CAPÍTULO 2
EL ORO NO BRILLA EN LOS PUEBLOS
DEL ARCO MINERO DEL ORINOCO
Impacto económico, social y ambiental
Los miles de millones de dólares generados anualmente por la fiebre del oro en el Arco Minero del Orinoco solo se han traducido en prosperidad para unos pocos.
En los pueblos mineros de donde se extrae el material aurífero la miseria es palpable, sus habitantes no solo viven expuestos a la violencia de los grupos criminales, también deben sobrevivir con ingresos reducidos e inciertos, en un contexto de elevados precios de los alimentos y restringidos métodos de pago; incremento de los negocios ilícitos; proliferación de enfermedades que habían sido casi completamente erradicadas; escasez de medicinas y centros de salud desasistidos; deficientes servicios públicos; migración desordenada y una gran devastación ambiental.
Uno de los casos más paradigmáticos es el de El Callao, donde la Corporación Venezolana de Minería ha cedido 38.000 de las 40.000 hectáreas que tiene el municipio a las alianzas estratégicas que procesan oro. El alcalde de la entidad, Coromoto Lugo, quien ha ocupado el cargo por cuatro períodos no consecutivos, asegura que la CVM recibe 35% de impuesto de esas empresas cada mes y, en teoría, el municipio debería recibir beneficios a través de un fondo social al cual se asigna 5% de esa tasa. Sobre el fondo, desconocen detalles, no participan en discusiones de asignación de recursos y “no se ha invertido ni medio”.
La creación del Fondo Social Minero quedó establecida en el Decreto No. 2.165 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica que Reserva al Estado las Actividades de Exploración y Explotación del Oro y Demás Minerales Estratégicos, aprobado por Nicolás Maduro el 30 de diciembre de 2015. Según el artículo 42, el fondo tiene como finalidad garantizar los recursos para el desarrollo social de las comunidades aledañas a las áreas destinadas al ejercicio de las actividades mineras y cuyos ingresos garantizarían y protegerían la seguridad social de los trabajadores y trabajadoras mineras del oro y otros minerales estratégicos, y el fortalecimiento del conocimiento en las actividades de la minería y cuidado del medio ambiente.
EL CALLAO, PESE A CONTAR
CON UNA EXTRACCIÓN MENSUAL
DE 3.000 KILOS DE ORO ES UNA
LOCALIDAD QUE ENFRENTA
UNA GRAN CRISIS
Dos años después de la aprobación del Decreto Ley, en marzo de 2017, el entonces ministro del Poder Popular de Desarrollo Minero Ecológico, Jorge Arreaza, anunció la activación del Fondo Social Minero para el desarrollo del “Plan de Atención Integral a la Pequeña Minería”, pero nada más se volvió a decir al respecto.
Pese a contar con mayor operación minera, por la cual estiman una extracción mensual de 3.000 kilos de oro solo en El Callao, el alcalde Lugo decretó la emergencia del municipio el 5 de diciembre de 2021, a escasos 14 días de ser electo. La medida se debe a la crisis que enfrenta la localidad minera por el colapso de los servicios públicos, la sobrepoblación y la contaminación causada por la actividad minera debido al uso de mercurio y cianuro.
“Hay una gran apertura minera que no deja nada en el municipio (…) ¿Las obras sociales dónde quedan? ¿Qué? ¿Es llevarte todo el oro de El Callao y no dejar nada aquí? (…) El municipio puede ser sustentable y dar respuesta en la salud y en el agua, en la medida que entiendan las empresas que deben aportar al municipio”, cuestionó.
El alcalde asegura que los recursos que reciben las gobernaciones y alcaldías por situado constitucional, calculado con base en los ingresos ordinarios estimados por el fisco nacional, tampoco alcanzan para manejar la situación crítica que se está viviendo. “Aquí nosotros pagamos 360 dólares diarios solo por dos camiones de basura”.
El mayor temor de los callaoenses es que El Callao se convierta en otro El Pao, un pueblo minero en el municipio Piar, al oeste del estado Bolívar, que conoció la prosperidad con la explotación del hierro hasta los años 70 y hoy en día quedó convertido en un pueblo fantasma.
El miedo es compartido por habitantes de los otros municipios mineros del estado Bolívar que ven cómo las actividades del Arco Minero del Orinoco han trastocado sus formas de vida sin que exista reparación de ninguna forma.
