Economías ilícitas
al amparo de la corrupción
TRANSPARENCIA VENEZUELA
Junio 2022
Durante más de 10 meses, en Transparencia Venezuela analizamos las economías ilícitas con mayores volúmenes de operación, en las que participan los grupos criminales más poderosos en el país para 2022. La primera confirmación es que estamos ante organizaciones que han logrado tejer importantes redes nacionales e internacionales gracias al apoyo de un grupo de funcionarios públicos corruptos que conviven, apoyan y promueven estas acciones para obtener beneficios personales.
Para los investigadores ha sido difícil separar las actividades y beneficios lícitos que obtiene el Estado por impuestos, regalías, ventas y producción, de las actividades y beneficios que reciben los funcionarios corruptos, no solo por la opacidad típica de lo ilegal y lamentable del Estado venezolano, sino por la delgada línea que separa ambas operaciones, la cantidad de participantes que van cambiando de ámbito de poder y los distintos actores nacionales e internacionales que participan.
De nuestra investigación se desprende que el crimen organizado en Venezuela se encuentra en la fase Simbiótica, de acuerdo a la clasificación de Steir y Richards (1997), adaptado por Edgar Gutiérrez, que se produce «cuando la interdependencia del crimen organizado con el sistema político y económico llega al grado en que las fronteras son tenues y los actores participan como una corporación política-burocrática-económica-criminal. Esta es la fase de más alto riesgo para la democracia pues la organización se apropia de los símbolos de la democracia liberal en un contexto de legalidad electoral y legitimidad social, incluyendo la que pueden transferirle las elites económicas tradicionales y emergentes aliadas».
En las últimas dos décadas, los sistemas de control y los órganos de justicia en Venezuela permitieron que se produjeran cientos de casos de gran corrupción que implicaron un desfalco sin precedentes en la nación, provocando graves violaciones de derechos humanos. Aunque no existen cifras oficiales del expolio sufrido por el patrimonio público venezolano, dada la misma impunidad y la alta opacidad, investigaciones de Transparencia Venezuela revelan que tribunales de más de 22 países han abierto 116 causas vinculadas con la corrupción venezolana, que involucran más de 64.000 millones de dólares.
De la sistematización de los datos, realizada por la organización, se desprende que la mayoría de los casos de corrupción tuvo su origen en la estatal Petróleos de Venezuela, Pdvsa, fuente de más de 90% de los ingresos en divisas del país hasta hace seis años. La red corrupta instalada, y aprovechándose de la estructura del Estado, utilizó diversos mecanismos para llenar sus propios bolsillos con la renta generada por la estatal en el más reciente boom de precios de hidrocarburos (2004-2014), y para llevar a cabo prácticas clientelares que les facilitaran mantenerse en las posiciones de poder.
La mayoría de los casos de corrupción de la última década tuvieron su origen en Pdvsa
Además del caudal de recursos provenientes de las actividades de Pdvsa, la estructura corrupta también se benefició de la renta generada por el diferencial cambiario; entre otras fuentes. Desde que en febrero de 2003 el entonces presidente Hugo Chávez instauró un férreo control de cambio, que restringió la venta de divisas e impuso su valor, los grupos con privilegios para acceder a grandes cantidades de monedas extranjeras a precios subsidiados, terminaron volcando esas divisas al mercado paralelo y lucrándose con la gran brecha que existía entre un precio y otro.
Sin embargo, ante la asfixia económica causada por la destrucción de la industria petrolera, la crisis económica, la desaparición del subsidio cambiario, la falta de inversión y las sanciones internacionales, la red corrupta enquistada en entes del Estado ha optado por ampliar su participación en un conjunto de actividades económicas ilegales que se desarrollan a lo largo y ancho del territorio nacional. En este informe se abordan las principales características e implicaciones de estas actividades ilícitas en los últimos años, que le sirven a los involucrados para seguir lucrándose y para compensar a grupos de interés vinculados.
A pesar de que el conjunto de actividades económicas ilícitas es más amplio, este trabajo se centra en la revisión del desvío y la venta ilegal de gasolina, el narcotráfico, las prácticas ilícitas que se dan en el manejo de los puertos venezolanos y el contrabando de oro.
