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Falsedad
Desvían gasolina y también información
Desde la declaración del 20 de enero de 2022 del fiscal general Tarek William Saab sobre la actuación del organismo en la lucha contra las mafias de la gasolina y funcionarios corruptos, las intervenciones públicas del fiscal no han puesto al descubierto a los peces grandes.
Tareck el Aissami, ministro de Petróleo hasta mediados de marzo de 2023, se había sumado a la vocería sobre tráfico de combustible. Este ilícito se lleva a cabo con complicidad de altos funcionarios que nunca quedan expuestos en los procedimientos que se adelantan en la supuesta lucha contra la corrupción.
La detención de un fiscal superior de Delta Amacuro por presunto desvío de gasolina, la de dos miembros del Ejército y uno de la GNB por la presunta responsabilidad en el contrabando de 1.700 litros de gasolina, así como la detención de varios conductores de Pdvsa, que participaban del contrabando de combustible, son el tipo de informaciones que tanto el fiscal general de la República y el ahora defenestrado Tareck El Aissami daban a conocer públicamente.
En tanto los negocios que el gobierno realiza con terceras naciones, como Irán para el suministro de combustible, no son revelados. De manera puntual se informó -en plena pandemia- de la importación de gasolina para abastecer el mercado interno que sufría una fuerte escasez.
En enero de 2022, el fiscal general sorprendió en una de sus declaraciones semanales al afirmar: “Hemos adelantado acciones durante 2021 y también 2020, cuando este fenómeno comenzó a aparecer de manera progresiva para atacar la economía popular, como es el tráfico de la gasolina, de las mafias que se enquistan incluso muchas veces con apoyo de agentes de seguridad del Estado, que deben ser señalados, identificados y detenidos”.
El comercio ilícito de combustible no es reciente, por lo tanto, el funcionario falsea la realidad. Ha sido un problema que en un principio respondía a los bajos precios (subsidiados) fijados por un Estado productor de hidrocarburos.
Desde 2019 la razón es otra. La nación petrolera, depende ahora de terceros para poder suplir el mercado interno de combustibles ante la destrucción de la industria petrolera, producto de la corrupción, que llevó a Venezuela de extraer 3,3 millones de barriles diarios a un promedio de 767.000 en junio de 2023, de acuerdo con cifras de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP).
La falta de inversión y mantenimiento a las refinerías ha provocado una fuerte escasez que se padece en todo el país. El discurso oficial responsabiliza a las sanciones impuestas por EEUU por el deterioro de tales instalaciones, que, si bien exacerbaron la situación, no constituyen el origen del problema.
Las refinerías operan a 10% de su capacidad y procesan unos 135.000 barriles diarios, según expertos, mientras que el mercado doméstico demanda alrededor de 250.000 barriles al día. Sin embargo, el viceministro de Comercio y Suministro de Pdvsa, Juan Carlos Díaz, aseguró a la población en junio de 2023 “que Pdvsa distribuye el combustible necesario para el país”.
Los hechos lo contradicen. A finales de mayo de 2023, como ocurre desde junio de 2020 –en el caso de las que expenden combustible subsidiado-, sino que el racionamiento alcanzó a las llamadas estaciones internacionales fronterizas principalmente, mientras se solventaba el grave problema de unidades paradas en las refinerías que provocó una fuerte escasez a finales de mayo hasta mediados de julio, casi de manera permanente.
La medida inició con un sorteo (bingo) en el estado Mérida.
En temas como el tráfico de drogas y el contrabando de gasolina los voceros del gobierno hacen anuncios sobre detenciones o desmantelamiento de redes, pero no apuntan a los cabecillas de las bandas, con lo que desvían la atención de los verdaderos responsables. Ejemplo de ello son los Tancol, denominación acuñada por el gobierno de Maduro para referirse de manera genérica a los terroristas armados narcotraficantes colombianos, que operan en la frontera occidental venezolana, a quienes señala de causar enfrentamientos en territorio venezolano y de ser la punta de lanza para una intervención militar en el país.
