CAPÍTULO 2
INSTAURACIÓN
DE COGOBIERNOS CRIMINALES
De “sindicatos” a “el sistema”
La tarde del miércoles 29 de septiembre de 2021 el nombre de El Callao volvió a las páginas de sucesos de los medios de comunicación nacionales, después de que se reportara el hallazgo de dos cabezas humanas dentro de un morral que había sido dejado en la plaza El Jobo de la localidad. El hecho, aunque cruento y alarmante, no fue novedoso para los habitantes de la población, pues en varias ocasiones han sido testigos de actos similares.
Las primeras versiones policiales del suceso indicaban que las cabezas fueron abandonadas por un sujeto con apariencia de minero que dejó el bolso y se alejó en una moto. Aunque no trascendieron más detalles oficiales del caso, extraoficialmente se reportó que los autores de las decapitaciones fueron los miembros de organizaciones criminales que operan en la zona y que estaban aplicando uno de sus “castigos ejemplarizantes”.
En la última década y con más ahínco desde 2016, cuando se creó el Arco Minero del Orinoco, se estableció en los pueblos mineros del estado Bolívar una estructura delincuencial que se dedica a controlar el negocio de la explotación ilegal del oro; aunque no todas las bandas son iguales y muchas tienen sus propias minas para explotar el mineral, es conocido que los integrantes de estos grupos cobran vacunas (extorsionan) a quienes deciden trabajar en la actividad, mineros, comerciantes o molineros; autorizan quién puede entrar o salir de cada una de las minas; ordenan cuánto y cómo se trabaja; definen qué se puede decir y qué no… todo impuesto con el poder del fuego.
Estos grupos delincuenciales que se han apoderado de las zonas mineras están presididos por pranes, un término que nació en las cárceles venezolanas para referirse a sus líderes criminales. Con los años, han logrado copiar estructuras como las de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para controlar cada paso que se da dentro de una mina. Cuentan con personas que se encargan de la vigilancia temprana, a quienes llaman gariteros y tienen hasta equipos de logística, que les ayudan con los insumos y grupos de choque, para defender sus territorios y hacer cumplir sus normas. Los castigos para quienes desobedecen van desde golpizas hasta mutilaciones y descuartizamientos que se hacen en público para que el mensaje llegue a más personas.
Pese a las constantes denuncias que han hecho organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales, como la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, las autoridades nacionales no han tomado acciones efectivas que frenen la actividad delictiva.
Al contrario, en los últimos dos años la mayoría de estas organizaciones criminales han logrado consolidarse y garantizar un dominio, territorializado por sectores, gracias a una suerte de acuerdo de convivencia establecido con otras bandas y algunos cuerpos de seguridad del Estado, según la investigación realizada.
Por muchos años, la mayoría de estas bandas criminales eran reconocidas bajo el nombre de sindicatos mineros, pero en la actualidad varias de ellas se autodefinen como el sistema, esta nueva denominación arropa no solo la consolidación que las bandas han logrado, sino también la ampliación de su dominio a ámbitos fuera de las minas, sus trabajadores, sus habitantes, así como la cultura y normas que las agrupa.
De acuerdo con los testimonios recabados, los sistemas no solo se encargan de ejercer el control de actividad minera con el uso de las armas, también han impuesto un conjunto de normas para mantener la paz, resolver riñas familiares, problemas entre comerciantes o decidir en las ventas de inmuebles. Para todo esto han establecido una suerte de tribunales propios.
“Una cosa es decir que en cualquier sociedad hay zonas con delincuencia en las que eventualmente aparecen grupos irregulares, pero otra cosa es cuando el ordenamiento jurídico y las relaciones sociales en un territorio suficientemente extenso son impuestos por un grupo que no obedece en lo absoluto a los criterios del Estado nacional, y eso es lo que ocurre en esta zona”, sentencia un politólogo e investigador de las actividades mineras en Guayana que prefirió no ser identificado.
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Agrega que los cambios en las denominaciones de estos grupos criminales obedecen a la intención de sus líderes de mostrarse con una cara más humana. Ahora intentan que se les conozca como grupos que procuran el orden en las comunidades y que buscan ayudar a los más necesitados a través de fundaciones que reparten bolsas de comida, surten ambulatorios y reparan escuelas. Pero no por eso dejan de lado los asesinatos, las torturas y las demás prácticas delictivas.
Durante las visitas de campo se recogieron diversas referencias positivas hacia los pranes, pues se imponen relaciones de dependencia y reconocimiento de su autoridad, de admiración por el poder que ejercen, y por la riqueza que muestran, es una razón de orgullo mostrar vínculos y parentescos con ellos.
El avance de estos grupos y la ausencia del Estado ha llevado a algunos ciudadanos a normalizar la situación. “En estos pueblos no hay inseguridad”; “Yo salgo con mi celular a la plaza y nadie me va a robar”; “Al que le cortan la cabeza es porque se come la luz (no sigue una regla)”, son frases que se repiten en la zona.
Estado y grupos irregulares
El surgimiento y la consolidación de los organizaciones criminales en los municipios mineros de Bolívar se ha dado aun cuando en la zona hay una importante presencia de efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y otros organismos de seguridad del Estado, como la policía nacional y regional, el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc), el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim).
