En Venezuela, la mesa está servida para que la desinformación promovida desde las altas esferas del poder cale en las audiencias. La hegemonía comunicacional que mantiene el gobierno nacional y la opacidad con la que se manejan temas de interés público, le ha permitido ser una fuente inagotable de versiones manipuladas o falsas con las que busca quedar bien parado frente a sus audiencias y endilgar responsabilidades a actores que le resultan incómodos.

En la narrativa oficial se suele hacer mención a la lucha contra la corrupción, por ejemplo, pero muy poco o nada se dice cuando las fiscalías de otros países denuncian la participación de altos cargos del gobierno en casos de desfalco al patrimonio público venezolano, o cuando alguna investigación periodística revela nexos comprometedores de esos funcionarios.

El alcance de esta práctica o política de Estado va más allá del ámbito comunicacional en sí mismo. Puede llegar a comprometer la seguridad de territorios y la de sus ciudadanos, incluso hasta poner en riesgo sus vidas, en caso de situaciones graves en los que los poderes públicos no actúan.

Como parte de las estrategias empleadas, el gobierno procura dominar todos los espacios de información (tradicionales y no tradicionales) y opta por emitir principalmente mensajes unidireccionales. No suele admitir la confrontación, por lo que las reacciones no encuentran de inmediato una respuesta oficial.