La manipulación del discurso oficial es evidente cuando se trata de tráfico de drogas y terroristas. Desde el triunfo de Gustavo Petro como presidente de Colombia, para los voceros de Maduro ya no recae directamente sobre el gobierno de Colombia la responsabilidad por la presencia del narcotráfico en Venezuela, como ocurría cuando Iván Duque se desempeñaba como jefe de Estado.
La presencia del narcotráfico en Venezuela, endosado casi exclusivamente -aunque sin pruebas- al gobierno colombiano, por parte del fiscal general Tarek William Saab y del diputado a la Asamblea Nacional y primer vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello, parece haber dejado de ser un problema con la llegada de Gustavo Petro a la presidencia del vecino país.
Tras la asunción de Petro en agosto de 2022, Cabello profirió: “con la salida de Duque de la presidencia de Colombia, se va también la delincuencia organizada de esa presidencia, se va el narcotráfico, se va el paramilitarismo dirigido desde ahí, no es que desaparece en Colombia, pero la dirección del narcotráfico desde Nariño se acaba”.
Cabello, sobre quien pesa una acusación federal del distrito Sur de Nueva York por conspiración para cometer narcoterrorismo e importar cocaína, ha sido uno de los principales acusadores mediáticos –sin evidencias- de Duque por la presencia del narcotráfico en Venezuela.
El Ministerio Público informó, el 10 de febrero de 2022, que en 16 procedimientos realizados en cinco meses fueron detenidos 62 integrantes de los llamados grupos Tancol, 46 de ellos en el estado Apure. En este estado fronterizo, el 2 de enero de 2022, se dieron enfrentamientos entre grupos armados ilegales que dejaron 27 muertos. Durante varios días, las informaciones se manejaban por algunos de los pobladores o provenían de las autoridades colombianas. El Estado venezolano tardó en pronunciarse sobre el caso y más aún en desplegar tropas en la zona de combate.
Una de las maneras de desviar el foco del problema subyacente como es la presencia permitida de grupos guerrilleros colombianos en Venezuela, es “atacando” las actuaciones de los Tancol, como muestran las autoridades militares (caso captura de submarino en aguas venezolanas).
La participación de concejales, alcaldes y diputados del oficialismo en el tráfico de drogas (enero 2022), fue visto por el fiscal de la República, Tarek William Saab, como una nueva modalidad de captación de funcionarios venezolanos para “colombianizar la vida política, la vida institucional de Venezuela (…), e infiltrar algunos estratos de personas que no tienen la suficiente fortaleza moral e ideológica para colocarlos al servicio del narcotráfico colombiano”. Y no como la oportunidad que tuvieron funcionarios públicos para incursionar en actividades lucrativas ilícitas, valiéndose de los cargos que desempeñaban y de la impunidad que impera en el país
El general Domingo Hernández Lárez, comandante Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), ha obtenido visibilidad con los reportes escuetos sobre los operativos en la lucha contra el narcotráfico y los Tancol. Su cuenta personal en Twitter @dhernandezlarez se ha convertido en el canal de información para dar cuenta de las actividades que se llevan a cabo no solo en materia de tráfico de estupefacientes, sino también en minería ilegal y otras tareas inherentes a su cargo.
De manera puntual, publica informaciones incompletas. Básicamente da a conocer el inventario incautado y, en algunos casos, si hay detenidos. En otros, no hay nombres ni sospechosos –que sí identifican medios de comunicación en sus trabajos especiales sobre el Arco Minero del Orinoco y el tráfico de drogas- y se desconoce si todos los casos son investigados por el Ministerio Público.
Si bien el gobierno de Colombia ya no es blanco directo en las acusaciones de Venezuela por el tránsito de drogas en el país, Hernández Lárez, señaló –tras la detención en Táchira de tres personas que fungían como narcomulas- que esa práctica no es venezolana.