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Atraídos por el dorado
La emergencia humanitaria compleja que padece Venezuela al menos desde 2015; la promoción del Arco Minero del Orinoco como fuente de riquezas desde 2016; las fallas en el abastecimiento de productos básicos; los elevados precios de los alimentos y otros bienes esenciales; la pérdida del poder de compra de los salarios y el desplome de las empresas estatales; aunado a las altas tasas de informalidad y desempleo, condujeron a una migración interna sin precedentes para la que no había preparación. Miles de personas de todo el país migraron a los pueblos mineros del sur del estado Bolívar, en búsqueda de recursos para su subsistencia.
En los últimos dos años, durante la pandemia de Covid-19, la situación lejos de calmarse, empeoró. Pese a que el gobierno nacional decretó una férrea cuarentena que impidió por muchos meses la movilización al interior de Venezuela, en los pueblos mineros del sur de Bolívar se vivió una explosión demográfica aún mayor.
El trabajo de campo realizado en enero de 2022 en las poblaciones mineras permitió constatar el crecimiento de las barriadas pobres; el levantamiento caótico de nuevos poblados, como el que se registra en el Km 27 de la troncal 10, y el auge de invasiones dentro de las localidades, como el que se ha vivido en el aeropuerto de El Dorado.
Desde la misma carretera que atraviesa los pueblos mineros se puede observar cómo han aparecido las nuevas comunidades en zonas en las que no había centros poblados. En medio de la nada, hombres, mujeres y niños han ido levantando refugios improvisados, a los que llaman bungis, con el uso de tablas o palos de madera, bolsas plásticas, lonas y hasta piedras.
“La situación es muy fuerte, son muchas las personas, hombres, mujeres y hasta niños que se aventuran a venirse a estas zonas y empiezan a trabajar en las minas sin tener conocimientos previos, sin nada de experiencia, por eso vemos que ocurren tantos accidentes, como los casos de gente que se muere tapiada. Muchas veces pasa eso y uno casi ni se entera porque ni siquiera se sabe quién es el muerto, porque es de afuera y nadie lo reclama”, dice una autoridad religiosa en uno de los pueblos del sur, que prefiere no ser identificada por temor a represalias.
Asegura que la misma crisis económica que empuja a los migrantes a las minas, los convierte en víctimas de un sistema esclavizante en el que el que más trabaja es el que menos recibe. “La necesidad los lleva a hacer cosas que son muy riesgosas y, al final, lo poco que sacan tienen que repartirlo entre el bandido del sistema, el molino que les procesa y el guardia nacional que los para y le dice que no tienen permisos para operar. Les dicen que son ilegales, pero son los que terminan sacando el material que va a dar a las alianzas estratégicas con el gobierno”.
Algunas cifras del impacto demográfico que ha tenido el Arco Minero en la región las aporta el alcalde Coromoto Lugo. Según el censo 2011, el último que se hizo en Venezuela, en El Callao habitan 25.000 personas, pero de acuerdo con los cálculos que lleva la alcaldía, la población de ese municipio actualmente alcanza los 80.000 habitantes.
En El Callao no hay censo de mineros porque se les considera población flotante, aunque el municipio registra casi 21 invasiones nuevas en los últimos cuatro años. “Viene mucha gente del centro del país con su correspondiente demanda de vivienda, electricidad, agua, salud que la alcaldía no puede atender. El impacto social lo estamos sufriendo todos. Aquí lo que hay es una gran injusticia social”, dice Lugo.
El sector de Nacupay es el más invadido de El Callao, con cinco invasiones en los últimos años. Para tener una idea del tamaño del crecimiento demográfico, el centro de votación de Nacupay tiene registrados 310 electores y hoy en día la población de ese sector se eleva a 7.000 personas aproximadamente.
Para Lugo, el gobierno no calculó el impacto social que un plan nacional de la envergadura del Arco Minero traería a los municipios. El alcalde de El Callao está de acuerdo con la apertura minera, pero con la debida planificación y coordinación. Por ejemplo, entregar un número determinado de hectáreas, pero al mismo tiempo dotar al pueblo de mejor calidad, mejoras en la vivienda, salud, fortalecer la vialidad, el servicio de aseo urbano y transporte. Nada de eso ha traído el Arco Minero, todo lo contrario.
Combustible en el sur un negocio ilícito
Durante la pandemia, los negocios ilícitos como el contrabando de combustible y la venta de gasolina en el mercado negro también prosperaron y se diversificaron en los pueblos mineros.