En el primer capítulo, se presentan las estimaciones del tamaño de tres de las principales economías ilícitas en Venezuela: combustible, narcotráfico y puertos. De acuerdo con cálculos realizados para este informe por la consultora en economía y finanzas, Ecoanalítica, anualmente la red de corrupción es capaz de generar al menos 1.900 millones de dólares con las actividades asociadas al contrabando de combustible; 4.919 millones de dólares por el tráfico de drogas en el territorio nacional y alrededor de 825 millones de dólares por la extorsión en los puertos. Solo los montos reportados por estos tres ilícitos representan cerca de una quinta parte (18%) del total de la economía del país, pues el producto interno bruto de Venezuela se ubica aproximadamente en 43.440 millones de dólares. Este apartado también incluye una revisión a las probabilidades de extorsión que existen en las alcabalas venezolanas, que constituyen otra oportunidad para captar rentas de manera ilegal y provoca graves impactos en la población.
Pese a las grandes limitaciones para obtener información en Venezuela, la firma estimó el impacto de las actividades ilícitas, a partir de la revisión de estadísticas oficiales de terceros países, la sistematización de reportes de organismos internacionales, la realización de entrevistas a fuentes de entes públicos que declararon de manera extraoficial, además del uso de métodos estadísticos y de aproximación.
En el segundo capítulo, se explora a profundidad la dramática y acelerada explotación de oro en el denominado Arco Minero del Orinoco (AMO), donde convergen varias de las economías ilícitas con atroces consecuencias sociales y ambientales, así como los importantes cambios de los últimos dos años en los mecanismos y estructuras de poder formal e informal. El trabajo describe cómo, pese a que la actividad de exploración y explotación de minerales está permitida en una superficie de 111.843 kilómetros cuadrados (12% del territorio nacional), y las leyes establecen que todo el oro debe ser vendido de manera preferencial al Banco Central de Venezuela, en realidad, la mayoría de los yacimientos auríferos se explota de manera ilegal, con el uso de sus juncias prohibidas y tan solo una mínima porción ingresa a las arcas nacionales.
De acuerdo con estimaciones, anualmente se exportan alrededor de 2.000 millones de dólares en oro, pero en promedio solo poco más de 500 millones de dólares ingresan a las cuentas nacionales, es decir, que más de 75% es comercializado de manera ilegal, con la anuencia y participación de funcionarios del Estado y cuerpos de seguridad y defensa. El trabajo también muestra que pese a las limitaciones de movilidad impuestas durante la pandemia de Covid-19, la devastación en la zona se incrementó, así como la migración interna y la violación de derechos humanos.
La situación actual del AMO fue verificada con visitas a las poblaciones mineras del sur del estado Bolívar y entrevistas a actores claves en la zona, además los datos fueron contrastados con una amplia revisión documental y la consulta de bases de datos abiertas y cerradas sobre las directivas de empresas instaladas en la zona y sus redes. Durante cinco días de enero de 2022, un equipo periodístico de Runrunes y Correo del Caroní recorrió los 850 kilómetros de la Troncal 10 que comunica a Venezuela con Brasil, atravesando los municipios Roscio, El Callao y Sifontes que corresponden al área 4 del AMO, delimitada para la explotación del oro, cuarzo, coltán y granito. Se visitaron las poblaciones de Guasipati, El Callao, Tumeremo, El Dorado, Las Claritas y el Kilómetro 88, así como el comienzo de la Gran Sabana y la comunidad indígena San Miguel de Betania.
Posteriormente, integrantes de la unidad de investigación de Transparencia Venezuela visitaron durante una semana el estado Bolívar, se adentraron en minas auríferas y molinos de una de las zonas más peligrosas de El Callao y complementaron con entrevistas a mineros artesanales, encargados de molinos, trabajadores de la estatal Minerven, sociólogos, directores de organizaciones de la sociedad civil, así como representantes de la academia y de la iglesia católica.
La explotación de oro se convirtió en una gran fuente de renta.
