Sucre
entre el auge de la trata y los territorios
entregados al narcotráfico
El estado Sucre está ubicado al nororiente de Venezuela, tiene una superficie de 11.800 Km², equivalentes al 1,28 del territorio nacional y cuenta con una población de alrededor de 900.000 habitantes, según las últimas estimaciones. Limita al norte con el mar Caribe, al sur con los estados Monagas y Anzoátegui, al este con el golfo de Paria y al oeste con el golfo de Cariaco.
Es conocido a nivel nacional por ser el primer lugar al que llegaron los colonizadores españoles a finales del siglo XV, así como por su gran potencial turístico dadas sus majestuosas playas y hermosos atardeceres. No obstante, en las últimas décadas, la entidad costera ha pasado a ser referencia por sus altos niveles de criminalidad, principalmente por la actuación de grupos organizados dedicado al tráfico de estupefacientes.
Las investigaciones realizadas en los últimos años han permitido identificar los distintos tipos de economías ilícitas y grupos criminales con operaciones en el estado Sucre, zonas en las que se encuentran y rutas que suelen usar para sus actividades. Sin embargo, la crisis económica y social persistente en Venezuela, los cambios de dirigentes políticos regionales y autoridades militares, además del trabajo de organizaciones humanitarias, han traído consigo cambios en las dinámicas.
La sistematización de noticias y reportes provenientes de la entidad entre 2022 y el primer semestre de 2023 refieren que los municipios con mayor incidencia de economías ilícitas son Valdéz (Güiria), Bermúdez (Carúpano), Sucre (Isla Los Caracas Este- Parque Nacional Mochima), Arismendi (Río Caribe, San Juan de Las Galdonas, San Juan de Unare) y Mariño (Península de Paria, Irapa), Andrés Eloy Blanco (Troncal 10) y Ribero.
Representantes de distintos sectores de la sociedad civil en Cumaná y Carúpano, entrevistados para este informe coinciden en identificar estos municipios como los de mayor presencia de las economías ilícitas en la entidad. Dirigentes de gremios comerciales, activistas de derechos humanos, directores de varias organizaciones de la sociedad civil, integrantes de diferentes grupos poblacionales y periodistas que cubren la actualidad del estado, así como trabajadores de entes públicos sostienen que pese a operativos militares anunciados por cuerpos de seguridad y defensa, el alza de los ilícitos persiste.
Aunque existe gran temor para declarar, incluso sin necesidad de identificarse, las fuentes sostienen que en el estado hay presencia de bandas criminales conocidas nacionalmente como el Tren del Llano y Tren de Aragua, así como guerrillas extranjeras y bandas locales.
Distorsiones en el estado Sucre
institucionales y políticas
El narcotráfico a todas luces y campante. Güiria es un pueblo de secreto a voces, en eso coinciden habitantes del estado Sucre. Las organizaciones dedicadas al narcotráfico tienen tanto tiempo apoderadas de esta localidad que para los lugareños no se trata de nada desconocido. El tema se admite abiertamente, aunque hay mucha prudencia cuando de mencionar a los agentes involucrados se trata.
Según las fuentes consultadas, las bandas criminales que se consolidaron en la zona actúan a sus anchas ante la inacción y complicidad de las autoridades y organismos de seguridad dependientes del gobierno central. Imponen sus reglas de convivencia y causan un grave impacto en las condiciones de vida de los habitantes.
El narcotráfico se ha vuelto un tema tan conocido entre los pobladores que muchos han llegado a normalizarlo. “En el último año los militares han anunciado diferentes operativos contra esas organizaciones criminales, pero cuesta mucho creer en la efectividad de esas operaciones porque se han registrado demasiadas denuncias de complicidad entre ellos. Dicen que detuvieron a ciertos grupos, pero al final nada cambia”, afirmó una de las personas entrevistadas en la entidad.
Entre 2022 y el primer semestre de 2023, el jefe del Comando Estratégico Operacional, general en jefe Domingo Hernández Lárez, ha publicado a través de sus redes sociales diferentes operaciones realizadas en el eje costero del estado Sucre contra “el tráfico de drogas, trata de personas, cobro de vacunas, abigeato o cualquier actividad al margen de la ley”.