Mientras en Puerto Ordaz, una de las ciudades más importantes del estado Bolívar, los habitantes deben madrugar y pasar varias horas en filas en las estaciones de servicio para poder comprar una cantidad limitada de gasolina solo una vez por semana, en los pueblos mineros del estado el combustible se ofrece sin restricciones en puestos informales, a plena vista de todos y varias veces por encima de su valor oficial.
“Contrario al resto del país en el que se ha normalizado un poco el tema de la gasolina, en Puerto Ordaz la situación es crítica. A las bombas (estaciones de servicio) de aquí no les mandan casi gandolas, pero uno mismo ve como sí pasan directo para los pueblos del sur”, afirma un transportista de la entidad. Su testimonio fue reiterado por otras fuentes consultadas que aseguran que los efectivos de los cuerpos de seguridad del Estado participan activamente en el contrabando de combustible hasta las zonas mineras y a Brasil por las trochas.
A diferencia de 2019, cuando para viajar al sur había que comprar gasolina “bachaqueada” (mercado negro) y viajar con suficiente combustible en pimpinas para ir y regresar, en febrero de 2022 se evidenció la venta de gasolina a lo largo de todo el camino, pero “ilegal”.
Así como en 2019 en Transparencia Venezuela corroboramos la venta de botellones de cinco litros y pimpinas de gasolina, desde la salida de Maracaibo a un precio que aumentaba por kilómetros hasta el máximo precio en Paraguachón (la frontera con Colombia), así ocurre en el Troncal 10 en Bolívar. Mientras unos vecinos venden queso guayanés, otros comercializan gasolina.
EL LITRO DE GASOLINA ES COMERCIALIZADO
EN 0,6 MILÉSIMAS DE ORO, EL EQUIVALENTE
A USD 2,7 Y PUEDE VARIAR DEPENDIENDO
DEL PRECIO DEL ORO
Desde la salida de Ciudad Guayana se puede ver a las personas que salen de sus casas a orilla de carretera y anuncian la venta de gasolina. Ponen botellones de cinco litros llenos de combustible y baten un improvisado embudo amarrado a un palo largo. A pocos kilómetros de San Félix el precio ya es USD 1 el litro, es decir al doble que el precio oficial en las estaciones de servicio. A medida que se avanza al sur, el valor sube a USD 1.2, USD 1.3 y sigue aumentando.
Además del combustible venezolano que es desviado de las estaciones de servicio, en los pueblos mineros del sur de Bolívar también es posible encontrar gasolina de Guyana que ingresa ilegalmente a Venezuela. Este combustible, con un intenso color rojo que asemeja a la gaseosa dulce con sabor a tutti-frutti, es envasado artesanalmente en botellas de refresco de diversos tamaños. El producto se consigue en el municipio Sifontes principalmente y no es casual, pues este es fronterizo con el territorio Esequibo. Los habitantes del municipio presumen que es ingresado por la comunidad fronteriza de San Martín de Turumbán.
El litro es comercializado en 0,6 milésimas de oro, el equivalente a USD 2,7, un monto que suele variar dependiendo del precio del oro. Fuentes consultadas coincidieron en que el combustible guyanés tiene mejor rendimiento que la gasolina que se comercializa en el resto del país, por lo cual tiene demanda.
El comercio ilícito de combustible es la norma tanto en la extensa troncal 10 como en las localidades del sur de Bolívar, en las que hay estaciones de servicio formales que prácticamente no operan. Durante el recorrido realizado en la zona estos establecimientos estuvieron cerrados.
La distribución irregular de combustible también ha sido aprovechada por las organizaciones criminales que operan en las localidades mineras. Este control se observó en el Kilómetro 88, en donde domina el sindicato de Juancho, que distribuye gasolina directamente en un punto de operación del grupo criminal conocido como La Gallera. El despacho es conocido por los lugareños que, incluso, sugieren acudir a este sitio para la compra de combustible.
Los números relacionados con esta economía ilícita se pueden ver en el capítulo 1 de este informe.
Oro o Bolívares en efectivo.
