CAPÍTULO 4
ECONOMÍAS ILÍCITAS MÉRIDA
Tipos de ilícitos y actores
En esta entidad tienen vida el narcotráfico, el mercado negro de combustible y el contrabando de chatarra. Además, existe la comercialización ilegal de la madera y contrabando desde Colombia de hortalizas e insumos agrícolas.
Según los reportes, en el desarrollo de estas actividades ilícitas participan megabandas, el ELN, las disidencias de las FARC, carteles de origen venezolano y extranjero, las autodefensas campesinas, los Rastrojos, los colectivos, así como efectivos militares y policiales corruptos.
La mayoría de las fuentes consultadas señalan que el narcotráfico es el ilícito más importante en el estado, por la magnitud de recursos, impacto en otros delitos y tiempo del ejercicio de esta actividad. Efectivos de cuerpos de seguridad consultados sostienen que hay centros de producción de droga en el municipio Santos Marquina y que se han incautado siembras de marihuana en el municipio Antonio Pinto Salinas.
Los carteles de la droga que hacen negocios en Mérida no son locales, pero han encontrado pequeños grupos para realizar sus actividades de distribución y transporte, afirmaron varias de las personas entrevistadas con conocimientos de estos negocios. Coinciden en que Mérida es un puente, donde no hay una producción de drogas importante, pero sí circulan muchos narcóticos. Se conoció que algunos líderes están en San Cristóbal, Táchira, y que los carteles son colombianos.
Un funcionario del Cicpc, que no quiso ser mencionado, aseguró que el poder de los grupos involucrados con el narcotráfico ha penetrado los cuerpos de seguridad, la fiscalía y los tribunales. Explicó que cuando se produce un decomiso de droga es porque una carga mayor está transitando- y se les llama moscas de distracción- o porque se denuncian entre los carteles.
En relación con el combustible, más que contrabando o movilización irregular transfronteriza, lo que existe es un mercado negro de gasolina, estimulado por el diferencial de precios y el suministro intermitente hacia el occidente del país. Este tipo de economía negra funciona desde 2014, aproximadamente, fecha en la que ya había problemas de escasez en el municipio Alberto Adriani, por lo que se impuso el uso de un chip para controlar el suministro de combustible.
El mercado negro de combustible ocurre en estaciones subsidiadas y dolarizadas de la ciudad y en municipios de la zona alta y baja. Las fuentes señalan que hay salida de combustible de Mérida hacia Táchira y que, además, se desvía a Táchira parte del combustible asignado al estado Mérida.
Las fuentes entrevistadas sostienen que la mayoría de las autoridades designadas para controlar la distribución de gasolina están involucradas en los ilícitos. En las estaciones de servicio hacen vida miembros de la milicia del PSUV, Unidades Bolívar Chávez, jóvenes de Chamba Juvenil o colectivos motorizados, denominados Tupamaros.
Dos miembros de cuerpos de seguridad consultados resaltaron la participación de los colectivos en el narcotráfico, en el tráfico de combustible y otros delitos.
En estos ilícitos también participan las autodefensas campesinas., las cuales operan en las zonas montañosas de Mérida y también se dedican a la extorsión.
En relación con el contrabando de chatarra, tres fuentes indicaron que el material proviene de chiveras abandonadas en la zona El Salado (municipio Campo Elías), cableado eléctrico hurtado, fibra óptica y cable telefónico robado, letreros, estatuas y puentes en espacios públicos y tapas de tanquillas. Quienes se encargan de traficar este material son personas que están en el municipio Alberto Adriani (El Vigía); pequeños grupos hurtan o recopilan chatarra en Libertador, Campo Elías, Sucre y lo llevan hasta allá. Desde allí se hace la distribución a Colombia. Otra fuente señaló que las megabandas se han incorporado al robo de cobre y tráfico de chatarra desde que se profundizó la crisis económica.
Un punto a destacar es el tráfico ilegal de madera. Presuntamente, la ruta pasa por los pueblos del sur con salida a Barinas. Según las fuentes, la madera proviene de los poblados rurales Chiguará (municipio Sucre), Santa Cruz de Mora (municipio Antonio Pinto Salinas) y de bosques cercanos a la frontera con Barinas (Santa Elena de Arenales).