En efecto, cualquier persona que se moviliza por la troncal 10, la vía que atraviesa al estado Bolívar y comunica a los municipios mineros de la entidad, puede encontrar los puestos de control con presencia de la FANB y de los otros cuerpos de seguridad del Estado. Al interior de los pueblos también es posible hallar a los efectivos, pero más alejado del centro el poder queda en manos de las organizaciones criminales.
Las fuentes entrevistadas para este informe aseguran que las bandas nacieron y se han fortalecido precisamente gracias al respaldo de militares que han ejercido importantes cargos dentro del gobierno y a la anuencia de las máximas autoridades de los cuerpos de seguridad destacados en la zona. Coinciden en que las alianzas entre los representantes del Estado y las bandas criminales se da porque todos participan del reparto el botín que producen las economías ilícitas.
“Cada pran tiene su padrino entre los funcionarios estatales con mayor poder”, refiere el politólogo e investigador consultado. Agrega que muchas de las decisiones políticas que se anuncian al país tienen como propósito desplazar a unos padrinos por otros.
Los presuntos vínculos entre los representantes de los entes estatales y los grupos delictivos han sido denunciados incluso por efectivos de los mismos cuerpos de seguridad del Estado, como el excomisario del Sebin, José Gregorio Lezama Gómez y el primer teniente del Ejército Nacional, Jesús Leonardo Curvelo.
El 26 de enero de 2016, Lezama Gómez le envió una carta a Gustavo González López, director del Sebin, en la que narraba la presunta responsabilidad del gobernador de Bolívar (2004-2017), general de división en situación de retiro, Francisco Rangel Gómez, en el surgimiento de las bandas delictivas de los municipios mineros. El excomisario de inteligencia aseguró que el promotor de los grupos delictivos fue el general de brigada Julio César Fuentes Manzulli, secretario de Seguridad Ciudadana y mano derecha de Rangel Gómez.
Fuentes Manzulli también fue acusado por el primer teniente Curvelo, quien durante 14 años se desempeñó como su asistente personal. Curvelo fue detenido en 2015 y acusado de pertenecer a una red criminal, pero una vez que le dieron casa por cárcel huyó del país. Desde el exterior redactó un “informe denuncia” en el que narró parte de los supuestos actos de corrupción cometidos por su exjefe, que lograron armar y posicionar a las bandas criminales en Bolívar. Dijo que les suministraban armas y además los ayudaban a quedar en libertad cuando eran detenidos.
“Otra de las instrucciones recibidas del G/B Julio César Fuentes Manzulli fue el retiro de armamentos provenientes del Plan Desarme que se encontraban en el Parque Nacional de Armas de la Dirección de Armas y Explosivos (DAEX) para trasladarlos a las poblaciones del sur del Estado Bolívar, instrucción conocida por el G/D Francisco Rangel Gómez”, dice el documento enviado por Curvelo al diputado de la Asamblea Nacional de Venezuela, Américo De Grazia.
El político de oposición Andrés Velásquez coincide en que los grupos criminales denominados trenes, sindicatos, pranato o sistema se consolidaron en las minas de Bolívar durante la gestión de Rangel Gómez, según declaró para este informe. “Pudiéramos decir que todos estos grupos reemplazan al Estado. Tienen códigos de reparto en los territorios y se enfrentan cuando hacen cortocircuito para arrebatarle el control a sus rivales”.
La salida de Rangel Gómez de la gobernación y el inicio de la gestión del mayor general Justo José Noguera Pietri (2017-2021), coincidió con un repunte en las denuncias sobre la presencia de presuntos grupos guerrilleros en las minas. De acuerdo con los diputados de oposición, estos grupos habrían sido apoyados por Noguera con el propósito de desplazar a las bandas armadas no estatales que ya estaban en la zona.
Recientemente, se ha visto la participación de Alexander “Mimou” Vargas, actual diputado de la Asamblea Nacional y alto comisionado presidencial por la paz y la vida, en actos organizados por fundaciones presuntamente vinculadas con, al menos, dos de las bandas criminales de Bolívar.
También, hay reportes que vinculan a las bandas con funcionarios de la Corporación Venezolana de Minería, pero no hay suficientes elementos que permitan confirmar la relación. Los detalles de estas relaciones se presentan en las fichas de cada banda presentes en el capítulo tres de este informe.
Las peleas de gallo se han utilizado para negociar lealtades económicas y de poder entre los integrantes de las bandas criminales y funcionarios corruptos, de acuerdo con los testimonios recabados. Son actos culturales, cuasi religiosos, que sirven para formalizar los pactos, que como en otros casos se sellan con la sangre del gallo. La lealtad tiene un contenido económico y el objetivo es el acceso de estos grupos al oro.
Las organizaciones criminales
que se reparten las minas
La conformación de las bandas armadas que controlan las minas del estado Bolívar ha cambiado en reiteradas ocasiones, principalmente como consecuencia del asesinato o detención de sus cabecillas. Sin embargo, las entrevistas realizadas a pobladores y autoridades de los pueblos mineros, aunadas a la recopilación de reportes de medios de comunicación y reseñas de cuerpos de seguridad, permitió identificar a los principales grupos delictivos que operan en la zona en 2022, así como sus actuales líderes.