El dólar vale menos en el sur
El esquema de precios en milésimas, puntos y gramos de oro, una suerte de nuevo sistema monetario con base en el metal precioso inventado en las localidades mineras, se fortaleció y expandió en los últimos dos años. Desde el municipio Sifontes, los productos en abastos, restaurantes y todo tipo de establecimientos formales se transan casi exclusivamente bajo esta modalidad. De esta forma, una hora de conexión con wifi cuesta 0,02 gramos de oro; un almuerzo, 0,06 gramos; un colchón, 2 gramos, y cuatro cervezas, un punto de oro que equivale a 0,1 gramos del metal.
En los supermercados hay cajas habilitadas solamente para el pago con oro. Cuentan con una balanza para pesar el metal; herramientas para hacer el corte e, incluso, sopletes para calentar el oro y verificar que sea real.
Además de esta economía “dorada”, es habitual hacer transacciones en bolívares en efectivo, una operación que -incluso- en las ciudades de Bolívar es poco usual debido a la escasez de papel moneda. Los fajos de billetes son visibles, los ofrecen en las esquinas, los muestran los vendedores callejeros y valen más que en el resto del país. “En el sur llegan los billetes antes que a los bancos”, comenta un minero.
Las distorsiones creadas por la dinámica minera complican la vida de asalariados como docentes o funcionarios públicos, que reciben sus deteriorados salarios a través de depósitos en cuentas bancarias.
Todo se paga en efectivo. En Roscio, El Callao y Sifontes, los tres municipios al sur de Bolívar que hacen parte del Arco Minero del Orinoco, no es habitual el uso de terminales de puntos de venta o transferencias electrónicas porque la infraestructura bancaria es débil o inexistente y la señal de telecomunicaciones si existe, presenta muchas fallas, como el Km 88, Las Claritas y El Dorado.
“Contrario a lo que sucede en el resto del país aquí hay zonas en las que ni siquiera te aceptan los dólares y si te los agarran, te los pagan muy por debajo de la tasa del día y eso a uno no le conviene. Hace unos meses cerca del Km 88 necesitaba pagar por conexión de wifi y solo me aceptaban puntos de oro”, afirmó una de las fuentes consultadas.
Señales del impacto ambiental
Tan solo al avanzar por la troncal 10, para poder llegar a los distintos pueblos mineros del sur del estado Bolívar, se puede constatar el avance de la devastación ambiental en el denominado Arco Minero del Orinoco, que ha sido documentado en detalle por organizaciones como SOS Orinoco.
Como se describió, a pocos metros de la orilla de la carretera es posible observar la creciente instalación de plantas de tratamiento de arenas auríferas y la aparición de molinos que procesan artesanalmente el oro. También se constata la deforestación por la tala de árboles y movimientos de tierra que dan paso a barriales y terrenos arcillosos que amenazan con extenderse con su carga de mercurio y cianuro.
En varios tramos del trayecto, que se alarga a partir de El Callao por el mal estado de la vía, es posible sofocarse por la polvareda que causan los camiones que transportan el material aurífero desde las minas a cielo abierto y molinos hasta las plantas de cianuración.
Llama inmediatamente la atención el estado de los ríos Yuruari y Cuyuní, que bordean a dos de las principales poblaciones mineras y que muestran un espeso color marrón producto de la sedimentación por la minería de aluvión y los residuos de las plantas de lixiviación.
A pocos metros del puente sobre el Yuruari que conecta la Troncal 10 con El Callao, un grupo de jóvenes con torso desnudo se vale de unos trípodes rústicos armados con palos a manera de cota sobre el río. Allí se sumergen con el afán de encontrar oro, e incluso diamantes, escarbando las arenas del fondo fluvial. Desde el legendario puente de Eiffel, a la altura de El Dorado, también se observa la presencia de balsas mineras operando en el río Cuyuní, extrayendo oro del fondo de sus opacas aguas.
El alcalde de El Callao, Coromoto Lugo, destaca como una de las más graves consecuencias del Arco Minero, precisamente la alta contaminación del río Yuruari, y alerta que la planta de tratamiento de agua de la localidad no tiene los equipos para paliar la escasez de agua.
“No tenemos agua potable desde hace cuatro años. La última información que manejamos es que por la alta contaminación del Yuruari no se puede bombear más agua del río al embalse. Nos vemos obligados a bombear agua para la comunidad de un embalse que construyó hace años Crystallex, una minera expropiada. Esa agua es más sana incluso que la misma del río. Nosotros ya perdimos el río”, sentencia.