Aunque el general publica constantemente informaciones sobre el decomiso de drogas y la incautación de materiales usados por los narcotraficantes, la información es aportada sin mayores detalles. No se conoce la ubicación geográfica de las operaciones, la identidad de las personas detenidas, los grupos a los que presuntamente pertenecen y el tamaño de sus actividades.
Las fuentes coinciden en que el hermetismo de parte de las autoridades no es aislado. Refieren que este tipo de acciones con frecuencia va orientada a algunas organizaciones criminales que no son aliadas o que deben ser apartadas para lugar a otros actores que se encarguen del tráfico de drogas y otros delitos.
En la entidad también hay reportes de actuación de bandas delincuenciales dedicadas a la extorsión de comerciantes, robos y secuestros. Una de las bandas más conocidas era liderada por un hombre conocido como alias El Cury, quien fue asesinado a inicios de 2022. No obstante, la banda ha seguido activa en la troncal 9, que atraviesa el estado Sucre hasta llegar a Güiria. En esa zona es donde también tendría presencia el Tren de Aragua.
Trata: miedo y silencio. Solo en 2022 organizaciones de la sociedad civil dedicadas a la atención de las comunidades reportaron que habían atendido más de 40 casos de trata de personas en el estado Sucre. Las principales víctimas son las mujeres porque son llevadas a Trinidad y Tobago con el fin de explotarlas sexualmente.
Muchos de los casos de trata se han confirmado después de que Trinidad y Tobago deporta a los nacionales. Los venezolanos que son “retornados” llegan al puerto de Güiria y son recibidos por la guardia costera nacional. Solo cuando los efectivos militares lo autorizan, las mujeres y niñas que no tienen a donde acudir son atendidas en una casa instalada por Cáritas en Güiria en la que se les brinda alimentación y se les ayuda con el transporte para sus lugares de origen.
Hay consenso en que las cifras de trata de personas son superiores, pero las víctimas se niegan a denunciar por varios motivos: temor a represalias por parte de los tratantes, quienes muchas veces regresan en las mismas embarcaciones que ellas; desconfianza en el sistema de justicia, ante la ausencia de castigo para señalados por estos delitos; y presunción o certeza de que entre los mismos efectivos policiales y militares se encuentran tratantes.
“Las redes de tratas de personas están tan bien conectadas que saben cada vez que va a haber una deportación, están muy atentas, saben a quién están regresando y hacen presión. Por eso uno trata de movilizarlas rápido y de resguardarlas”, dijo una de las personas consultadas.
También hay reportes desde la entidad de que efectivos de seguridad del Estado realizarían procedimientos irregulares en las deportaciones de Trinidad y Tobago hacía Venezuela por el puerto de Güiria, las víctimas supuestamente son robadas por funcionarios de la propia Guardia Nacional Bolivariana (GNB), les quitan sus teléfonos y otras pertenencias.
De acuerdo a las entrevistas realizadas se identificó que las instituciones que estarían vinculadas o serían permisivas ante las situaciones de esclavitud moderna son la Guardia Costera, Guardia Nacional y otros cuerpos de seguridad del Estado y Bolivariana de Puertos, a través del Puerto de Guanta.
Sin confianza en la justicia. Entre los casos de trata que han sido identificados por entes oficiales en Venezuela destaca el de una joven de 17 años de edad que fue deportada desde Puerto España, Trinidad y Tobago, hacia Güiria en enero de 2022. Según declaró a los funcionarios, ella salió de Venezuela en octubre de 2021 acompañada de un primo. A mitad del trayecto, la guardia costera de Trinidad y Tobago interceptó la embarcación en la que viajaba y los detuvo en el helipuerto de Chaguaramas durante dos meses. Allí se enteró de que su primo la había vendido a otro venezolano que ya estaba en Trinidad y Tobago, quien presuntamente tenía la intención de volver a venderla.
La joven denunció el caso ante una organización de trata de personas en Trinidad y Tobago y tanto el primo como el otro venezolano fueron detenidos en una cárcel de máxima seguridad. No obstante, no fueron procesados y al poco tiempo los deportaron a Venezuela. Al llegar al país quedaron en libertad, uno estaba en Tucupita y otro en Caracas. La joven hizo la denuncia en Venezuela y la Defensoría del Pueblo alertó al Ministerio Público para emitir una orden de aprehensión en contra de los dos hombres. No se tiene información si los hombres fueron o no detenidos.
