Los ámbitos más graves identificados son el económico, el cultural y el social. Así, se registra la evasión fiscal en lo que concierne a denominadas economías ilícitas, en la extracción ilegal del oro, por ejemplo. Hay también elementos que indican el incremento de las operaciones de blanqueo de capitales y la proliferación de oficios relacionados directa e indirectamente con negocios ilegales, en los estados analizados. En el ámbito social, el sometimiento de la población a las reglas impuestas por los actores criminales afecta garantías constitucionales como el derecho a la movilidad, la asociación, a la libertad personal e, incluso, atenta contra la integridad personal de los ciudadanos, lo que impulsa el desplazamiento y la migración. En el aspecto cultural, para quienes optan por quedarse no existen alternativas de oficios dentro de la legalidad que compitan con la aspiración que tienen muchos de participar directa o indirectamente en actividades ilegales, especialmente los jóvenes. Esto sin contar las obras benéficas de los actores criminales que en la mayoría de los casos son aceptadas con beneplácito por las comunidades más desprotegidas, escenarios en los que se propicia también la normalización de la violencia.