La contaminación por mercurio no se ha medido recientemente en todas las zonas mineras del estado Bolívar, pero los estudios realizados antes y durante la actual fiebre del oro reportan altos niveles del metal pesado en el agua, el aire, el suelo y el cuerpo de los habitantes, como recoge el informe presentado por las organizaciones Clima 21 y Todos por el Futuro, a propósito del tercer examen periódico universal de Venezuela.
El texto cita estudios que han mostrado que el nivel promedio de mercurio en el aire cerca de las operaciones de extracción de oro en Venezuela era 183 veces mayor que el límite recomendado por la Organización Mundial de la Salud para la exposición humana; que los niveles de intoxicación por mercurio de trabajadores mineros en El Callao era uno de los más graves del mundo; y que se detectaron signos de intoxicación grave y daños neurológicos en una gran mayoría de los trabajadores relacionados con el proceso de amalgamación del oro.
Otros trabajos reportados en el informe señalan altas concentraciones de mercurio en pobladores de comunidades indígenas y campesinas, en peces usados para el consumo humano y en diversos elementos ambientales. Además, se destaca que la contaminación por mercurio parece estar afectando de manera muy grave a grupos vulnerables como niños, niñas y adolescentes, indígenas y mujeres.
Caos e improvisación
La inexistente vigilancia de la norma en la minería es una de las causas de la devastación ambiental. Un geólogo consultado en Puerto Ordaz para la presente investigación, quien ha participado en estudios de exploración en el Arco Minero del Orinoco, calcula que 95% de los proyectos de minería, que incluyen excavaciones en minas de aluvión o de veta, procesamiento en molinos y plantas de cianuración, no han cumplido con los estudios previos correspondientes.
“En minería si no cuentas con un plan, vas directo al fracaso. Terminas haciendo minería de sobrevivencia destruyendo el ambiente y el futuro de tus hijos y nietos”, afirma.
Revisión de fuentes, mapas e imágenes satelitales. Solo cuando el geólogo jefe identifica un área potencial, entonces se procede con la prospección.
Proceso mediante el cual se toman muestras geoquímicas para analizar en el laboratorio. “El minero hace huecos, mientras que el geólogo, cateos”, para procurar la mínima alteración ambiental posible. Se hacen hoyos de unos 80 centímetros, se recoge la muestra, se guarda en una bolsa identificada y codificada y luego se analiza bajo el protocolo Quality Size Control (QQC). La muestra se revuelve, se divide en 4 pedazos con un cuarteo, se descartan dos partes que vuelven a ponerse en el lugar y se toman fotos de rigor tanto de la muestra como del terreno.
Inspección en campo para ubicar zonas donde existe presencia de mineral que sea económicamente rentable. Incluye perforaciones del terreno siguiendo el protocolo y normas venezolanas, así como rastreo satelital de zonas mineralizadas y recolección de muestras por parte de los geólogos para conocer los minerales que la conforman.
Mientras el geólogo manda a perforar, el ingeniero de costos va sacando cuentas para evaluar la viabilidad del proyecto.
En esta etapa se decide si se va a instalar una planta y cuál será dependiendo del tipo de oro a explotar. También incluye estudios de geometalurgía sobre la forma como está presentado el oro (cochano, pirulito, veta, etc). De este análisis se encarga el laboratorio de la Escuela de Ingeniería Metalúrgica en la Universidad Central de Venezuela.
Los estudios de viabilidad miden el tamaño de la reserva y el tiempo que tomará su aprovechamiento. Determinan si se va a invertir en una planta pequeña o grande. “El negocio minero es un proyecto muy costoso y riesgoso. Tienes que contar necesariamente con un buen capital. Un estudio serio geológico, que incluye las fases iniciales de prospección y exploración, puede tomar de tres a cinco años. A partir del quinto año y no antes es cuando comienza a revertirse la inversión. Por ejemplo, la fase de exploración de la empresa Barrik Pueblo Viejo del grupo Barrik Gold Corporation en una mina de Santo Domingo tomó unos ocho años invirtiendo a pérdida”, afirma.
95% DE LOS PROYECTOS EN EL ARCO
MINERO RESPONDEN A UN PATRÓN
DE CAOS Y DESORDEN
Las anteriores etapas tienen la descripción del deber ser, precisamente lo que no se cumple en el Arco Minero del Orinoco. En el megaproyecto de minería al sur que ocupa aproximadamente el 12% del territorio nacional se desconocen los estudios de prospección y exploración que obligatoriamente debe contemplar cualquier proyecto minero.