En Venezuela, las autoridades ya no hablan de la disidencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) ni del Ejército de Liberación Nacional (ELN) colombiano, movimientos guerrilleros que hacen vida en territorio venezolano con la anuencia del gobierno de Maduro.
El término guerrillero parece haber sido sustituido en la narrativa oficial por la palabra terrorista o Tancol. Sin embargo, el gobierno colombiano tiene muy bien ubicado a los grupos guerrilleros en Venezuela, así como las actividades en las que están involucrados.
Una investigación de Insight Crime, de 2023, determina que los Tancol no existen. “El carácter difuso de la presunta amenaza de los Tancol le permite a Maduro presentar una variada gama de operativos de seguridad, muchas veces sin relación entre sí, como una campaña incansable y coherente por la protección de los venezolanos contra un enemigo formidable”, señala el portal.
A pesar de la “lucha contra el narcotráfico” de la que se jacta el fiscal Tarek William Saab, y que exhibe como trofeo, cada vez más aumenta el número de militares venezolanos involucrados en el ilícito, de acuerdo a denuncias recogidas por el portal Infobae.
En los balances semanales ofrecidos por el jefe del Ministerio Público se da cuenta de aprehensiones y acusaciones, pero de personas que integran los eslabones más débiles de la cadena. No hay un alto funcionario preso, hasta ahora, por contrabando de estupefacientes.
Mientras, la Superintendencia Nacional Antidrogas (Sunad) publica notas de prensa en su sitio web con el resultado de incautaciones, localizaciones de pistas clandestinas y desmantelamiento de organizaciones delictivas.
En septiembre de 2022, el gobierno de Joe Biden mantuvo a Venezuela en la lista de países que no se esfuerzan en la lucha contra las drogas ni en la cooperación con Estados Unidos. Venezuela rechazó la decisión de EEUU en un comunicado en el que reconoce una incautación récord de drogas en 2021.
“Resulta ostensible que desde la expulsión de la Administración de Control de Drogas (DEA) de Venezuela, el Gobierno Bolivariano ha logrado con políticas soberanas, la incautación y los decomisos más grandes de la historia y ha dado guerra sin cuartel contra los narcotraficantes y grupos irregulares al margen de la ley, registrando así en 2021, el récord de incautación de 51 toneladas de drogas en más de 5 mil procedimientos”.
En 2022, según información del superintendente nacional antidrogas, Richard López Vargas, se realizaron 7.113 procedimientos, se decomisaron 41,60 toneladas y se detuvieron a 8.830 personas hasta el 3 de diciembre. Las declaraciones son hechas sin presentar evidencias ni a sus responsables.
Varios de los altos funcionarios y ex funcionarios del gobierno venezolano están acusados por autoridades de EEUU por sus vínculos con el tráfico de sustancias ilícitas, así como de presuntamente integrar el Cartel de los Soles.
Virgilio Trujillo
Desde 2016, cuando por decreto se creó la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional del Arco Minero del Orinoco, se han denunciado prácticas ilícitas como el contrabando de oro, combustible, drogas, armas y municiones en la zona, a la que se suman situaciones de explotación laboral y sexual.
Las autoridades reportan muy poco de todo lo que ocurre en el Arco Minero, una extensión territorial que ocupa áreas de los estados Bolívar, Amazonas y Delta Amacuro.
Un informe de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela de la ONU –el tercero- y el documento “Economías Ilícitas al amparo de la corrupción” elaborado por Transparencia Venezuela en el año 2022, destacan los resultados de las batallas de grupos criminales por el control del oro, en connivencia con autoridades. Y mientras el daño ecológico continúa indiscriminadamente y parece ignorado por el alto gobierno, Nicolás Maduro pidió en la Cumbre del Cambio Climático (Egipto, noviembre 2022) la creación de un fondo de financiamiento para “proteger” el Amazonas.
“Es necesario concretar sin demora ni artificios burocráticos el fondo de financiamiento de pérdidas y daños climáticos (…) Debemos trabajar hasta el último detalle afinando los mecanismos para que el auxilio financiero sea de forma directa, justa, oportuna y expedita de manera que llegue a los pueblos más afectados la indemnización por los daños ambientales”, dijo en la reunión de presidentes.
