Las víctimas de esclavitud moderna
en Venezuela

Transparencia Venezuela realizó un exhaustivo trabajo documental durante los últimos dos años, a través de la creación de una matriz sobre casos de esclavitud moderna, a través de acusaciones realizadas por el Ministerio Público (10) y noticias publicadas en medios ( 24), así como 12 informes de la sociedad civil y de prensa. Este trabajo abarcó, particularmente, los estados Amazonas, Apure, Bolívar, Delta Amacuro, Sucre, Táchira y Zulia.

Esto permitió tener un panorama más claro sobre la esclavitud moderna en dichas regiones, y su interrelación con las economías ilícitas:

En las noticias del Ministerio Público analizadas se pudieron identificar 177 víctimas de trata de personas, siendo los estados Zulia, Delta Amacuro y Sucre los que presentaron un mayor número de víctimas.

  • La mayoría de las víctimas registradas son adolescentes, a partir de los 13 años, y mujeres relacionadas con la trata de personas con fines de explotación sexual. Cuando las víctimas son trasladadas a otros paises, los destinos que más aparecen documentados son Trinidad y Tobago, Colombia, Perú y Chile. Cuando el traslado es interno, el estado Nueva Esparta es uno de los principales destinos. El traslado se realiza por vía terrestre y marítima.
  • Además de la trata de personas con fines de explotación sexual, en los estados Táchira y Bolívar se han encontrado casos de reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes; (NNA) y adultos, por parte de grupos armados irregulares. En el estado Bolívar también se ha observado la presencia de niños soldados. En los estados Zulia y Bolívar, NNA son sometidos a trabajo infantil desde, aproximadamente, los seis años de edad.
  • En el estado Bolívar, además de la esclavitud laboral y sexual presente en las minas de oro, diamante y coltán, también se encuentran recolectores de basura, de desechos de las empresas básicas, como aluminio, hierro y cobre (con la aquiescencia de funcionarios públicos), y el contrabando de combustible.
  • Como formas de captación, en el caso de los NNA se utilizan los denominados “arrastradores”, otros NNA que tienen como objetivo entablar una relación de amistad con la posible víctima, seguirla en redes sociales, y convencerla de cruzar la frontera, bajo falsas promesas de bienes materiales y empleos bien remunerados. En el caso de las víctimas mayores de edad, también se utilizan las redes sociales como medio de captación, así como falsas ofertas de empleo.
  • Las comunidades indígenas son especialmente vulnerables a diversas formas de esclavitud moderna. En el estado Bolívar, indígenas waraos y jivis se encargan de recolectar y clasificar basura y chatarra encontrada en vertederos. También se encargan de transportar combustible extraído ilegalmente. Se han documentado también casos de mendicidad forzada por parte de indígenas waraos, especialmente niños. Mujeres y niñas indígenas son explotadas sexualmente en las “currutelas” (prostíbulos de las zonas mineras), y hombres y niños indígenas son víctimas de trabajo forzoso en las minas.

Hay cuatro casos ejemplificantes de lo expresado:

CASO 1

El Grupo de Trabajo de Esclavitud Moderna en Venezuela (GTEMV) tuvo conocimiento de un caso, acaecido el 6 de enero del año 2022, en el que a través de un grupo de Facebook, un ciudadano venezolano difundió lo sucedido a su esposa, quién se encontraba desparecida desde el 26 de diciembre de 2021. Ella había logrado contactarlo por WhatsApp, explicándole que se encontraba en el helipuerto Chaguaramas, en la ciudad de Puerto España, Trinidad y Tobago, junto con al menos otras veinte venezolanas, que era víctima de trata con fines de explotación sexual, y que se encontraba en el helipuerto para ser deportada a Venezuela. Sin embargo, denunciaba que había funcionarios trinitenses involucrados en la red de trata, que les daban alimentos y estaban organizando su traslado nuevamente hacia un centro de explotación sexual. Este caso fue canalizado junto al proyecto de Transparencia Venezuela “Dilo Aquí”, reportándose a Interpol Venezuela el 8 de enero de 2022. Posteriormente, se tuvo conocimiento que fueron 16 mujeres y 5 adolescentes venezolanas rescatadas de centros de explotación sexual, deportadas a Venezuela, quienes arribaron al puerto de Güiria.

CASO 2

El 23 de julio de 2021, la Corte Constitucional de Colombia emitió la Sentencia T-236/21 en favor de Yolanda, una migrante venezolana, y su familia. El 25 de enero de 2019 recibió una oferta laboral engañosa, bajo la cual se le ofreció el pago de traslados, alimentación y hospedaje para ella y su familia, para dedicarse a la venta de café en una ciudad fronteriza. El 3 de febrero de 2019, viajó a Colombia junto con dos hijas y su esposo. Una vez en el país, fue abusada sexualmente junto a una de sus hijas, y amenazada para que ejerciera la prostitución. Aunque logró escapar, su condición migratoria hizo que se le negara el acceso a la ruta de protección y asistencia a la que tienen derecho las sobrevivientes de trata de personas. La Sentencia ordenó a Migración Colombia mantener vigentes los salvoconductos de Yolanda y su familia, hasta tanto se resolviera su solicitud de asilo, y ordenó también al Comité Interinstitucional de Lucha Contra la Trata de Personas que diseñase un protocolo con la ruta que debe seguirse para la identificación de las víctimas del delito de trata de personas, resaltando también que debería incluir propuestas para brindar protección a las víctimas en un contexto de migración masiva.

CASO 3

El 13 de enero de 2022, una adolescente de 17 años fue contactada por una amiga, quién le propuso una oferta laboral engañosa para viajar a Trinidad y Tobago, con la condición de que consiguiera a otra mujer que fuera con ella. La víctima contactó a otra amiga de 20 años de edad, y una vez que ambas aceptaron, fueron trasladadas desde la Plaza Ayacucho en Maturín, estado Monagas, hasta una vivienda en la Urbanización La Llovizna, dónde estuvieron encerradas durante días hasta que la adolescente logró contactar a un familiar, quién se dirigió a la vivienda junto con funcionarios de la Policía de Maturín, dónde fueron rescatadas antes de que ocurriera el traslado a Trinidad y Tobago. El 28 de noviembre de 2022, el hombre que fue aprehendido en flagrancia dentro de la vivienda fue sentenciado a trece años y cuatro meses por el delito de tráfico de mujeres, niñas y adolescentes previsto en la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

CASO 4

En enero de 2021, el director del CICPC, Douglas Rico, informó del desmantelamiento de una red de prostitución, que captaba adolescentes y mujeres en los estados Portuguesa, Lara y Vargas, a través de redes sociales, para trasladarlas a Delta Amacuro y de allí a Trinidad y Tobago. En el proceso de desarticulación de la red, en el que fueron detenidas once personas, se rescataron diez mujeres, siete de las cuáles eran adolescentes.

Específicamente, entre agosto y diciembre de 2022, se registraron siete (7) aperturas de investigación y tres (3) condenas publicadas por el Ministerio Público sobre trata de personas, las cuales se presentan a continuación:

ECONOMÍAS ILÍCITAS
BAJO EL MANTO DE LA IMPUNIDAD