Foto: Transparencia Venezuela
En el tercer capítulo, se describen trece de las principales organizaciones criminales que tienen presencia en Venezuela y que participan en las actividades de economías ilícitas previamente identificadas. Específicamente, se presenta un perfil sobre el Tren de Guayana; la banda de “el Toto” y “Zacarías”; La organización R; el sistema de “Negro Fabio”; la banda de “Juancho” y sus lugartenientes; los colectivos; el sindicato de Barrancas; el Cartel de Paraguaná; el grupo armado Yeico Masacre; el Tren de Aragua; las megabandas de El Koki y Richardi; así como del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Se profundiza en cómo se han conformado estas bandas, quiénes son sus lideres, cuál es su modus operandi, así como sus relaciones o alianzas con otros grupos criminales. Para levantar la información se recopilaron reseñas de medios regionales. nacionales e internacionales; se consultaron publicaciones de organizaciones de la sociedad civil con experiencia en el tema dentro y fuera de Venezuela; se identificaron y revisaron las redes sociales de los integrantes de las organizaciones criminales y se realizaron entrevistas a fuentes del Ministerio de Defensa que declararon de manera extraoficial, a defensores de derechos humanos, periodistas y dirigentes sociales, entre otros.
En el cuarto capítulo, se analiza la incidencia de las economías ilícitas y la presencia de las bandas criminales en 13 de los estados más grandes de Venezuela, lo que facilita el diseño de políticas o estrategias para revertir la situación. Este capítulo fue elaborado a partir de entrevistas a académicos, defensores de derechos humanos, dirigentes sociales, empresarios, periodistas, lideres comunitarios y gremiales, funcionarios públicos, policías e integrantes de organizaciones de la sociedad civil en distintas regiones del país. Se unió un instrumento de recolección y validación de información que incluyó preguntas relacionadas con los tipos de actividades de economía ilegal y actores, casos relevantes, impactos de los grupos irregulares y la economía sumergida, y soluciones propuestas para abordar esta problemática.
En el quinto capítulo de este trabajo, se analiza el rol que ha jugado la desinformación alrededor de las actividades de económicas ilícitas y la participación de integrantes de las estructuras oficiales en Venezuela. La revisión del manejo comunicacional desde los canales oficiales, destaca varios patrones: existe casi opacidad total en cuanto a las actividades que se desarrollan en el Arco Minero del Orinoco, igual pasa con los temas relacionados con las irregularidades en los puertos venezolanos. Hay manipulación en las declaraciones sobre narcotráfico, se suele desviar el foco del problema y se traslada a terceros. Abundan las medias verdades y la propaganda, al dar a conocer solo parte de la historia en casos de tráfico de combustible y se procura lucir como paladines de la justicia.
En el sexto capítulo, se abordan las nuevas fuentes lícitas*, pero irregulares de obtención de recursos a las que ha acudido el gobierno venezolano para mantener sus operaciones, como el traspaso opaco de activos del Estado y las exportaciones de chatarra. Aunque hay muchos vacíos de información relacionados con la entrega de empresas propiedad del Estado o activos estatales a privados, a efectos de cuantificar la magnitud de estas operaciones, se seleccionaron los cuatro casos mas representativos de esta índole, cuya negociación se efectuó entre 2020 y 2021, como la venta de la filial de Pdvsa en República Dominicana, las negociaciones con diversas estaciones de servicio de Pdvsa y los casos del Hotel Alba Caracas y del Central Azucarero Sucre. Cálculos de Ecoanalítica refieren que el Estado venezolano deja de percibir alrededor de 148,2 millones de dólares por la entrega irregular y no registrada de estas empresas.
Finalmente, en los capítulos séptimo y octavo, se analizan la conexión de las economías ilícitas con redes criminales transnacionales, y se refleja la indefensión en la que se encuentran los ciudadanos frente a estos delitos y ante la ausencia de un sistema de justicia imparcial y transparente.
Con el propósito de contrastar los datos obtenidos, Transparencia Venezuela envió solicitudes de información a la Vicepresidencia sectorial de Economía, Petróleos de Venezuela, el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, Bolivariana de Puertos, el Ministerio del Poder Popular para la Defensa, la Superintendencia Nacional Antidrogas de Venezuela, el Banco Central de Venezuela, el Ministerio de Desarrollo Minero Ecológico y la Corporación Venezolana de Minería, S.A, pero hasta la fecha de publicación de este informe no había recibido respuestas.
Mientras esto ocurre, Venezuela se convierte en uno de los epicentros del crimen organizado a nivel regional y, al mismo tiempo, aumenta la brecha de desigualdad, así como la migración y se perpetúa el deterioro de la calidad de vida de 90% de la población, que no tiene acceso garantizado a los servicios básicos de forma continua y regular.
TRANSPARENCIA VENEZUELA
Junio 2022