En los pueblos mineros pueden recitar fácilmente los nombres de los líderes de los sistemas: “Ronny Matón”, jefe del Tren de Guayana, que opera entre los municipios Caroní, Roscio y El Callao; “El Totó” y “Zacarías”, que controlan también minas de El Callao; “El Run”, que dirige la Organización R dominante en Tumeremo y con presencia en El Callao; El “Negro Fabio”, líder criminal de El Dorado; “Juancho” y su equipo, con poder sobre Las Claritas y el Km 88.
Las fichas con los detalles de cada uno de estos grupos criminales se pueden ver en el capítulo 3.
Guerrilla en Bolívar: ¿ELN, FARC, FBL?
En el trabajo de campo realizado en el estado Bolívar se encontraron fuertes indicios de la presencia de organizaciones criminales con vestimenta camuflada y comportamiento hostil que los testigos identifican como guerrilleros. También se recopiló un número importante de reportes de ataques de grupos ilegales en los últimos dos años. Sin embargo, varios expertos consultados para este estudio tienen dudas de que esos grupos sean parte del Ejército de Liberación Nacional (ELN) de Colombia, como se ha reportado antes.
Aunque hay certezas de que esta organización criminal tenga presencia en el sur de Bolívar, hay más evidencias de su actuación en el área 1 del AMO, correspondiente a la zona de El Caura, Caicara y más hacia el estado Amazonas, y en la vía hacia Apure, donde líderes indígenas refieren haber sido víctimas de grupos guerrilleros que se auto declaran del ELN.
Estos reportes se refieren a ataques e incursiones irregulares por parte de estos grupos en el estado Bolívar, pero no de asentamientos de guerrilleros.
Las fuentes entrevistadas en la zona 4 del AMO, a lo largo de la troncal 10, describen a estos grupos irregulares de manera similar: son personas en ropa militar o de camuflaje, tienen una cinta en el brazo, usan armas “grandes”, se declaran guerrilleros y algunos hablan colombiano. No obstante, reportes de líderes de sindicatos mineros como Eduardo José Natera Balboa, alias “Run” o “el Pelón” refieren que llegó a usar ropa militar y botas de goma. Además, varios líderes del sistema tienen origen colombiano.
Académicos de la zona expresan dudas razonables de que esas organizaciones criminales que se llaman guerrilleros pertenezcan al ELN o a las disidencias de las FARC. Coinciden en que hay indicios de guerrilla, pero no cuentan con las evidencias suficientes para confirmar la presencia del ELN o las disidencias de las FARC en el sur. Afirman, que se requiere una investigación más rigurosa.
Las dudas están relacionadas con el comportamiento de los grupos en Venezuela que es distinto al que han tenido en Colombia:
1. Los grupos en Venezuela tienen demasiada autonomía, en comparación con los grupos en Colombia.
2. No se autodenominan como miembros del ELN, ni de las disidencias de las FARC.
3. Tampoco refieren su pertenencia a un comando, ni a su jefe o líder.
4. No reclaman autoría de hechos a nombre de estos grupos.
Declaraciones de dirigentes políticos de oposición, reportes de organizaciones de la sociedad civil, medios de comunicación incluso algunas personas consultadas durante el recorrido realizado por las comunidades mineras llegan a asegurar que estos grupos sí están presentes en minas de El Callao, el Dorado y Tumeremo, pero todos son reportes de terceros.
Una de las bandas más sanguinarias del estado Bolívar es la de alias Totó y Zacarías con dominio en el callao. Foto: twitter del periodista Germán Dam
Las bandas de El Callao son conocidas por mutilar. Foto: Twitter
Las bandas armadas han impactado hasta las comunidades indígenas. Kumutan, municipio Sifontes, estado Bolivar. Foto: William Urdaneta
Varias de las personas consultadas aseguraron que aun cuando no hay certeza de que se trate de los mismos guerrilleros colombianos, en las zonas mineras sí se han producido incursiones de organizaciones criminales que se diferencian de los sindicatos o sistemas por las formas en las que operan. “Esos grupos llegan y se identifican como guerrilla, como el ELN o frentes revolucionarios. Reúnen a los habitantes de la zona, muchos de comunidades indígenas y les aseguran que no les van a hacer nada si acatan sus reglas. No amedrentan tanto como los de los sindicatos y eso ha hecho que sean recibidos un poco mejor”, afirma una persona que trabaja con las comunidades indígenas del sur de Bolívar.
En la vía de Bochinche y San Martín de Turumbán los indicios apuntan a incursiones de organizaciones criminales que se denominan revolucionarios y bolivarianos. Entran en contacto con las comunidades indígenas, exigen y negocian pagos antes de retirarse.
Desde el sector oficial, un parte de la Guardia Nacional Bolivariana en Bolívar, del 15 de noviembre de 2020, refiere la muerte de cuatro integrantes de un “grupo irregular” que presuntamente se enfrentó con los efectivos militares en el sector La Cochinera del municipio Angostura, en Bolívar. Aunque los fallecidos no fueron identificados, la GNB reportó que eran “aparentemente colombianos y vestían indumentaria militar”.
