“Los trabajadores migrantes presentan más del triple de probabilidades de estar en situación de trabajo forzoso que sus contrapartes no migrantes. Aunque la migración por causas laborales tiene un efecto ampliamente positivo en las personas, los hogares, las comunidades y las sociedades, este hallazgo demuestra cómo los migrantes son particularmente vulnerables al trabajo forzoso y a la trata de personas, ya sea causada por la migración irregular, o por las prácticas de contratación injustas y poco éticas.”

El riesgo de abuso y explotación es mayor entre las mujeres, niñas y adolescentes de menores recursos económicos y migrantes en situación irregular. Las víctimas de trata han indicado, en entrevistas y denuncias ante el Ministerio Público, que uno de los riesgos de corrupción más frecuentes es la solicitud de algún beneficio, por parte de funcionarios/as de migración en las fronteras, para permitir el paso a las personas; especialmente, en los pasos fronterizos hacia Colombia y en las rutas marítimas hacia Trinidad y Tobago. La solicitud de un beneficio (que la mayor parte de las veces obedece a un beneficio económico) se presenta cuando las mujeres, niñas y adolescentes en movilidad no poseen sus documentos de viaje, situación que se materializó en Venezuela debido a que las víctimas referían dificultades dentro del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME) en la emisión de pasaportes y prórrogas.

Un ejemplo de ello ha sido registrado en la frontera con Brasil por la organización Crisis Group: “…las fuerzas de seguridad venezolanas cosechan los beneficios de la minería, no solo al tomar parte de las ganancias ilícitas sino a través de diversas actividades criminales. En algunas rutas, trafican mercancías a través de las fronteras. Junto a grupos ilegales involucrados en el tráfico de personas, miembros de la Guardia Nacional mal pagados también consiguen dinero al exigir extorsiones por movimientos transfronterizos de este tipo. En los meses en que el gobierno venezolano cerró la frontera, del 22 de febrero al 10 de mayo, los guardias exigieron un pago de 150 reales brasileños (aproximadamente USD 36) por cada carro que pasara alguno de los cruces fronterizos ilegales, de acuerdo con el oficial que desertó. Cada presunto migrante que cruzaba a pie o en automóvil se vio obligado a pagar entre 100 y 150 reales (USD 24-USD 46), relató el exguardia.”

No solo los funcionarios sino bandas criminales, como el Tren de Aragua, participan en abusos  y explotación de los emigrantes, aprovechando su presencia en los pasos fronterizos hacia Colombia, ante lo cual los funcionarios públicos se hacen la vista gorda, tal como lo reseña un trabajo realizado por la revista colombiana Semana: “El primer peaje lo cobra una banda criminal venezolana conocida como el Tren de Aragua, que ha permeado desde hace varios meses la frontera. Un miembro de esta estructura recibe 20.000 pesos por cada viajero. Al día, pueden transitar por esta trocha más de 500 personas.”