A medida que los casos de trata de personas por Güiria han cobrado más relevancia y organizaciones internacionales han comenzado a trabajar en la zona, algunos grupos delictivos comenzaron a migrar sus actividades. Hay reportes de personas del mismo estado Sucre que están siendo sacadas del país por Colombia por las mismas redes de trata.
económicas
distorsiones
políticas
Las autoridades locales electas versus el orden militar y guerrillero. Varios entrevistados coincidieron en que los alcaldes están a merced de lo que disponga la guerrilla. También deben cumplir las órdenes los altos mandos militares, que sustituyeron la figura del “protector”, un funcionario que en otras ocasiones ha sido designado por el gobierno central, cuando un opositor logra ganar las elecciones en un determinado estado del país.
Una de las fuentes sostuvo que los militares, que tienen el control sobre la seguridad y el combustible, también tendrían mucho que ver con la ejecución de políticas públicas o actividades locales. “Lo que se va a hacer en los municipios tiene que ser conversado con ellos”.
Se señaló que esta convivencia algunas veces rayaría en la complicidad. Así sí se habló abiertamente, porque es un caso público, de la alcaldesa oficialista del municipio Jesús María Semprún, Keyrineth Fernández, detenida por narcotráfico, en enero de 2022 cuando transportaba 7 kilos de drogas en su vehículo. No hubo proceso electoral para sustituirla. “No llamaron a elecciones, el que perdió lo llamaron y lo pusieron de alcalde”, acotó una de las fuentes.
Algunos entrevistados perciben que los alcaldes no ejercen su autoridad muchas veces por miedo: “El alcalde se hace el Willie Mays. Trata de pasar desapercibido”.
También se señaló que en época de elecciones las actividades de campaña electoral deben ser autorizadas por los militares y en especial por la guerrilla. En sectores como El Cruce, en el municipio Jesús María Semprún, se reporta que hay que pedir permiso a la guerrilla para colocar propaganda electoral. Uno de los consultados señalo que en ese sector “se elige a la autoridad que la guerrilla quiera que se elija”. La percepción de este entrevistado es que esa tendencia se extiende a otros municipios como Machiques.
Las mafias también dominan el territorio como en Los Puertos de Altagracia donde son los delincuentes los que controlan la entrada a esa zona pesquera. Se dijo que en Lossada hay que avisar a la mafia para entrar al caserío Marimonda que sería controlado por la banda de “El Guaro”.
Una de las fuentes señaló que en una oportunidad se coordinó con un grupo irregular la presencia de un alcalde en un sector, para fue necesario indicar hasta las características del vehículo en el que viajaba el funcionario electo. “Uno tiene que tener una contraseña, decir qué carro venía”, contó uno de los consultados.
distorsiones
culturales
Los integrantes del llamado Cartel de Sinaloa, los mexicanos, no se ocultan. “Los fines de semana los del Cartel Sinaloa cerraban las calles y se ponían a beber”. Incluso, coinciden todos los entrevistados en que hay un pueblo llamado San Felipe que muchos ya conocen con el nombre de Sinaloa, ubicado en la parroquia Bartolomé de las Casas, en Perijá. Se señaló que ahí se habla con acento mexicano y que muchos de sus habitantes tienen costumbres de ese país.
Uno de los entrevistado señaló que en el municipio Catatumbo hay una población que se llama El Guayabo, que se parece a Colombia, a 10- 15 minutos de ese país, donde están los paracos y la guerrilla. También se señaló que disidentes de las FARC se establecen con sus familiares en pequeños poblados, donde sus viviendas destacan en medio del entorno de miseria, porque son “más caras que el mismo pueblo”.
Las condiciones de miseria acentúan el reclutamiento de jóvenes por parte de la guerrilla. Se menciona una población en la Villa del Rosario que se conoce como “Barranquita”, a orillas del Lago de Maracaibo, en la que esto ocurre a la luz del día. “Y allí la guerrilla llega a la plaza, a hablar con los que se van a llevar de 10, 12, 14 años”, apuntó uno de los consultados.