Pero nada mencionó sobre la destrucción de la principal reserva ambiental del país que permite, impulsa y produce su gobierno, al ser socio de las alianzas estratégicas en el negocio del oro, ni la afectación de las comunidades indígenas de esa región, cuya vida se ha trastocado con la extracción de minerales por distintos grupos que intervienen en esas actividades.
Hombres trabajan en una mina de oro a orillas de un río en El Callao, estado de Bolívar, al sureste de Venezuela, el 24 de febrero de 2017. (Foto: Juan Barreto/AFP)
Un estudio realizado para un proyecto del portal Correo del Caroní, publicado en octubre de 2021, demostró que, en Bolívar, 35% de los indígenas de la muestra tenía en su organismo niveles de mercurio por encima de lo establecido por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
A agosto de 2023, el gobierno de Maduro no se ha pronunciado sobre el tema, como tampoco ha fijado posición sobre la devastación de la Amazonía venezolana que avanza a pasos agigantados, mientras la explotación del oro crece de manera anárquica.
El portal argentino Infobae tuvo acceso a un documento interno de la compañía aseguradora Lloyd’s (publicación de noviembre de 2022), que detectó que Irán traficó oro desde Venezuela con el avión de Emtrasur (retenido en Argentina en junio) para financiar operaciones del Hezbollah en el Medio Oriente.
El presidente Nicolás Maduro se refirió por primera vez al caso solo dos meses más tarde que se impidiera la salida del avión del aeropuerto de Ezeiza (Buenos Aires), cuando pidió a Argentina devolver la aeronave (8 de agosto 2022).
En defensa de la operación del aeroplano, el diputado a la Asamblea Nacional chavista, Jesús Faría, dijo en una entrevista a Globovisión el 30 de agosto, que en esa aeronave de carga se transportaban las vacunas anti COVID al país.
Hasta mediados de agosto de 2023 ningún funcionario del gobierno venezolano se había referido al documento de Lloyd’s, dado a conocer por Infobae.
Tampoco para esa fecha se conocía de resultados de la investigación del asesinato del líder indígena, Virgilio Trujillo. Douglas Rico, director general del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), informó en su cuenta en Twitter, el 5 de julio de 2022 que había enviado un equipo a investigar el suceso, en el que “se presume estén involucrados narcotraficantes y paramilitares que pretenden tomar territorio nacional”.
Olnar Ortiz, abogado coordinador de Pueblos Indígenas del Foro Penal –ONG de Derechos Humanos que presta asistencia jurídica pro bono a personas detenidas arbitrariamente y a sus familiares-, dijo en un video colgado en su cuenta en Twitter, que se le informó en el Ministerio Público que había personas imputadas por el asesinato de Trujillo, sin que se le dieran detalles.
Hasta mediados de agosto de 2023 el caso sigue sin ser esclarecido. Peor aún, otro líder indígena, Wilberto Camico, se encuentra desaparecido desde el 28 de diciembre de 2022, cuando la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), realizaba operativos en la zona contra la minería ilegal, de acuerdo con la ONG Control Ciudadano.
Wilberto Ángel Camico Menare,
desaparecido desde el
28 de diciembre del 2022
Ese mismo día, en transmisión del Sistema de Medios Públicos del acto de salutación de fin de año, Nicolás Maduro pidió a la FANB multiplicar la defensa de la naturaleza, selva, ríos y sistema ecológico ante la presencia de bandas criminales dedicadas a la destrucción del ambiente. En ese evento también manifestó que, durante 2022, se destruyeron 441 campamentos, 61 narcolaboratorios y 118 pistas clandestinas.
Tanto Trujillo como Camico tenían en común su rechazo a la explotación ilegal en las minas del Parque Nacional Yapacana, uno de los más afectados por esta práctica, que está destruyendo todo su ecosistema y la vida de la población autóctona.