Por otra parte, un reporte del Dgcim del 29 de enero de 2022 correspondiente al “Resumen de investigación sobre el desvío y contrabando de extracción de combustible en el municipio Independencia del estado Anzoátegui”, ordena la detención de Carlos Rafael Vidal Bolívar, alcalde de esa jurisdicción, así como de 11 personas más, por administración irregular y comercialización a “organizaciones dedicadas a la práctica de minería ilegal, grupos generadores de violencia (elementos disidentes de grupos guerrilleros colombianos dedicados al tráfico ilícito de drogas)”.
Masacres y desapariciones.
Los saldos rojos de la lucha por las minas
LOS MUNICIPIOS MINEROS
DE BOLÍVAR ENTRE
LOS MÁS VIOLENTOS
DE VENEZUELA
En sus intentos por controlar más minas auríferas del estado Bolívar y dominar las economías ilícitas en la zona, los grupos criminales han propiciado episodios sanguinarios que han cobrado la vida de cientos de personas, en su mayoría mineros e integrantes de las mismas bandas delictivas.
Efectivos de los diferentes cuerpos de seguridad del Estado también han resultado muertos y heridos en presuntos enfrentamientos con las bandas criminales, aunque organizaciones de la sociedad civil que investigan patrones de violencia y pobladores de las comunidades mineras han denunciado la ocurrencia de ejecuciones extrajudiciales.
Estos hechos han llevado a que el estado Bolívar se ubique como la tercera entidad territorial más violenta del país, con una tasa de 56,8 homicidios por cada 100.000 habitantes, según el reporte de 2021 del Observatorio Venezolano de Violencia (OVV).
La organización destaca que cuando se observa la situación a escala municipal, se encuentra que entre los cinco municipios más violentos de Venezuela, tres están en la zona minera del estado Bolívar y presentan tasas de muertes violentas excepcionalmente altas: el municipio El Callao con una tasa de 511; el municipio Sifontes con 189 y el municipio Roscio con 125 homicidios por cada 100.000 habitantes.
ENTRE MARZO DE 2016
Y MARZO DE 2022
SE REGISTRARON
AL MENOS 79 HECHOS VIOLENTOS
OCURRIDOS EN EL CONTEXTO MINERO
Entre los hechos violentos reportados en el sur de Bolívar destaca el ocurrido en Tumeremo en marzo de 2016, cuando la banda de Jamilton Andrés Ulloa Suárez, alias “el Topo”, asesinó al menos 17 personas que fueron halladas en una fosa común, de acuerdo con los registros del Ministerio Público venezolano. Aunque la versión oficial alega que el suceso se dio por los presuntos vínculos de las víctimas con el rival del pran, (Alexandro Lisandro González Montilla, alias “el Gordo Lisandro”), algunas fuentes coinciden en que la intención de la masacre era despejar y preparar el lugar para las compañías que recibieron concesiones como parte del recién creado Arco Minero del Orinoco.
La magnitud de la denominada Masacre de Tumeremo o Masacre de Atena trascendió las fronteras de Bolívar, escandalizó al país y convirtió al “Topo” en el hombre más buscado de Venezuela. Tres meses después, el pran fue asesinado por fuerzas especiales del Sebin, pero los hechos violentos se siguieron registrando.
Una base de datos levantada para este informe, a partir de publicaciones realizadas por medios de comunicación confiables y reportes elaborados por organizaciones de la sociedad civil que atienden el tema, permitió identificar 79 hechos violentos ocurridos en el contexto minero entre marzo de 2016 y marzo de 2022 que dejaron un saldo de al menos 104 personas muertas. De la sistematización de la información se desprende que en nueve eventos violentos murieron al menos 11 efectivos de los cuerpos de seguridad del Estado, dos policías, seis militares y tres integrantes de la Dgcim.
Además de las personas que han muerto por la violencia registrada en las zonas mineras, la Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía (Codehciu), en alianza con el Correo del Caroní, ha compilado reportes de 175 de personas desaparecidas al sur del estado Bolívar entre 2012 y 2021.
Codehciu resalta que, aunque estas desapariciones pueden considerarse un patrón sistemático que no puede separarse de la extracción de oro al sur de Venezuela, el Estado venezolano aún no ha implementado políticas públicas que garanticen la búsqueda en vida de estas personas. Esto pese a que Venezuela firmó la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas y firmó y ratificó la Convención -y el Protocolo Facultativo- contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de Naciones Unidas.
MUNICIPIOS CON MAYOR DESAPARICION DE PERSONAS 2021
“El porcentaje de personas que aparecieron, reportaron a sus familiares que estuvieron tiempo sin comunicarse porque empleadores dentro de las minas les quitaban los teléfonos, porque el sindicato de turno les prohibió la comunicación o por falta de señal telefónica”, agregan.
Además, en los anexos de este informe se puede revisar la lista completa de hechos violentos registrados en el contexto minero entre marzo de 2016 y marzo de 2022.
Justicia en el sur. Operación manos de metal
El 8 de junio de 2018, el gobierno nacional lanzó una operación denominada “Manos de metal” con el propósito de “atacar a las mafias del contrabando de extracción de metales”, entre ellos cobre, plata y sobre todo oro.
El entonces vicepresidente, Tareck El Aissami, fue el encargado de comunicar que habían sido detenidas siete personas presuntamente vinculadas con el tráfico ilegal y que se libraron órdenes de captura contra otras 28 personas.
