CAPÍTULO 4
ECONOMÍAS ILÍCITAS AMAZONAS
Tipos de ilícitos y actores
En el estado Amazonas se desarrollan varias de las economías ilícitas identificadas en este informe, siendo las más relevantes la explotación ilegal de oro y el narcotráfico, de acuerdo con los datos recabados.
A pesar de que en el estado Amazonas está prohibida cualquier explotación de minerales desde finales del siglo XX, en los últimos años la Corporación Venezolana de Minería (CVM), bajo la gestión del mayor general Carlos Osorio, ha ido aumentando su presencia en el territorio.
Las fuentes consultadas coinciden en que estas actividades son dominadas, principalmente, por el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Los guerrilleros suelen presentarse ante las comunidades indígenas con actitud mediadora, dicen que cuentan con el apoyo del Gobierno nacional y que su propósito es brindar seguridad y hasta “apoyos económicos”. Han logrado convencer a algunas personas; no obstante, quienes se oponen y defienden activamente sus territorios son obligados a huir a otras zonas.
Hay reportes de violaciones a las comunidades indígenas, secuestros, extorsiones y reclutamiento forzado, incluso de menores de edad. Las mujeres que pertenecen a estos grupos ocupan roles de combatientes, logística, captación de miembros y mantenimiento de los campamentos.
Estos grupos no necesariamente se comportan como lo hacían en Colombia cuando surgieron hace decenas de años. Sus esfuerzos van dirigidos a obtener financiamiento a cualquier costo.
En el caso de las disidencias de la FARC, se identifica como cabecilla a Miguel Díaz Sanmartín, alias “Julián Chollo” o “JJ”, quien presuntamente actúa como jefe de la guerrilla en la zona de Yapacana.
En el estado Amazonas, también se reporta la presencia de otros grupos irregulares, como los garimpeiros brasileños que históricamente han ocupado el territorio fronterizo y han sometido a comunidades indígenas. Las denuncias las han formalizado tres organizaciones indígenas del estado que, en agosto de 2021, alertaron a la Defensoría delegada del Pueblo de la incursión de más de 400 garimpeiros brasileños, fuertemente armados, con unas 30 máquinas usadas para la extracción de minerales en sus territorios.
Otro actor irregular que tiene presencia en la entidad son los denominados Comités Indígenas, que actúan como una especie de colectivos, integrados por cerca de 550 personas y operan alcabalas fluviales, en las cuales, presuntamente, cobran vacunas a comerciantes (dinero y mercancías). En cada alcabala participan aproximadamente 15 personas. Fomentan la minería ilegal en el municipio Atabapo. De acuerdo con los reportes, estos puntos de control se crearon por la falta de atención social de los gobiernos nacional y regional. En estos comités también participan mujeres.
Algunos entrevistados señalaron que las organizaciones criminales, principalmente los grupos guerrilleros que operan en el estado Amazonas, tienen vinculaciones con militares venezolanos , y funcionarios de la gobernación del estado y de las alcaldías. Sin embargo, no se precisaron nombres de involucrados. Estos entes estatales presuntamente son pasivos ante la presencia de los grupos que realizan actividades de minería ilegal, narcotráfico, contrabando de combustible y corrupción.
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Impacto de los grupos irregulares
y la economía sumergida
El auge de las economías ilícitas en el estado Amazonas está impulsado principalmente por la crisis económica, los altos niveles de pobreza y la ausencia de controles por parte de los cuerpos de seguridad del Estado que, lejos de combatir los ilícitos, parecen constituirse como un actor más de las irregularidades.
En este contexto, las comunidades indígenas ven alteradas sus formas tradicionales de vida. Se generan fracturas entre quienes optan por sumarse a los grupos irregulares y quienes continúan defendiendo sus territorios de las invasiones. Hay reportes de amedrentamientos que conducen al desplazamiento de las poblaciones y también hay denuncias sobre reclutamiento forzado e inundación de las zonas con drogas. Al mismo tiempo, el uso de sustancias contaminantes como el mercurio para la explotación de oro termina afectando los suelos y aguas donde los indígenas habitan, con consecuencias directas en su salud.
Las fuentes consultadas aseguran que muchos ciudadanos prefieren callar sobre lo que les sucede por temor a represalias, no siempre denuncian porque desconfían de los cuerpos de seguridad o las instituciones del Estado.
Casos destacados
TRANSPARENCIA VENEZUELA
Junio 2022
