El auge de las economías ilícitas en Venezuela y los diferentes actores que participan en ellas, como las bandas criminales y los integrantes de la red corrupta, representan una amenaza al ejercicio de los derechos humanos de todos los ciudadanos que se encuentran en el territorio nacional, pero su incidencia varía dependiendo de la región venezolana que se analiza.

Uno de los casos más emblemáticos es el del estado Bolívar, donde se ubica el denominado Arco Minero del Orinoco (revisado a profundidad en el segundo capítulo de este informe) y donde confluyen muchas de las economías ilícitas, como el contrabando de drogas, combustible y oro, perpetradas por diversas organizaciones criminales que presuntamente han sido apoyadas por funcionarios, políticos o efectivos militares. La situación varía en otros estados, pero se mantiene el grave impacto en la población.

A partir de información recabada en entrevistas a académicos, investigadores, periodistas, líderes comunitarios, dirigentes gremiales, funcionarios públicos, efectivos de los cuerpos de seguridad e integrantes de organizaciones de la sociedad civil, fue posible identificar los tipos de economía ilícita o negra que tienen lugar en 12 de los estados de Venezuela, los actores involucrados, sus dinámicas, la participación de personas cercanas al poder político o militar y casos relevantes que soportan las denuncias.

Se recabó y sistematizó información sobre los estados Amazonas, Anzoátegui, Apure, Barinas, Carabobo, Delta Amacuro, Lara, Mérida, Nueva Esparta, Táchira, Yaracuy y Zulia y se detectó, entre otras cosas, que el narcotráfico, el contrabando de combustible y/o el desvío de la gasolina desde las estaciones de servicio formales al mercado negro son las economías ilícitas que se reportan en más estados. El tráfico ilegal de oro se registró en ocho del total de las entidades investigadas.