Casi cuatro años después de iniciada esta operación los resultados no han sido los prometidos. Pese a que derribaron decenas de improvisados locales de compradores de oro en el sector Altavista de Puerto Ordaz, y se acabó con la vida de Phanor Vladimir San Clemente alias Capitán, cabecilla de una de las bandas más sanguinarias de Guayana, el tráfico ilegal del oro persiste y tanto en los barrios de Ciudad Guayana y en las zonas mineras la justicia la impone El Sistema.
El impacto a las comunidades indígenas
En los últimos dos años, el sistema que opera al sur del estado Bolívar se ha expandido aún más a los territorios indígenas que coinciden con las áreas de explotación del Arco Minero del Orinoco, lo que sigue afectando los tradicionales modos de vida de estas comunidades y las expone a la gobernanza criminal, las enfermedades y las relaciones laborales y sociales en formato de esclavitud moderna.
La ampliación de las áreas de control de las organizaciones criminales con complicidad estatal ha sido denunciada desde hace más de cinco años, por dirigentes indígenas en instituciones formales, pero la respuesta ha sido nula. Líderes consultados para este informe coinciden en que las comunidades quieren tomar la justicia por sus manos, aunque insisten en la necesidad de agotar las vías regulares. Mientras la tensión sigue latente, aguardan por el desalojo de sus tierras y han instalado carteles en un intento por demarcar sus territorios.
Un hecho ocurrido el 12 de enero de 2022 permite retratar la situación de los pueblos originarios y la escalada de la violencia. El conflicto se dio en comunidades indígenas de la parroquia San Isidro, en el municipio Sifontes del estado Bolívar.
Las comunidades indígenas Sororopan, Inaway, San Miguel, Araima Tepui y Joboshirima -ubicadas en la troncal 10- decidieron ocupar un galpón que está en el Km 82, en tierras de la comunidad indígena Santa Lucía de Inaway, con el propósito de instalar una venta comunitaria de sus productos y cosechas, según narraron. El inmueble estaba abandonado hace más de 30 años, pero queda justo en la entrada a la vía de acceso de un yacimiento minero controlado por el grupo criminal que opera en las comunidades de Las Claritas y el Km 88, liderado por alias “Juancho”.
GALPÓN QUE GENERA EL ENFRENTAMIENTO ENTRE LA COMUNIDAD INDÍGENA Y EL PRANATO DE LAS CLARITAS. MUNICIPIO SIFONTES
“Antes los indígenas pasaban por allí porque eran sus trochas para ir al río Cuyuní, para pescar, pero ahorita no pueden hacer eso porque no los dejan pasar. Hay lagunas allí atrás y las están trabajando. También hay empresas allí atrás”, declaró un dirigente del sector.
Para impedir que las comunidades indígenas ocuparan el galpón, el grupo armado hizo que los consejos comunales lo ocuparan primero. Los indígenas intentaron evitar la invasión, pero alrededor de 30 hombres -estiman-, portando armas largas, los intimidaron y arremetieron contra ellos. El capitán de Joboshirima, Junior Francis, fue herido cuando intentaba hacer fotos y videos. Otros dos indígenas también recibieron golpes con el armamento de los delincuentes cuando intentaron tomar fotografías. En protesta por el ataque, las comunidades indígenas cerraron la troncal 10 -que comunica a Venezuela con Brasil- en tres puntos (en los kilómetros 72, 82 y 84) durante seis días.
Arremetida con armas largas, enero 2022
Joboshirima es una comunidad principalmente del pueblo arawaco, pero con presencia de indígenas pemón y caribe. Queda en la troncal 10, a poco más de 10 kilómetros de la localidad minera Las Claritas.
El capitán de la comunidad, Junior Francis, llegó a las 11:42 de la mañana del 12 de enero de 2022 al terreno en el que está ubicado el galpón. Indígenas de la cercana comunidad Inaway le pidieron apoyo porque estaban tomando la infraestructura. Francis no sabía con exactitud qué ocurría, pero se trasladó con seis jóvenes de su comunidad al punto del conflicto, al que ya habían llegado miembros de la seguridad comunitaria indígena.
En el lugar estaban dos delincuentes, integrantes del “sindicato” de “Juancho”, apodados “El Causa” y “Yorman”. Los sujetos abordaron tres camionetas que salieron de la vía de acceso cercana al galpón en la que el grupo armado tiene un “mecate”, una suerte de alcabala en la cual se cobran coimas por el traslado de oro o insumos.
Los delincuentes disparaban al aire. “Están matando a los hermanos”, pensó Francis. En ese momento, reaccionó, agarró el teléfono y empezó a tomar fotos. Cuando lo hacía, uno de los delincuentes apodado “Yorman” corrió a quitarle el celular. “Me metí el teléfono en el bóxer y en lo que me levanté, el tipo me dio el golpe y me reventó la nariz”, recuerda. Al lugar también llegaron los cabecillas de la banda criminal, además de “Juancho”, estaban “el Viejo Darwin” y “Humbertico”.
“El gobierno no nos respalda a nosotros. Ellos (grupos armados) dicen que tienen el respaldo y lo dicen delante de todos. El gobierno es el que los está levantando, porque de dónde consiguen el armamento, ¿Qué hace la guardia? ¿Qué hace la policía? ¿Qué hace el Sebin cuando ellos están metidos allá? Todos deben estar ‘comiendo’ (beneficiándose) allí”, relató un dirigente indígena entrevistado en el municipio Sifontes.
