CAPÍTULO 2
EL ESTADO PRESENTE
EN UN MUNDO DE ILÍCITOS
Estructura del Estado
en el Arco Minero del Orinoco
Desde finales de 2015, cuando el presidente Nicolás Maduro aprobó el Decreto No. 2.165 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica que Reserva al Estado las Actividades de Exploración y Explotación del Oro y Demás Minerales Estratégicos, y con más razón a partir de 2016, después de la firma del Decreto No. 2.248 que creó la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional del Arco Minero del Orinoco, se estableció una nueva estructura de gobierno encargada de todas las actividades asociadas al aprovechamiento de los minerales en suelo venezolano.
Por razones de conveniencia nacional y dado su carácter estratégico, el Arco Minero del Orinoco, cuenta con una estructura de gobierno nacional en la que también hay participación del Ejecutivo regional y local.
Además, en la zona hay presencia activa de todos los cuerpos de seguridad del Estado, comenzando por las Fuerza Armada Nacional Bolivariana, policías nacionales, regionales y locales, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, la Dirección General de Contrainteligencia Nacional y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional.
Entes de la administración pública nacional
En el Arco Minero del Orinoco, actualmente existen al menos ocho entes estatales que se encargan de regir todo lo relacionado con la explotación y comercialización del oro venezolano. Estos órganos administrativos tienen en común la opacidad que ha caracterizado a otras instancias del gobierno venezolano. No rinden cuentas al país, lo que dispara los riesgos de corrupción en el sector.
De la lista de entes estatales vinculados con la actividad minera destacan dos, que han sido sancionados desde 2019 por la Oficina de Control de Activos en el Extranjero del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, acusados por presuntos casos de corrupción y otros hechos irregulares. Asimismo, exdirectivos y directivos actuales de estos entes también han sido señalados por instancias nacionales e internacionales.
Entes de la administración pública regional
Entre los entes del Estado vinculados con el desarrollo de las actividades del Arco Minero del Orinoco también se encuentra la gobernación del estado Bolívar. Esta entidad ha sido dirigida desde el año 2000 por funcionarios afines a la ideología de los mandatarios Hugo Chávez y Nicolás Maduro.
En 2022, la gobernación está a cargo de Ángel Bautista Marcano Castillo, quien ganó las elecciones regionales de noviembre de 2021 con el respaldo del Partido Socialista Unido de Venezuela. Desde la campaña electoral, Marcano ha contado con el apoyo del exgobernador Francisco Rangel Gómez. Además, de acuerdo con los reportes de medios regionales, buena parte de su gabinete está integrado por las mismas personas que ocuparon cargos importantes en la gobernación de Rangel Gómez.
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Entes de la administración pública local
Como en el caso de la gobernación del estado Bolívar, en la última década, frente a las alcaldías de los municipios en los que más se explota el oro, de manera desordenada y masiva, han estado mayoritariamente dirigentes del Partido Socialista Unido de Venezuela.
Después de las elecciones regionales y locales de noviembre de 2021, la situación no cambió. En los municipios Roscio (cuya capital es Guasipati) y Sifontes (Tumeremo), gobiernan Wuihelm David Torrellas Martínez y Juan Vicente Rojas Medina, respectivamente. Ambos fueron respaldados por el PSUV y por otros partidos del denominado Gran Polo Patriótico.
Solo el municipio El Callao (El Callao) es liderado por un dirigente que no es del PSUV. En 2021, resultó electo Coromoto Lugo, respaldado por la tarjeta de oposición de la Mesa de la Unidad Democrática y los partidos Convergencia y Bolívar Joven.
Fuerzas de seguridad presentes en el AMO
El artículo 13 del decreto que creó el Arco Minero del Orinoco establece que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en conjunto con el poder popular organizado, es la institución encargada de salvaguardar, proteger y mantener la armonía de las operaciones desarrolladas en ese espacio territorial en el que se explotan distintos minerales de la nación.
La norma agrega que la FANB debe desarrollar un Plan Integral de Seguridad y Defensa para la zona del AMO e instalar unidades correspondientes adscritas al comando regional competente.
El decreto no detalla cuál o cuáles componentes de la FANB se encargarían del resguardo de las actividades desarrolladas en el AMO; sin embargo, según la forma de organización actual de la institución castrense, esto correspondería a los jefes de la Región Estratégica de Defensa Integral (REDI) de Guayana y de la Zona Operativa de Defensa Integral (ZODI) de la misma región. El Ministerio de Defensa también tiene responsabilidad en la región.
Dentro de los militares con responsabilidad en el Arco Minero del Orinoco resalta el nombre del ministro de Defensa.
En las poblaciones mineras del estado Bolívar no solo están los efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, allí también están presentes funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional y de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, además de las policías nacionales y regionales, como se pudo corroborar en las visitas realizadas a la zona entre enero y febrero de 2022.
La presencia de todos estos grupos es tan notoria que algunas de las fuentes entrevistadas coinciden en afirmar que “el sur está militarizado”. La apreciación no es descabellada, solo en la troncal 10, que atraviesa los pueblos mineros del estado Bolívar hasta la frontera con Brasil, se identificaron 25 puntos de control o alcabalas con presencia de militares y policías, en el rastreo realizado como parte de esta investigación.