“Lo que está ocurriendo es que abren más y más huecos sin estudios previos, creando minas a cielo abierto con aprovechamiento incierto. Me atrevo a decir que 95% de los proyectos en el Arco Minero responden a un patrón de caos y desorden. En cualquier barranco (minas verticales) se ve un desastre”, dice el geólogo.
Esta situación se agrava por el hecho de que se estarían agotando los depósitos de arenas auríferas acumuladas durante las últimas décadas. La necesidad de producir materia prima para ser procesadas en las plantas cianuradoras promueve las excavaciones sin control, movimientos de tierra, erosión de los suelos y contaminación de las aguas por el uso de mercurio y sedimentación de los ríos. Sin estudios geológicos previos, se trata de una operación insostenible con la cual no hay garantía de encontrar oro en esos terrenos.
No hay información sobre políticas públicas de protección ambiental. Los planes de inversión en proyectos de exploración, si los hubiera, tampoco son públicos.
El ministerio de Desarrollo Minero Ecológico ha anunciado que existen unos 50 estudios de impacto ambiental, lo cual es puesto en duda por expertos como el geólogo entrevistado para la presente investigación. “Si es que existen, podrían ser forjados”, asegura. No se conoce labor de contraloría sobre estos procesos.
En 2018, la Oficina Estratégica de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas del Despacho del Viceministerio de Exploración e Inversión Ecominera, adscrito al Ministerio de Desarrollo Minero Ecológico, anunció que se integraron 1.048 brigadistas y guardianes ambientales. Las alianzas con la minería artesanal han de contar con al menos dos guardianes ambientales para la detección de actividades mineras ilegales y promover medidas de mitigación de impactos y recuperación ambiental. Tampoco se conoce el seguimiento de esta medida.
Además de los pasos para el desarrollo profesional de minería económicamente rentable, las organizaciones ambientales, también exigen el cumplimiento de normas de protección de ecosistemas sensibles y políticas de recuperación. Se desconoce si las autoridades han contemplado esos programas, pero las imágenes que todos han visto desde hace años, dan fe de la destrucción de grandes extensiones de territorios calificados como parques nacionales por su rica biodiversidad, por su débil equilibrio ecológico y por la importancia de conservación.
La falta de información pública no permite conocer datos recientes de la calidad microbiológica y los niveles de contaminación de los pastos y pesca fluviales, ni de envenenamiento de los mineros por inhalación y de los vecinos.
Instituciones académicas están interesadas en realizar estos estudios pero confiesan no contar con los equipos y la capacidad para realizar las pruebas de niveles de mercurio en las aguas. Se requieren equipos costosos de los que no se disponen en la zona.
EL MAPA DE LA GUAYANA ILÍCITA
Como parte de sus investigaciones sobre la corrupción y sus protagonistas en las áreas del Arco Minero del Orinoco y proximidades, Transparencia Venezuela realizó la geolocalización y preparación de mapas que muestran las actividades criminales en la región guayanesa.
El mapa general muestra las zonas en las que están presentes los principales pranes y sus bandas delictivas, así como los sitios donde se han cometido masacres vinculadas a la minería ilegal. Este escenario se completa con la ubicación de las empresas autorizadas para la extracción de oro, coltán y diamantes, las minas más notorias y las aeropistas utilizadas para el transporte ilícito de los minerales. La presencia geolocalizada de los destacamentos y unidades militares del Ejército y la GNB, así como los puestos de control terrestre y fronterizo de la PNB y la policía del estado Bolívar se agregan para inferir el grado de impunidad con el que opera el crimen organizado en estas zonas.
Toda la preparación de estos mapas fue hecha con base en investigaciones propias de Transparencia Venezuela, incluyendo el trabajo de búsqueda de información directamente en poblaciones como Upata, El Callao y Tumeremo. La ubicación de la mayoría de las aeropistas se tomó del importante trabajo de georreferenciación que Armando Info publicó en enero de 2022.
LOS LECTORES PUEDEN HACER ACERCAMIENTOS EN CUALQUIERA DE LAS ÁREAS DEL MAPA
Y OBSERVAR EN DETALLE LAS UBICACIONES EXACTAS O APROXIMADAS DE LOS FACTORES QUE TIENEN UN PAPEL CLAVE EN LA CRIMINALIDAD DOMINANTE EN GRAN PARTE DEL ESTADO BOLÍVAR.
TRANSPARENCIA VENEZUELA
Junio 2022