«Para que un grupo de personas se mantenga en el poder debe estar alimentando a los de arriba, porque ¿cómo te mantienes allí? El gobierno es el que tiene la potestad de sacar a esa gente de allí. Dicen que es difícil sacarlos, pero ¿cómo sacaron a los de la Cota 905? Y eso que eso fue en Caracas, la capital. Y aquí se les hace difícil sacar a estos grupos”, añadió en referencia al operativo realizado en julio de 2021 por los cuerpos de seguridad en Caracas contra la banda criminal liderada por alias “el Koki”.
El grupo armado obligó a cerrar los comercios de Las Claritas, coincidieron fuentes consultadas. Mineros que estaban en yacimientos a cielo abierto fueron llevados en camionetas hasta el terreno del galpón “porque dijeron que la guardia los iba a entrompar (a los grupos armados) y usaron al pueblo como escudo”, siguió el dirigente indígena.
El cierre de la troncal 10 cesó en la tarde del 17 de enero de 2022, luego de una reunión en la que participó el gobernador de Bolívar, Ángel Marcano. En el encuentro se decidió que el galpón en disputa quedaría bajo la potestad de la Gobernación y la custodia de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. También se anunció la instalación de mesas de trabajo.
El 26 de enero de 2022, catorce días después de la arremetida de las organizaciones criminales en Santa Lucía de Inaway, se estableció la primera mesa de trabajo. La realizaron en el colegio de la comunidad indígena de San José y participaron 19 capitanes de las 22 comunidades indígenas del municipio Sifontes, representantes de los pueblos pemón, arawaco, kariña y akawayo, que conforman tres ejes: fronterizo (Esequibo), carretero (troncal 10) y fluvial (ríos Yuruán, Cuyuní y Chicanán). El primer punto a discutir era la violencia y la invasión de tierras para el diseño de un plan de desalojo de las organizaciones criminales de los territorios indígenas.
En la reunión también participaron el secretario de Seguridad Ciudadana, Edgar Colina Reyes; y representantes del Ministerio Público y la Zona Operativa de Defensa Integral (ZODI). Las autoridades manifestaron que en 15 días volverían a reunirse y una vez al mes revisarían los avances. Pero no ha habido más información al respecto.
“Quieren tomar control y ya lo han hecho, pero quieren seguir impulsando el control, despojar a las comunidades de su hábitat y de sus tierras para tomar el control total”, aseveró el capitán general del sector Cuyuní IV, Luis Miranda.
Líderes indígenas coinciden en que los cabecillas de los organizaciones criminales que han invadido tierras indígenas son “Juancho”, “el viejo Darwin”, “Humbertico” y el “Negro Fabio”. “Están desplegados en todo el territorio del sector, están dentro y a eso es a lo que le estamos haciendo frente, pero no queremos hacerlo como una confrontación radical porque sabemos lo lamentable que puede ser eso. Lo estamos denunciando como debe ser al Estado, a los organismos de seguridad del Estado, para que neutralicen esta situación que estamos pasando los pueblos indígenas”.
LAS COMUNIDADES INDÍGENAS SE HAN ORGANIZADO PARA TRATAR DE HACERLE FRENTE A LAS BANDAS ARMADAS. FOTOS WILLIAM URDANETA
No es la primera vez que exponen la situación. Al menos siete órganos estatales y de seguridad han recibido las denuncias de las comunidades indígenas: Cancillería, Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Ceofanb), Defensoría del Pueblo, Fiscalía General, Gobernación de Bolívar, Región Estratégica de Defensa Integral (REDI) y ZODI. Ninguna ha actuado hasta ahora, advierten.
En la reunión, informó un dirigente indígena presente, los capitanes preguntaron de frente a las autoridades: “¿Qué quieren, que nos armemos también? ¿Cuál es la función de ustedes? ¿Qué están haciendo? ¿Qué respuesta nos están dando?”.
En la actualidad, Santa Lucía de Inaway, Joboshirima, San Antonio de Roscio, San Martín de Turumbán y San Luis de Morichal son las comunidades indígenas más afectadas en el sector Cuyuní IV por la presencia de organizaciones criminales.
En todas, dijo Miranda, hay invasión de tierras indígenas. “En San Antonio de Roscio hay invasión de organizaciones criminales para tomar el control de las minas, al igual que en San Martín de Turumbán y San Luis de Morichal. Hay parte de las minas tomadas, pero hay minas más cercanas a las comunidades de las cuales quieren tomar el control y a eso le está haciendo frente la comunidad a través de su seguridad comunal y sectorial y solicitando al Estado que haga algo antes de que pase a mayores, ese es el punto de exigencia, de reclamo, se reclama un derecho constitucional”.
La presencia de las organizaciones criminales en territorios indígenas inició en 2007, precisó, pero en los últimos años se ha intensificado, “ya es más descarado, más a la vista, a la luz pública, donde los mismos funcionarios del gobierno se hacen de la vista gorda, están vinculados como tal y eso lo estamos planteando abiertamente”.
Lo más grave que han tenido que sufrir ha sido el asesinato de indígenas entre 2016 y 2019: seis en San Antonio de Roscio y dos en San Luis de Morichal, a mano de grupos armados.