En el siguiente mapa se puede observar la ubicación real de estos puntos de control en el estado Bolívar. La cantidad de alcabalas que existen y su cercanía con las zonas mineras deberían garantizar que no exista el contrabando de oro, mercurio, armas o drogas en la zona. Sin embargo, en la entidad no solo se reportan esos delitos, también cada día aumenta el poder de las organizaciones criminales.
En los anexos de este informe se puede revisar la lista completa del histórico de autoridades que han estado al frente de los entes con competencia en el área aurífera desde que se creó el Arco Minero del Orinoco hasta marzo de 2022.
La omnipresencia de la Corporación Venezolana de Minería
Un ente que merece especial atención, entre todos los que tienen presencia en el Arco Minero del Orinoco, es la Corporación Venezolana de Minería (CVM), a cargo del mayor general, Carlos Alberto Osorio Zambrano. En casi cualquier conversación que se sostiene en el estado Bolívar, relacionada con el AMO, sale a relucir el nombre de esta estatal que ha cobrado especial relevancia en los últimos dos años.
La CVM nació por resolución de la junta directiva de Pdvsa en el año 2012 en el estado Zulia y fue transferida al Ministerio del Poder Popular de Desarrollo Minero Ecológico el 09 de junio de 2016, en el mismo decreto en el que se anunció la creación de este despacho. En ese momento su presidente era José Salamat Khan Fernández, conocido como el Chino Khan, quien también se desempeñó como director del Banco Central de Venezuela, ministro de Industrias Básicas y Minería, entre otros cargos.
En septiembre de 2016, la CVM empezó a figurar como representante del Estado en las primeras empresas mixtas creadas en el marco del Arco Minero del Orinoco. Solo entre ese mes y noviembre de 2016, la corporación quedó registrada como propietaria de 55% de las acciones en las empresas mixtas Minera Ecosocialista Siembra Minera S.A, Minera Ecosocialista Oro Azul y Minera Ecosocialista Parguaza. Desde entonces, la CVM también ha suscrito la mayoría de las alianzas estratégicas que se han establecido para la explotación de oro y otros minerales.
Desde su creación, la CVM contribuye con el desarrollo socio productivo integral, humanista y sustentable, mediante la exploración, explotación, procesamiento, industrialización, comercialización y promoción racional de sus minerales y productos de alta calidad, en armonía con el ambiente”, dice un boletín del Ministerio de Desarrollo Minero que promociona la “Ecominería”.
Aunque no es un actor nuevo en el sector minero, desde finales de 2019 hasta la actualidad la CVM ha aumentado su protagonismo en los municipios auríferos del estado Bolívar. “La CVM es el actor estatal más poderoso en este momento en la zona sur”, sentencia una investigadora de la entidad que tiene años haciendo trabajo de campo y siguiendo el pulso a las dinámicas de poder que se registran en la zona.
Los demás testimonios recabados coinciden en que la CVM está ejerciendo un gran control sobre todos los insumos que ingresan a los pueblos mineros, desde los materiales propios para la actividad aurífera, hasta los alimentos y otros bienes esenciales. Revisan todo lo que llega a la zona y cobran impuestos en oro a quienes desean trasladar cualquier material. Además, suplen de explosivos, sacos y otros implementos a los mineros artesanales.
Incluso el combustible, que no se encuentra regularmente en las estaciones de servicio de los pueblos mineros, ha llegado a ser distribuido por la CVM. “Hace más de un año no teníamos gasolina subsidiada en El Callao, pero si uno quería podía ir a la sede de la CVM y pagarla con oro”, narra una de las autoridades de la localidad que prefiere no ser identificada por temor a represalias. Asegura que desde la corporación se escudaban diciendo que el combustible del que disponían era solo para surtir a las empresas con las que tienen alianzas estratégicas, pero los privados que recibían el combustible también lo revendían.
El logo de la CVM aparece ahora mucho más claro en las fachadas de las plantas cianuradoras y de los centros de distribución de insumos que se pueden ver desde la troncal 10. Incluso, los comercios en los que se analiza y se compra el oro exponen en sus locales los acuerdos con la corporación estatal.
“La CVM tiene un control más severo para captar el oro que se procesa en los molinos y las plantas cianuradoras. Están en todos lados, tienen sus propias gandolas para llevarse el material y meten gente dentro de las alianzas estratégicas. Pero igual no informan nada sobre lo que procesan y lo que efectivamente reportan al BCV, esto sin duda hace sospechar”, agrega otra fuente con conocimiento en el área.
Pese al aumento del control de los insumos por parte del ente estatal y a su mayor presencia, en el estado se siguen comercializando y usando libremente sustancias prohibidas por la ley, como el mercurio. Además, la mayor parte de la producción del oro es extraída por las vías irregulares.
La preocupación por la opacidad alrededor del manejo de la corporación no es infundada. Su presidente ha sido acusado de corrupción tras su paso por importantes organismos del Estado bajo los gobiernos de Chávez y Maduro.
Sin certezas sobre el nivel de extracción y de procesamiento del oro no hay posibilidad de que haya una gestión transparente y se reduzcan los riesgos de corrupción. Todos los datos obtenidos son aproximaciones y porcentajes estimados de distribución de la producción entre los distintos actores. En ese contexto, el único que parece entender cómo manejarse es el sistema, que no exige un porcentaje sobre la producción, que no podría calcular por la falta de registros de información, sino un monto fijo trimestral.
TRANSPARENCIA VENEZUELA
Junio 2022
