y la deforestación”. Pero no hay descripción precisa de esos éxitos. Una visita a la zona hecha por Transparencia Venezuela en el primer semestre de 2023 permitió confirmar que las actividades ilícitas son visibles para cualquier ciudadano y dominan el AMO.
La respuesta del gobierno se ha limitado a informar puntualmente de operativos contra la minería ilegal en los que son desmantelados campamentos, se destruyen equipos, se decomisan armas y combustible. En el estado Amazonas se denomina Operación Autana y en Bolívar Operación Roraima. Esta última encubriría una nueva estructura en algunas minas, en las que la fuerza castrense ha desalojado a pranes y grupos guerrilleros para que el control de la actividad aurífera lo asuman las alianzas estratégicas entre organismos del Estado con empresarios cercanos al gobierno. La falta de información da paso a distintas versiones como el control que mantienen militares conjuntamente con los iraníes, según lo reportó la periodista Sebastiana Barráez, en noviembre de 2022.,
Nicolás Maduro y altos voceros de su gobierno solo se refieren al tema del oro cuando se trata de las 31 toneladas en custodia del Banco de Inglaterra, cuya administración se disputan legalmente Maduro y la Asamblea Nacional electa en 2015, desde 2019, cuando Maduro asumió para un nuevo período presidencial tras unos comicios calificados de fraudulentos y que fueron desconocidos por varios países, entre ellos, Reino Unido.
Piratería, secuestro y robo son los calificativos que suelen usar los altos personeros del gobierno en el caso de la retención de los lingotes y por el cual se victimiza. El 20 de enero de 2021, el entonces canciller de la República, Jorge Arreaza, colgó en su cuenta en Twitter: “CRIMINALES! Otra prueba de la crueldad de Guaidó y su banda. A partir del reconocimiento ilegal del Reino Unido a un gobierno ficticio e inexistente, impiden que el Banco de Inglaterra libere el oro bloqueado del Estado venezolano para comprar vacunas para el #Covid19”.
Pero ni la defensa legal del oro de las reservas en poder del Banco de Inglaterra, ni los anuncios mediáticos de combate contra la minería ilegal pueden ocultar los asesinatos (sin culpables), las desapariciones, las amenazas de muerte, las persecuciones, el ecocidio, la explotación sexual y laboral y la trata de personas que rodea el oscuro negocio de la explotación y comercialización del oro en Venezuela. Existe una total opacidad por parte del gobierno.