Una persona consultada señaló que quienes dirigen el contrabando de madera son guerrilleros del ELN, mientras que una fuente de un cuerpo de seguridad afirmó que son grupos irregulares que difícilmente pueden identificarse con precisión. Otra fuente coincidió en que el ELN opera en Mérida, así como las FARC y un grupo irregular denominado Gente del Monte. Para hacer esta afirmación se basa en testimonios de otras personas que se han dirigido a la zona de Caparo y han sido detenidas por grupos irregulares armados -que se han identificado- quienes verifican hacia dónde se dirigen. Esa fuente agregó que se cobra comisión por metro cúbico y que el negocio de contrabando de madera existe desde hace mucho tiempo, porque el incentivo económico es alto. En Mérida, un metro cúbico de madera -extraída de uno o dos árboles- se vende a un precio que oscila entre USD 800 y USD 1.000, por lo que se estima que la mitad de la madera que se vende en la entidad es extraída de forma ilegal.
La Estación Experimental Caparo es vigilada por turnos de 15 días por la GNB y el Ejército; sin embargo, las amenazas de invasión y deforestación persisten en una zona que es protegida y posee una rica biodiversidad.
Una de las fuentes aseguró que los organismos de protección del Estado les temen a estos grupos armados, por lo que se ven obligados a emitir guías de transportes, aun cuando la actividad es ilegal. En ocasiones, una guía de distribución es usada varias veces y, por lo tanto, la circulación de la madera obtenida ilegalmente ocurre a la vista de todos. Los irregulares también controlan las alcabalas y sobornan para admitir cualquier tráfico ilícito.
Según una fuente de la zona panamericana y las fuentes de cuerpos de seguridad, los grupos irregulares de Colombia en conexión con los frentes campesinos representan una amenaza constante para los productores de la zona, debido a las extorsiones a las que son sometidos.
Las bandas locales también se dedican a la economía negra. Al menos tres de ellas han sido identificadas: la banda de alias “Loco Jonathan”, dirigida por Jonathan Borjas Landines o Jonathan Alexander Borjas Forero, que se dedica al narcotráfico; la banda de alias “el Chama”, liderada por René Trompa, que participa en delitos de extorsión y sicariato; y la banda de contrabando de chatarra en El Vigía, que son los receptores de las actividades de varios grupos en los municipios Libertador, Campo Elías, Sucre y el propio Alberto Adriani.
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Impacto de los grupos irregulares
y la economía sumergida
En el estado Mérida, la red de contrabando de combustible ha sido relacionada con militares, policías, colectivos, chamba juvenil y dueños de estaciones de servicios. Mientras que el tráfico de chatarra ha comprometido la prestación de servicios de electricidad, telefonía, internet y vialidad.
Diversas razones explican el presunto apoyo oficial a los ilícitos: politización de las instituciones del sistema de justicia y cuerpos de seguridad; desprofesionalización del recurso humano en las instituciones del sistema de justicia, de seguridad y defensa; creación intencional de grupos irregulares armados por parte de autoridades públicas como fuerzas de choque frente a manifestaciones; y simpatía de autoridades del ejecutivo nacional y regional con grupos irregulares colombianos y con las actividades ilícitas (tráfico de combustible, droga).
Entre las causas de los ilícitos también está la ausencia de controles internos y contrapesos efectivos, lo que favorece la impunidad frente a la corrupción, así como la debilidad en los sistemas de denuncia y protección al denunciante. Las víctimas no denuncian por amenazas, temor a represalias, por saber que los funcionarios que deben protegerlos participan también en los abusos, y por la alta impunidad que suele haber en estos hechos. La precarización de los salarios y el declive de la economía ha incentivado a la participación de pequeños comerciantes informales, jóvenes y empleados públicos en las actividades económicas ilícitas.
Casos destacados
TRANSPARENCIA VENEZUELA
Junio 2022