El ecocidio en el área del Arco Minero del Orinoco ha sido denunciado, documentado y elevado a instancias internacionales por ONG como SOS Orinoco y Fundaredes, entre otras.
«La situación en el estado de Bolívar y en otras zonas mineras es profundamente preocupante. Las poblaciones locales, incluidos los pueblos indígenas, están atrapadas en una violenta batalla entre actores estatales y grupos armados criminales por el control del oro. Nuestro informe pone de manifiesto la necesidad de seguir investigando esta región que, paradójicamente, es una zona casi olvidada del país, pero, al mismo tiempo, genera una riqueza lícita e ilícita procedente de los minerales de cantidades inmensas”, indicó Patricia Tappatá Valdez, miembro de la Misión internacional independiente de determinación de los hechos sobre Venezuela de la ONU (MIIV), en el informe de septiembre de 2022.
Mientras esta realidad es reconocida por Naciones Unidas, el gobierno venezolano rechazó el informe de la Misión Independiente de Determinación de los Hechos en Venezuela y lo calificó de injerencista. «Es un pseudo informe, sin el más mínimo sustento metodológico ni contacto directo con el país», respondió a través de un comunicado, publicado en redes sociales.
No obstante las muchas evidencias sobre las irregularidades que se tejen alrededor del Arco Minero del Orinoco, el canciller de Venezuela, Yván Gil, destacó logros en el combate de los ilícitos. En su cuenta en Twitter, publicó el 11 de enero de 2023, que Venezuela “exhibe éxitos en la lucha contra la minería ilegal y la deforestación”. Pero no hay descripción precisa de esos éxitos. Una visita a la zona hecha por Transparencia Venezuela en el primer semestre de 2023 permitió confirmar que las actividades ilícitas son visibles para cualquier ciudadano y dominan el AMO.
La respuesta del gobierno se ha limitado a informar puntualmente de operativos contra la minería ilegal en los que son desmantelados campamentos, se destruyen equipos, se decomisan armas y combustible. En el estado Amazonas se denomina Operación Autana y en Bolívar Operación Roraima. Esta última encubriría una nueva estructura en algunas minas, en las que la fuerza castrense ha desalojado a pranes y grupos guerrilleros para que el control de la actividad aurífera lo asuman las alianzas estratégicas entre organismos del Estado con empresarios cercanos al gobierno. La falta de información da paso a distintas versiones como el control que mantienen militares conjuntamente con los iraníes, según lo reportó la periodista Sebastiana Barráez, en noviembre de 2022.,
Nicolás Maduro y altos voceros de su gobierno solo se refieren al tema del oro cuando se trata de las 31 toneladas en custodia del Banco de Inglaterra, cuya administración se disputan legalmente Maduro y la Asamblea Nacional electa en 2015, desde 2019, cuando Maduro asumió para un nuevo período presidencial tras unos comicios calificados de fraudulentos y que fueron desconocidos por varios países, entre ellos, Reino Unido.
Piratería, secuestro y robo son los calificativos que suelen usar los altos personeros del gobierno en el caso de la retención de los lingotes y por el cual se victimiza. El 20 de enero de 2021, el entonces canciller de la República, Jorge Arreaza, colgó en su cuenta en Twitter: “CRIMINALES! Otra prueba de la crueldad de Guaidó y su banda. A partir del reconocimiento ilegal del Reino Unido a un gobierno ficticio e inexistente, impiden que el Banco de Inglaterra libere el oro bloqueado del Estado venezolano para comprar vacunas para el #Covid19”.
Pero ni la defensa legal del oro de las reservas en poder del Banco de Inglaterra, ni los anuncios mediáticos de combate contra la minería ilegal pueden ocultar los asesinatos (sin culpables), las desapariciones, las amenazas de muerte, las persecuciones, el ecocidio, la explotación sexual y laboral y la trata de personas que rodea el oscuro negocio de la explotación y comercialización del oro en Venezuela. Existe una total opacidad por parte del gobierno.
