El gobierno de Nicolás Maduro mantiene una hegemonía comunicacional que le da una ventaja indiscutible sobre cualquier otro emisor en el alcance del mensaje que transmite al colectivo. Por un lado, utiliza la omisión, el silencio administrativo y comunicacional y, por el otro, se vale de estrategias discursivas que pintan situaciones sesgadas, manipuladas o de medias verdades que no reflejan la realidad del país. Es el uso de la desinformación como política de Estado para manipular audiencias y crear escenarios a su antojo.

Hechos que colocan hoy a Venezuela bajo la lupa de organismos internacionales, por ser parte o no atender casos de violaciones de derechos humanos o la corrupción, evidencian la permisividad y complicidad de las autoridades en un sinfín de irregularidades de las que no puede escapar del escrutinio público.

Durante 2021 y 2022, algunas circunstancias le permitieron esquivar verdades. Así, la aparición de la Covid-19 en el país (marzo 2020) y la posterior relajación de las medidas adoptadas a propósito de la pandemia, adicionado a la ligera recuperación económica, observada a partir del último trimestre de 2021, han sido aprovechadas comunicacionalmente por Maduro para desviar la atención de situaciones y hechos de interés nacional que afectan la vida de los ciudadanos.

Así, si de actividades ilícitas se trata, los mensajes pueden divulgarse de manera parcial como ocurre en casos de trata de personas; con manipulación como sucede con el narcotráfico y los llamados Tancol, o, incluso, callar, si se trata del verdadero negocio que esconde el Arco Minero del Orinoco.

Mientras la corrupción se ha enquistado en buena parte de las actividades en las que interviene el gobierno, el discurso oficial se planta sobre un supuesto combate contra los ilícitos –con detenidos y acusados- que raramente llega a las altas esferas del poder involucradas, como sí ocurrió con el escándalo Pdvsa-Cripto dado a conocer en marzo de 2023.

La explotación y comercialización del oro sigue siendo uno de los secretos mejor guardado de la administración de Maduro. Aunque lo que ocurre en las minas y sus alrededores se conoce por denuncias de las comunidades y Organizaciones No Gubernamentales (ONG), las autoridades hacen mutis sobre el verdadero negocio del oro, que envuelve violaciones a los derechos humanos y una devastación que se sucede más allá de los 111.843 kilómetros cuadrados que abarca el Arco Minero del Orinoco.

Operativos militares de desmantelamiento de campamentos, incautaciones y aprehensiones para vender una imagen de lucha contra la minería ilegal, trata de personas y el contrabando de oro y drogas. Desde octubre de 2022 el principal vocero de estos operativos es el Comandante Estratégico Operacional de la FANB (CEOFANB), Mayor General Domingo Hernández Lárez.

Aunque los precios del petróleo mostraron una recuperación en 2022, ello no se tradujo en ingresos ni para Pdvsa ni para el Estado y la crisis estalló en marzo de 2023, cuando el Ministerio Público y voceros del gobierno anunciaron detenciones por una trama que involucra a la industria petrolera y el sistema oficial de criptovalores. Pero la información se transformó rápidamente en silencio y, salvo anuncio de detenciones, no hay información, explicación ni datos del caso. Según una investigación de Transparencia Venezuela y Ecoanalítica este caso supone la pérdida de 16.600 millones de dólares (dos veces el presupuesto nacional de 2023), pero nadie en el alto gobierno da respuestas. El mutismo prevalece como una estrategia de desinformación.

Antes de que explotara el escándalo Pdvsa-Cripto, la corrupción en Pdvsa se centraba en una investigación a su expresidente y también exministro de Petróleo, Rafael Ramírez, y sus allegados por un supuesto desfalco de 4.800 millones de dólares. Tanto la Fiscalía General de la República como el Ministerio del Petróleo informan muy poco sobre el avance del caso.