Los líderes indígenas coinciden en que las comunidades quieren tomar justicia por sus propias manos, en vista de la omisión estatal, “y nosotros como líderes estamos neutralizando y tratando de llevar la paz para que eso no suceda, porque sabemos las consecuencias que puede traer eso. Ante esa situación, todavía estamos dando un voto de confianza al Estado para que haga su trabajo, pero ganas de confrontar no le hace falta a nuestra gente al ver que el Estado no hace su trabajo”.
No solo la seguridad preocupa al capitán general, quien asegura que las áreas de salud y educación están en decadencia. Mencionó la contaminación de los ríos por la actividad minera y el aumento de la malaria. Estos temas serían incluidos en la segunda mesa de trabajo con la Gobernación de Bolívar. “Tenemos la esperanza, pero en caso extremo si no se da esperemos que no suceda algo peor, confiamos en que el Estado nos va a solucionar (…) como pueblo seguiremos resistiendo y no nos vamos a arrodillar, doblegar ni dar el brazo a torcer”.
Rodeados en San Antonio de Roscio
Los organizaciones criminales han rodeado a la comunidad indígena pemón San Antonio de Roscio, cuyas tierras están ubicadas entre el kilómetro 24 y 41 de la troncal 10 en el municipio Sifontes. Su incursión empezó por zonas mineras de la periferia y actualmente están a escasos kilómetros de la comunidad, en la que habitan cerca de 2.000 personas, de acuerdo con los censos locales.
El despojo también se observa en la invasión de tierras de la comunidad en ambos márgenes del kilómetro 24 al 34 de la troncal 10, por parte de personas no indígenas que instalaron comercios y tarantines. Tomaron la zona durante 2020 y 2021, en plena pandemia por Covid-19, cuando estaba restringido el transporte en el país. En el tramo, repleto de negocios de toda índole, las organizaciones criminales cobran coimas. Desde el vendedor de café hasta el comerciante que expende la gasolina por litros están bajo el dominio de los grupos armados, aseguran. El control lo ostenta un sujeto conocido como William, que responde al grupo de “Juancho”.
El capitán de San Antonio de Roscio, Cecilio Bigott, señala que la extracción de minerales por parte de foráneos ha sido considerada por la comunidad como una invasión. “Ya no se trata de invadir un espacio y explotarlo en términos de minería, sino que ya es una organización que viene queriendo tomar el control, nuestras tierras han sido invadidas por ellos”.
Los líderes indígenas hacen un mea culpa y reflexionan sobre si han sido permisivos frente a los foráneos que han entrado en su territorio. Explican que están rodeados por al menos tres “sindicatos”.
El “sindicato” del “Negro Fabio”, cuya área de influencia es El Dorado, domina al oeste la parte fluvial por el río Cuyuní y una porción de la jurisdicción de San Antonio, donde está ubicada la mina Sanpollo. La capitanía reconoce que permitieron que operaran en el yacimiento porque estaba distante de la comunidad, “pero ahora se vienen acercando porque a medida que van explotando la tierra, se les está acabando el terreno y se vienen acercando más y nos están acorralando”.
Al sur, están cercados por el sindicato de “Juancho” y, al este, identifican a un delincuente llamado Álvaro, que presumen responde a ese grupo armado.
La muerte de tres indígenas (Domingo Pérez, Óscar Meya y Anthony Martínez) de la comunidad en los últimos cuatro años y las amenazas por parte de los criminales son recurrentes. “Quieren agarrar las minas que tiene la comunidad, que están custodiadas por nosotros, que administramos y trabajamos nosotros, porque son para la autogestión de nosotros. Siempre lo hemos debatido con el gobierno, ‘oye, que los indígenas practican la minería ilegal’, ajá, pero nosotros tenemos que hacer gobierno porque la economía del país está por el suelo. Al gobierno le mando ahorita una solicitud y eso es mentira que me va a responder. Las comunidades tratan de hacer autogobierno, darles un pequeño incentivo a los docentes, a los médicos, por eso decimos que son nuestras minas. Sabemos que el Estado tiene derecho de extraer ese mineral, pero para el gobierno entrar acá tiene que regirse por nuestras leyes que es la consulta previa”.
Bigott dijo que las organizaciones criminales han querido negociar. En San Antonio no se han reunido, “pero cuando ha habido situaciones de atropello, siempre se ha confrontado, ‘manténgase en su límite, respétenos’. No ha sido de sentarnos a negociar, sino de mantener la tranquilidad. Nunca se ha hablado de convenios o negocios porque son grupos irregulares. Podemos hablar con los ministros, las alcaldías y las gobernaciones, porque son instituciones establecidas, pero qué hago yo hablando con grupos irregulares, las comunidades indígenas no están para hacer ese tipo de alianzas”.
El capitán resaltó que la violencia ha generado un grave impacto social. Dijo que ha aumentado el consumo de drogas introducidas por comerciantes ambulantes y se han exacerbado los precios de los alimentos, por la vacuna que exigen los sindicatos. Además, afirmó que sienten mucha presión porque los niños y adolescentes de la comunidad observan constantemente a sujetos armados.