Hay una problemática que subyace es la afectación en el derecho a la identidad de los menores de edad. Incluso para sacar una partida de nacimiento se refiere que cobran 3 dólares por el trámite, una cantidad que para muchas familias es difícil de cancelar.
sociales y culturales
Un negocio que no cesa. Para los que van de visita al estado Sucre hay una advertencia clara. “Te puedes mover por Cumaná y llegar hasta Carúpano, pero no vayas más allá. Si lo haces es bajo tu propio riesgo”.
Las organizaciones criminales dedicadas a las actividades ilícitas han logrado imponer reglas hasta de circulación que han sido naturalizadas por los pobladores. Para ingresar a las zonas más peligrosas hay que conseguir el permiso de los líderes de las bandas, de lo contrario nadie garantiza la libre circulación o la seguridad.
Los pobladores del estado Sucre han dejado de ir a varias de las playas más bellas de la entidad por la presencia de los grupos criminales. Incluso hay familias que desde hace mucho no se visitan por las limitaciones impuestas por estas organizaciones. “A San Juan de las Galdonas hace mucho que no se puede ir, es tentar demasiado tu suerte porque ahí no hay gobierno. Ahí solo operan los criminales y no hay quien te defienda”, afirma la directora de una organización de la sociedad civil en la entidad.
Como sucede en otras regiones del país, las bandas dedicadas a las economías ilícitas en Sucre han intentado conseguir el respaldo de algunos pobladores a través de labores sociales. Distribuyen alimentos, medicinas y otros materiales para la salud e impulsando actividades deportivas.
Fuentes entrevistadas en la región aseguran que algunos líderes criminales se venden como unos “Robin Hood”. En las zonas en las que operan ayudan a los pobladores a alimentarse y cubrir sus demás necesidades básicas. Pero no aceptan la llegada de externos. Existen códigos de los criminales para comunicarse entre sí y con los locales, como escribir letreros con errores ortográficos intencionados para transmitir un mensaje.
La entrega de “ayudas sociales” ha llevado a algunos pobladores a sentir afinidad y hasta admiración por los líderes criminales. Sienten que, en medio de la crisis, tener a alguien que los ayude económicamente es motivo suficiente para conseguir su aprobación. “El estado Sucre es muy pobre, pero en zonas como Güiria hay mucho poder adquisitivo. A veces ves una casa sencilla, pero adentro está muy moderna y con productos que no consigues en otras partes”, agregó un integrante de una organización con sede en esa zona.
Las supuestas ventajas económicas son ofrecidas por algunas bandas criminales para conseguir captar a más personas. Recurren a zonas vulnerables, donde los padres no tienen mucho control sobre sus hijos jóvenes y se los llevan para delinquir o para ser vendidas a redes de trata con fines de explotación sexual.
El perfil de las víctimas de trata no siempre es el mismo, hay desde adolescentes menores de 15 años de edad hasta mujeres que pasan los 35 años de edad. Hay mujeres que saben para qué están siendo llevadas, pero creen que podrán decidir qué hacer, cuándo y por cuánto tiempo, contrario a lo que termina sucediendo.
“Las bandas que participan en estas actividades están muy bien organizadas, incluye la gente que capta en las zonas más pobres del estado, como La Llanada, Bebedero, Brasil, San Vicente de Paúl y el municipio Cruz Salmerón Acosta, incluso de otros estados de Venezuela como Carabobo, Delta Amacuro y Monagas, hasta las personas que se encargan del traslado y las que reciben”, dijo una de las personas que trabaja en la zona.
Otra característica encontrada, especialmente de las víctimas menores de edad es que provienen de hogares donde no hay padres que velen por ellas y son sometidas a abusos desde pequeñas, presencia de niñez abandonada y desnutrición. También hay mucha deserción escolar, lo que contribuye a la vulnerabilidad de niños, niñas y adolescentes.
Debido a ese contexto, las organizaciones han encontrado medios de captación a la trata de personas como el rapto por medio de uso de estupefacientes que agregan a las comidas ofrecidas a personas en condición de vulnerabilidad.
Leer +
Ocultar -