“Cuando empezamos a ver las organizaciones armadas (en la zona de los ríos), le tuvimos que decir a esas mismas organizaciones que por lo menos no se desplazaran en la comunidad con los armamentos, porque intimidan. Algunos entendían y se desarmaban. Otros venían con esa actitud de ‘no me interesa lo que digas’ y frente a eso siempre hay una reacción del pueblo, los pueblos indígenas son aguerridos”.
Alejandro Lezama, miembro del equipo de la capitanía, resaltó que la comunidad pide acciones de combate, pero el capitán insiste en agotar los recursos por los canales regulares. “El pueblo está cansado, está dolido, ¿hasta cuándo gobierno?, ¿cómo se recibe a una persona que viene con un arma con la intención de amenazar? ¿cómo le doy un tumá (sopa tradicional pemón) cuando viene armado en tono amenazante?”.
Los dirigentes de San Antonio coinciden en que los organizaciones criminales suelen decir que están respaldados por el gobierno, “es muy fuerte y a veces el gobierno no haya cómo responder, ¿cómo nos explican que ellos portan armas y si ven a un indiecito con una bácula, una escopeta o una flecha, es un malandro o un terrorista?”.
Los dirigentes indígenas no saben cómo los cabecillas de las organizaciones criminales llegaron al sur de Bolívar. Tampoco cómo lograron tomar el control y erigirse como un poder. Lo que sí saben y reconocen, “duele decirlo, el gobierno tiene nexos con ellos y por eso es tan difícil erradicarlos… son crudas realidades que a veces le decimos y sabemos que el gobierno se ofende”.
El Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas, Kapé-Kapé, también ha alertado en reiteradas ocasiones la grave situación de violencia que tiene lugar en las comunidades indígenas cercanas a las zonas donde se ejerce la minearía ilegal, específicamente el espacio territorial conformado por el Arco Minero del Orinoco.
La organización sostiene que la violencia desatada en estas zonas se ha traducido en amenazas, hostigamiento, maltratos físicos y psicológicos, abuso sexual, explotación laboral, y en el peor de los casos desapariciones, muertes y masacres de indígenas. Denuncia que estos hechos no solo son ejecutados por los grupos delictivos, sino también por integrantes de los cuerpos de seguridad del Estado, específicamente, por efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.
Kapé-Kapé resalta que la incursión de los grupos criminales y el desplazamiento de las comunidades indígenas se manifiesta igualmente en el estado Amazonas y en el estado Delta Amacuro, aunque los casos son menos conocidos.
En junio de 2020, la organización informó la activación de la guardia territorial por parte de indígenas uwottüja (piaroa) en el municipio Autana del estado Amazonas, ante las constantes agresiones y amenazas que reciben de grupos irregulares armados que participan en dinámicas de minería ilegal en la región.
Desde mediados de 2020, la figura de las guardias territoriales se ha constituido en cinco comunidades del municipio Autana con 80 voluntarios que instalan puntos de control en zonas estratégicas, de acuerdo con investigaciones del medio de investigación Armando Info. Sin embargo, estas agrupaciones no han detenido a los invasores de sus territorios.
Testimonios
Cierre de escuelas por migración a las minas
Los pueblos tradicionales del estado Bolívar, es decir, Upata, Guasipati, El Callao, El Dorado y Las Claritas, así como los asentamientos inmediatos a su alrededor cuentan con escuelas de educación básica y de bachillerato. Fe y Alegría, que como dice su lema, comienza donde termina el asfalto, tiene escuelas en las zonas rurales más apartadas atendiendo a grupos de población dispersa en ese gran territorio que es Bolívar.
La estructura tradicional de Fe y Alegría, que el 5 de marzo de 2022 cumplió 66 años de fundada, opera con un financiamiento mixto, la estructura física y administrativa así como el mantenimiento corre por cuenta de apoyos privados administrados por la coordinación de la institución, mientras que los maestros y profesores están en nómina del Ministerio de Educación. Aunque con la crisis, que comenzó formalmente en 2014, esto ha cambiado.
En el Arco Minero los maestros no escapan a la situación de pobreza. Casi todos los educadores de las escuelas son de la zona y, según personas cercanas a la institución educativa, sobreviven cobrando algunas gramas de oro (5 gramas al mes por sus servicios).
Pero esto no es suficiente y las escuelas están cerrando.
La migración de los miembros de las comunidades a las minas y las incursiones de las organizaciones criminales han llevado al cierre de al menos cuatro escuelas de Fe y Alegría desde 2020. Solo en la vía a Bochinche, una zona del municipio Sifontes del estado Bolívar cerca de la frontera con Guyana se perdieron tres de esas escuelas, La Esperanza, Matupo 1, La Guaica, por presión de las organizaciones criminales.
“La escuela llamada Matupo 1, quedaba después de pasar el km 50. Llegó un punto en el que la gente se iba para las minas y perdió sentido la presencia de la escuela, hasta el maestro se fue a las minas. Se llevaron consigo hasta el techo de la escuela para utilizar los materiales en los nuevos asentamientos. No quedó más camino que quitarla”, dijo una persona con conocimiento del caso.
En los anexos de este informe se puede encontrar una lista de los eventos violentos en el contexto minero que han afectado directamente a las comunidades indígenas.
TRANSPARENCIA VENEZUELA
Junio 2022
